Después de varios meses de tensión política, el gobierno provincial y el radicalismo lograron acordar la discusión parlamentaria de un presupuesto equilibrado para lo que resta del año. El pacto, sellado el viernes a última hora en la Legislatura, le posibilita al Ejecutivo endeudarse por 800 millones de pesos; una suma mucho más reducida que la pretendida por el Gobierno desde la presentación del proyecto original, a fines del año pasado, pero, a la vez, tolerable para el radicalismo si se tiene en cuenta que un importante sector interno de este partido se oponía a cualquier toma de crédito por parte de la Provincia.
En ese marco, el Gobierno se comprometió a enviar a la Legislatura adecuaciones que deberán incorporarse a la nueva pauta de gastos y recursos, garantía de déficit cero y tener en cuenta variables económicas nacionales (inflación, valor del dólar, etc.) actualizadas al mes de junio.
A su vez, el acuerdo político desactiva la acción judicial en trámite por el diferendo político, luego de que la Unión Cívica Radical planteara ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de Contabilidad (llamada por el Gobierno de Reconducción Presupuestaria) que fue parte de la estrategia que utilizó el oficialismo para destrabar el acceso al crédito.
Cuando el oficialismo todavía contaba con mayoría propia de las cámaras y mediante una rebuscada interpretación legal, se autorizó en los primeros meses de este año al Poder Ejecutivo a endeudarse con el respaldo legislativo de la mayoría simple, cuando la Constitución se refiere claramente a los dos tercios de los votos de los miembros de cada cámara legislativa.
La falta de diálogo político y el planteo radical ante la Justicia llevaron al gobierno de Francisco Pérez a plantear, con muy discutibles argumentos, la no continuidad de obras encaradas con préstamos internacionales, atrasos en el pago de aumentos salariales concedidos mediante paritarias o el aumento del pasaje de transporte, entre otras consideraciones. En esta instancia el error de parte de quien debe ejercer la administración de la Provincia fue haber trasladado a la sociedad toda una suerte de sensación de terror sin agotar las posibilidades negociadoras a las que también se está obligado a recurrir desde el mismo Gobierno.
Además, se llegó desde el oficialismo al extremo de pretender ver connotaciones partidarias en la decisión de la Sala 1 de la Suprema Corte de aceptar la medida cautelar presentada por el radicalismo, mientras se estudiaba en el máximo tribunal la cuestión de fondo, es decir, la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de Contabilidad planteada por la Unión Cívica Radical.
Por otra parte, las acusaciones hacia los miembros de la Corte local, que mucho se asemejaron al estilo confrontativo impuesto en los últimos años a nivel nacional contra los jueces por el kirchnerismo, pusieron a la Provincia al borde de un no deseado conflicto de poderes y, más grave aún, ante un deterioro institucional.
Es importante señalar que la Suprema Corte cumplió con el rol que le corresponde, incluso llamando en un par de oportunidades a la conciliación entre las partes en litigio al solo efecto de evitar llegar a un fallo que tendría lógicas lecturas políticas en virtud de la problemática planteada.
Justo es destacar que el radicalismo también tuvo un alto grado de responsabilidad en el diferendo, ya que diferencias internas de cara al próximo año electoral evitaron lograr un discurso unificado y sensato y llevaron al justicialismo gobernante a no encontrar un interlocutor claro en todos estos meses.
Posiblemente, algunos dirigentes del partido opositor con más fuerza política en estos momentos en la provincia hayan considerado que el triunfo electoral de 2013 les garantizó la libertad de ejercer desde el rol de oposición que ostentan por mandato popular facultades para tensar la cuerda de una manera exagerada. Se debe entender que la función de opositor no siempre habilita al dirigente para no compartir una determinada acción de gobierno, sino que, por el contrario, otorga la responsabilidad de aportar para el bien común y el buen desempeño de los distintos estamentos del Estado.
Sin duda, se ha dado a conocer el viernes un marco de entendimiento que debe ser bien recibido por la ciudadanía mendocina en su conjunto, que comenzaba a mirar con angustia y preocupación un conflicto basado sólo en el empecinamiento y el capricho político.
Uno de los puntos del entendimiento señala que antes de que finalice el mes de setiembre debería comenzar el abordaje del anteproyecto de presupuesto para el año 2015, con la intención de que la mala experiencia vivida en estos meses transcurridos no vuelva a repetirse.
Es de esperar que el diálogo logrado permita cumplir con la promesa de tener aprobado antes de fin de mes el demorado Presupuesto.
