La imperiosa necesidad del Gobierno nacional de descomprimir las presiones salariales para reducir la cantidad de obstáculos que debe sortear la economía, de cara a la renegociación de la deuda con los acreedores privados, puso a los sindicalistas en una disyuntiva.
Hugo Yasky, histórico gremialista docente, líder de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y actual diputado nacional por el Frente de Todos, criticó la “cláusula gatillo”, ese recurso que el macrismo incorporó en las paritarias con los docentes para asegurarles que no perderían poder adquisitivo.
María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, jurisdicción donde los gremios de la educación desarrollaron un extenso plan de lucha con numerosas huelgas cuando regían las metas de inflación decreciente, fue quien puso de moda el mecanismo. Además del aumento que ofrecía, en línea con esas metas inflacionarias, garantizaba un incremento extraordinario e inmediato de cualquier porcentaje que las superara.
Cuando la aceptaron los maestros, todos los demás gremios estatales la demandaron. El esquema llegó luego a los niveles provinciales y al ámbito privado.
Más allá de que el sindicalismo siempre juegue a favor del peronismo, ahora todos los agentes económicos están descubriendo que el objetivo de bajar la inflación requiere un acuerdo de precios y salarios que mire hacia el futuro y no hacia el pasado.
Eso sí, no quieren reconocer que todos los ministros de Economía y presidentes del Banco Central, que tuvo la gestión anterior, lo dijeron de todas las maneras posibles.
Ahora Yasky dice: “La ‘cláusula gatillo’ genera una dinámica inflacionaria en la que siempre vamos a ir corriendo de atrás”. Por lo tanto, hay que “buscar una fórmula” que garantice que los salarios no pierdan respecto de la inflación y que sea compatible con la “necesidad imperiosa” que tiene nuestra economía de terminar con esta “anomalía que dejó la política del macrismo”, que es la “cláusula gatillo”.
Esa fórmula que reclama Yasky es, desde el punto de vista lógico, una secuencia que relaciona virtuosamente un par de elementos.
Por un lado, los gremios y otros actores de la economía deben terminar con su hipocresía: se opusieron sin argumentos en la época de Macri a lo que ahora están aceptando a Alberto Fernández, a ciegas.
Por otro lado, esos actores, la oposición y el Gobierno nacional, deben alcanzar el consenso sobre las variables de la macroeconomía con el que coqueteó Macri en un par de oportunidades pero no llegó a concretar.
En ambos planos, por cierto, deben imperar la prudencia y la racionalidad. Ni el capricho ni la faccionalidad.
Será muy difícil que el país salga adelante sin unos acuerdos políticos y sociales básicos, al menos en lo que se refiere a la macroeconomía en lo estratégico y alguna cesión de cuestiones adquiridas en igualdad entre todos los sectores.
Porque sin una visión general compartida y sin un aporte concreto a la crisis económica actual, todo se hará más difícil, si no imposible.
Algunos países europeos, años atrás, supieron salir de sus crisis cuando sus principales corporaciones se pusieron de acuerdo en un modelo compartido a largo plazo pero, para lograrlo, decidieron renunciar a algo ya. Por ejemplo, los sindicatos a pedir aumentos desmedidos; los empresarios, a echar trabajadores; y el Estado, a aumentar los impuestos. De ese modo, cada uno aportando un poco, se sentaron las bases mínimas con las cuales marchar en un camino conjunto, con el compromiso que una vez desaparecido lo central de la crisis, cada cual recuperaría los derechos diferidos.
En síntesis, sin un marco o modelo asumido por todos que obligue a cada uno a aportar algo en vez de reclamar lo que no existe, no hay esperanzas.
