La presión de uso y las demandas del crecimiento urbano sobre áreas de alta fragilidad ambiental, generan conflictos que requieren del tratamiento integral de su problemática.
Tal es el caso del conglomerado urbano del Gran Mendoza, que se ha expandido a expensas de la ocupación de las tierras productivas del oasis y, hacia el Oeste, sobre el piedemonte de la precordillera. Ambiente de transición y nexo entre la montaña y la llanura, es una zona de interfase entre procesos naturales y antrópicos, estrecha franja de entre 15/20 km de ancho, que se extiende desde la vertiente oriental de las sierras, aproximadamente entre los 1.500 y los 800 m sobre el nivel del mar, constituye un ámbito inestable por sus grandes pendientes, lluvias estivales violentas y concentradas, vegetación escasa y degradada, suelos no consolidados y acelerados procesos de erosión, principalmente hídrica. A esto se suman las condiciones de aridez (200 mm de precipitación media anual) y la escasez de recursos hídricos, sin cursos de agua permanente, sólo vertientes de escaso caudal y cauces temporarios, torrentes o wadis.
La cercanía de la ciudad de Mendoza genera una gran atracción sobre este ambiente y lo somete a una alta presión de uso, con acelerados procesos de deterioro. Entre los impactos y conflictos más importantes se encuentran: la urbanización acelerada y no planificada, no adaptada al ambiente piedemontano, con alto impacto y degradación ambiental; mal uso de los escasos recursos de agua y suelo; destrucción de la vegetación natural, aceleración de la escorrentía y degradación del paisaje. Deben sumarse los incendios provocados; la extracción irracional de áridos; los depósitos a cielo abierto de residuos sólidos urbanos y de escombros; las instalaciones de industrias contaminantes; actividades deportivas inadecuadas (Enduro) y, sobre todo, las deficiencias en la aplicación del marco legal que regula las actividades y usos del suelo.
Luego de haber estudiado exhaustivamente este ambiente, y de aportar a la promulgación de una ley específica para el ordenamiento territorial del piedemonte y a la general de ordenamiento de los usos del suelo de la provincia, con frustración se observa que la situación actual no sólo no ha mejorado, sino que el proceso de deterioro se ha acelerado. Esto amerita explicar lo que se hizo y reflexionar críticamente sobre el proceso trascurrido durante las últimas dos décadas.
En 1989, el Gobierno de Mendoza se propuso generar un Plan de Ordenamiento Territorial con una visión ambiental integral, que permitiera revertir los procesos de degradación, mejorar las condiciones ambientales y conducir racionalmente los procesos de ocupación del área. Los estudios fueron confiados al Iadiza, enriquecidos con el aporte de representantes del Ejecutivo provincial, municipios, instituciones públicas y privadas y actores clave.
El proceso
Se inició el proceso de planificación con la generación de una metodología participativa de inventario integrado de recursos para la planificación y gestión, con desarrollos propios del grupo de trabajo, conducido por Fidel Antonio Roig y por quien suscribe esta nota. Se obtuvieron indicadores, comenzando con la priorización de problemas y objetivos, identificando hipótesis de acción e impacto, definiendo un programa de acción. Se desarrollaron estudios específicos sobre los principales problemas identificados, entre ellos peligro de desertificación, evaluación del impacto ambiental por urbanización, pautas de diseño de asentamientos urbanos adaptados, oferta y demanda de agua, determinación de áreas de aptitud urbana, impacto y rehabilitación de ripieras, mejoramiento del paisaje por forestación, manejo de la vegetación natural, circuitos de aprovechamiento turístico, tenencia de la tierra y marco legal.
Con esta información se realizó la zonificación ambiental y sus unidades de aplicación, para clasificar los usos y actividades permitidos, restringidos y prohibidos, fundamentando la creación de tres nuevas áreas de reserva e implementándose un marco jurídico-normativo para conducir la tarea de planificación. Asimismo, se determinó la aptitud urbana de las áreas factibles de expansión y ocupación urbana con los menores costos ambientales.
