La reestructuración en el ámbito de los tribunales federales mediante la aplicación de la flamante Ley de Subrogancias es la nueva herramienta con la que el gobierno nacional pretende someter a los jueces y dejar más allá del próximo recambio institucional una malla de contención ante la eventualidad de acciones judiciales que pretendan revisar los pasos dados eventualmente por fuera del marco de la ley en más de una década de ejercicio del poder político.
Esa nueva herramienta referida a las subrogancias fue sancionada con la mayoría política del oficialismo en el Congreso contra advertencias de la oposición. Dicha norma le otorga al Consejo de la Magistratura la posibilidad de designar jueces subrogantes o bien desplazarlos, pedir informes a los tribunales en general para poder determinar si deja en funciones a los actuales jueces subrogantes o si directamente opta por la remoción de los mismos y también designar interinamente al frente de juzgados vacantes a abogados que no ejercen la magistratura. Esto constituye una inadecuada injerencia política en el funcionamiento de la Justicia.
El ejemplo más claro de la nueva embestida kirchnerista contra el Poder Judicial fue la remoción del juez Luis María Cabral, subrogante de la Cámara de Casación Penal, de modo de impedir que votase en contra del Memorando de Entendimiento con Irán en el marco de la causa que investiga el criminal atentado a la mutual judía AMIA en julio de 1994. En ese escenario en lugar del doctor Cabral se expedirán tres conjueces kirchneristas, que seguramente avalarán sin miramientos el cuestionado tratado con Irán.
Tan arbitraria decisión, tramada y ejecutada en virtud de la mayoría que el kirchnerismo posee en el Consejo de la Magistratura, generó una rápida y espontánea reacción de los sectores judiciales independientes además de la oposición, que en conjunto participarán de una movilización de repudio.
Por otra parte, la reacción de los jueces independientes se hizo pública a través de una carta de queja que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional le envió a la Corte Suprema. Por ello, en los próximos días su titular, Ricardo Lorenzetti, tiene previsto realizar una reunión con los presidentes de las cámaras federales de todo el país para tratar, fundamentalmente, la polémica Ley de Subrogancias.
La esperanza de una atenuación de la delicada situación institucional actual surgió a partir de la declaración de inconstitucionalidad que sobre la Ley de Subrogancias emitió un juez federal de la provincia de Buenos Aires, con un fallo que entró en directa controversia con los designios de la Casa Rosada al considerar ilegal la designación de un funcionario judicial al frente del juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires.
Este desenfrenado ataque kirchnerista a la estabilidad de la Justicia debería hacer reflexionar al grueso de la población sobre la necesidad de que el Judicial sea el poder republicano que garantice la total independencia de los dos poderes políticos, siempre expuestos, por el lógico vaivén democrático, a la tentación de las ambiciones mayoritarias.
Valerse de reconocidas y hasta crónicas falencias en el funcionamiento de la Justicia de ningún modo puede avalar una intromisión política como la que se observa, con la que no se pretende corregir aquellas anomalías sino valerse de las mismas para convertir a los estrados judiciales en meras dependencias del poder central.
