Este viernes 3 de abril se cumplirá un año de la aprobación en la Legislatura de la Ley de extinción de dominio, que pretende recuperar bienes producto de la corrupción y el narcotráfico. Lo cierto es que este proyecto impulsado por el ex gobernador Alfredo Cornejo apuntó sobre todo contra el primer tipo de delito y allí cayeron dos casos que ya estaban en la Justicia provincial: el del ex intendente Luis Lobos y el de la Tupac Amaru.
Hasta el momento el que más avanzó es el que busca recuperar bienes del ex jefe comunal de Guaymallén. El Ministerio Público Fiscal presentó la demanda civil en octubre del año pasado, en febrero Lobos y su esposa Claudia Sgró (también investigada) contestaron y ahora están a la espera de que la causa sea elevada a juicio.
"Por ahora se han resuelto solo cuestiones accesorias al proceso civil de extinción de dominio, pero sobre el fondo de la cuestión -en relación a la demanda en sí-, todavía no se ha resuelto nada", explicó el abogado de Lobos, Fernando Lúquez.
"El año pasado le notificaron la demanda por extinción de dominio a Lobos y a su esposa, y desde la defensa contestamos la demanda dentro del plazo que dicta la ley. Es decir, ya empezó el proceso y se ha trabado la litis, pero va a pasar un tiempo significativo hasta que se llegue a una resolución final en la que la justicia se pronuncie si hace lugar a la demanda interpuesta por el Estado o le da la razón a la defensa respecto a los planteos y cuestionamientos", agregó el letrado.
Hasta el momento, Lobos es la primera figura política en el país demandada por extinción de dominio. Según Lúquez, hay otros casos en Santa Fe y Buenos Aires pero relacionados al narcotráfico. Por ahora, están a la espera de una fecha de audiencia y a la resolución del caso pero desde que presentaron la contestación de 60 hojas no han obtenido respuesta en las cuestiones de fondo y todo indica que los plazos se irán estirando porque la pandemia del Covid-19 ha casi paralizado a la Justicia provincial.
La demanda penal
En mayo de 2019, Lobos y Sgró fueron condenados a 4 años y medio, y 3 años y 4 meses de presión -respectivamente- por administración fraudulenta. La Justicia resolvió que eran culpables por la contratación irregular de dos personas en el municipio de Guaymallén (nunca trabajaron en la comuna sino que prestaban servicios en el domicilio particular de Sgró) y además, fueron señalados como los responsables de quedarse con los sueldos de otras dos personas (Laura Fara y su hijo, Pablo Müller) que figuraban en la nómina pero que nunca supieron que eran trabajadores municipales.
Inmediatamente, la defensa apeló el fallo por lo que ambos siguen libres hasta que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Mientras tanto, la Justicia civil indaga sobre la procedencia de algunos bienes que adquirieron en los dos años (2013-2015) en los que Lobos fue intendente.
En concreto, se trata de la casa que el exjefe comunal compartió con Sgró (ubicada en un barrio privado de la calle Tirasso de Buena Nueva), un departamento en el barrio Unimev, una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 y un cuatriciclo. Estos bienes les fueron secuestrados, embargados y están bajo la custodia de la Policía.
Si Lobos es declarado culpable por la Corte, la Justicia dispondrá el remate de los bienes para destinarlos a la reparación y construcción de escuelas. En cambio, si se resuelve que es inocente se le devolverá lo decomisado gracias a la creación de un Fondo de Garantía.
La inconstitucionalidad
Lúquez presentó en febrero un escrito de 60 hojas en el que figuran una serie de peritajes contables y documentación adicional para demostrar el origen de las dos viviendas y los tres vehículos.
También planteó la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 62/ 2019 firmado por el expresidente Mauricio Macri y de la Ley de Extinción de Dominio de Mendoza N° 9.151.
El principal cuestionamiento que esgrime la defensa de Lobos es que la extinción de dominio es una pena accesoria que se le impone al presunto delincuente y que el Estado no puede confiscar los bienes de Lobos sin tener la sentencia firme del fuero penal. Para Lúquez, el proceso es inconstitucional porque viola la presunción de inocencia.
Para qué sirve la Ley y cómo se aplica
La Ley de Extinción de Dominio pretende recuperar bienes producto de la corrupción y el narcotráfico antes de la finalización del proceso penal. Para ello se modificaron el Código Procesal Civil de Mendoza y la Ley del Ministerio Público Fiscal. Pero a diferencia del DNU de Macri que rige a nivel nacional, se les otorga una vía de defensa a las personas acusadas penalmente de manera que puedan probar el origen de los bienes cuestionados. También permite incautar esos bienes, no al final del proceso sino cuando se está imputado o sospechado.
Cronología
21 de enero de 2019
El presidente MauricioMacri firma un DNU para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico. Hasta hoy ningún caso se tramita en la Justicia.
30 de enero de 2019
El gobernador Alfredo Cornejo envía a la Legislatura provincial un proyecto similar.
3 de abril de 2019
Tras la sanción en el Senado, Diputados convierte en Ley la iniciativa en Mendoza.
25 de junio de 2019
El Ministerio Público Fiscal presenta la demanda civil contra Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru, y su familia.
21 de agosto de 2019
El organismo hace lo mismo contra Lobos y su esposa.