Como productos del trabajo realizado se cuenta con la primera propuesta para el ordenamiento de los usos del suelo de un área problema, realizado sobre la base de completos estudios de base y de un proceso participativo de consulta con actores clave que logró compatibilizar los posibles usos del suelo con la conservación del área. Se elaboró un reglamento de uso y se propuso la creación de tres nuevas áreas protegidas. Esta información sustentó la gestión gubernamental, dado que el propio equipo de trabajo, en conjunto con decisores, formuló un marco jurídico normativo para conducir la tarea de planificación (decreto 1.077/95, reglamentario de la Ley 5.804). La aplicación de esta normativa quedó a cargo de la Comisión Reguladora del Piedemonte, conformada por el Ejecutivo provincial y los 5 municipios con injerencia en el área. Este trabajo fue premiado en la Segunda Bienal Argentina de Urbanismo.
Conclusiones
A veinte años de este trabajo, y en base a una reflexión crítica, se ponen en valor las lecciones aprendidas. Dado el tiempo transcurrido y las transformaciones que ha sufrido este ambiente, cabe reflexionar sobre las causas de la falta de implementación de las propuestas de ordenamiento de los usos del suelo, desde mediados de la década del '90.
En este territorio se ha conjugado una diversidad de aspectos naturales y antrópicos que han desencadenado situaciones ambientales críticas. Frente a ello, el Estado provincial y municipios, implementaron un proceso de planificación y gestión basados en el estudio y conocimiento de los procesos, el abordaje interdisciplinario de los problemas, la participación de distintos sectores de la comunidad con intereses en ese territorio. Y también con respeto por las autonomías municipales, en un valioso proceso de generación de conocimiento para la toma de decisiones, y de complementación entre el sector científico y los ámbitos de gestión, que brindaron las posibilidades de controlar parcialmente la ocupación anárquica de esta zona.
Lamentablemente, este proceso ha carecido de la continuidad y del apoyo político e institucional necesarios para enfrentar la magnitud de las presiones de ocupación del área piedemontana. En vez de aplicar la normativa de regulación de los usos del suelo se implementaron ordenanzas y reglamentaciones que intentaron minimizar los efectos perjudiciales para el ambiente, con hasta ahora escasos resultados. Se constituye entonces el piedemonte en un territorio ampliamente estudiado y con regulaciones de uso del suelo que, sin embargo, aún plantea desafíos para su conocimiento y gestión. De la amplia gama de estudios realizados, nunca se obtuvo el financiamiento necesario para completar la planificación detallada, ni llegó a formularse un código urbano adaptado a las específicas condiciones ambientales del piedemonte, a pesar de las reiteradas gestiones que diferentes grupos de trabajo realizaron para culminar los estudios necesarios para una adecuada gestión del territorio. Los trabajos de manejo de cuencas quedaron inconclusos por variadas razones, de índole científica y presupuestaria y tanto el Ejecutivo provincial como los municipios, abordaron la gestión a través de una normativa difícil de aplicar que obligara a la conciliación de los conflictos institucionales y sectoriales.
Ante esta realidad, nos preguntamos ¿por qué las deficiencias en la gestión ambiental del territorio? Quizás la respuesta pueda resumirse en las siguientes consideraciones:
- El crecimiento descontrolado de la presión de uso residencial, impulsada por la especulación inmobiliaria y la necesidad de asentamientos de los sectores marginales crecientes.
- La caótica situación de la tenencia de la tierra y ocupaciones de hecho, sumadas a la pobreza y la crisis de desempleo.
- Desinformación de la población en relación con los impactos generados por la urbanización.
- Intereses sectoriales de los municipios, en conflicto con un crecimiento armónico.
- Superposición de jurisdicciones y ámbitos de aplicación y existencia de conflictos de intereses entre el sector público y el privado.
- Inexistencia, en un primer momento, de una ley marco de regulación de los usos del suelo en todo el territorio provincial.
La complejidad del ambiente piedemontano con su intenso intercambio de procesos naturales y antrópicos activan una amplia gama de conflictos y potencialidades para el ordenamiento territorial. Esta situación exige un conocimiento real de la oferta y de la demanda territorial, y la aplicación y profundización de propuestas basadas en el conocimiento, más allá de soluciones simplistas.
El conocimiento de la aptitud urbana resulta por ende imprescindible para llevar a cabo el aprovechamiento y ocupación racional de este ecosistema.
Finalmente quiero señalar que Fidel Roig, Irma Paván, Mario Salomón, José Reina, José Avanzini, Osvaldo Vázquez, Gloria Pedrozo, Roxana Llorens, Alejandro Pizarro y Roberto Herrera, conformaron un valioso equipo interdisciplinario e interinstitucional.
