Con la actual gestión nacional se inició un proceso acelerado de institucionalización. Los tres poderes comenzaron a funcionar como corresponde en una democracia representativa, republicana y federal.
La Corte Suprema de Justicia, que había sufrido ataques incalificables del gobierno anterior y de sus partidarios, fue reacomodando su funcionamiento sin presiones. Dejó el cargo, como había prometido, ese juez ejemplar que fue el doctor Carlos Fayt y, tras un intento desacertado del presidente Macri de nombrar los cargos vacantes por decreto, el Senado prestó acuerdo a los dos nuevos jueces propuestos. La Corte comenzó a funcionar con su integración plena de cinco miembros.
Debe señalarse, también, la recomposición del Consejo de la Magistratura y numerosos concursos y audiencias públicas para cubrir cargos en el fuero federal.
Comenzado el año parlamentario el Congreso de la Nación se convirtió en el centro del hacer político. El diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos volvieron a darle al Legislativo la función y dignidad que le cabe en la República. Se terminó con las mayorías automáticas para aprobar lo que el autoritarismo presidencial anterior exigía.
En estos primeros doce meses, el Poder Ejecutivo rediseñó la composición de ministerios y secretarías de un modo que demuestra que para las actuales autoridades las normas y funciones son más importantes que las personas, metodología que, debe admitirse, puede ser compartida o no.
Otro paso institucional de gran importancia fue la recuperación de la autonomía operativa del Banco Central, convertido por el gobierno anterior en una dependencia del Ejecutivo, cuya única función era emitir dinero para financiar el creciente gasto público y el déficit. Hoy el Central ha vuelto a ser, como en otros tiempos, una institución de prestigio internacional. Es, precisamente, en el plano internacional donde nuestro país había caído más bajo, en una situación de verdadero aislamiento; la recuperación fue rápida y sorprendente. El acatamiento de los fallos de la justicia de EEUU y el acuerdo con los fondos de inversión para salir del default devolvieron el país al mundo.
La eliminación del denominado “cepo cambiario”, permitiendo a personas y empresas adquirir moneda extranjera, fue en la misma dirección. El pago de sentencias incumplidas del Ciadi, la recomposición de las relaciones con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI y, en estos días, la firma de un acuerdo entre la AFIP y su similar de EEUU para intercambio automático de información impositiva, negociado muy rápidamente, son todos pasos positivos en la normalización institucional del país.
Posiblemente más discutidos, del mismo modo deben incluirse en el haber del balance institucional de este primer año del gobierno de Macri la ley de reparación histórica a los jubilados que habían realizado los aportes correspondientes y fueron postergados durante una década y media, y el régimen de sinceramiento fiscal (blanqueo de capitales), que permitirá la legalización patrimonial de quienes no lo están.
Sin duda, la recuperación económica y el combate a la pobreza y a la marginalidad son cuentas pendientes que deberá priorizar la actual gestión en el año que comienza.
