La Argentina ingresó hoy en 48 horas decisivas para la reestructuración de su deuda externa por unos 66.500 millones de dólares, con algunos acreedores que ya aceptaron el canje de bonos y otros con lo que se seguirá negociando.
"No ha sido fácil la negociación. Estamos enfatizando el principio de flexibilidad. Algunos aceptaron la propuesta y con otros estamos intentando llegar a un acuerdo", afirmó ayer el encargado de las negociaciones con los acreedores: el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Fue en una teleconferencia titulada "Argentina, entre el Covid-19 y la crisis de deuda soberana", dirigida por Victoria Murillo, del Instituto latinoamericano de la Universidad de Columbia y con la participación de los economistas Jeffrey Sachs y Martín Uribe.
Guzmán dijo que la oferta se estructuró sobre la base de los intercambios realizados con los bonistas en el primer trimestre. Aseguró que en las últimas jornadas hubo "cierta flexibilidad" de ambas partes. Y afirmó: "Si escuchamos una oferta que nos satisface, la tomaremos en cuenta".
Guzmán se mostró optimista y fue alentado por Sachs a mantenerse firme, dado que los bonistas –dijo- no pueden pretender las tasas del 7% que les prometió el macrismo en 2016 cuando ya en ese momento el mundo no las pagaba y mucho menos lo hará después del impacto que tendrá la pandemia en la economía global.
Uribe, economista argentino, se despegó de esa tesis y criticó la propuesta. Sostuvo que Guzmán (quien lo escuchaba del otro lado) debería "reescribir" la oferta con parámetros "más creíbles" que tienten a los bonistas, como por ejemplo, que el pago de intereses comience ya en 2021 y no en 2024 como propone el Gobierno.
Para Uribe, los inversores aceptarán masivamente la propuesta si en ella se plasma cuál será el esfuerzo que hará la gestión de Alberto Fernández para cumplir con lo que firma. "Si la Argentina no propone una oferta con estas características, será difícil romper la voluntad (de los bonistas) y evitar el default", advirtió.
Guzmán respondió que el Gobierno ha sido "flexible", dado que inicialmente pretendía un plazo de gracia de cuatro años cuando el FMI sugería uno de cinco y, por los pedidos preliminares de los acreedores, se cerró en tres. Sería fácil, aclaró, prometer algo que no se podrá cumplir, pero eso "no ocurrirá".
Al entender que había bonistas detrás de la pantalla, Guzmán les pidió que "sean racionales" y den cuenta que la Argentina y el mundo están en una de las "peores crisis de la historia moderna". Y los convocó a seguir hablando hoy para alcanzar un entendimiento antes de las 17 de mañana, cuando expira el plazo fijado por Argentina ante la Comisión de Valores de EE.UU.
El ministro reconoció que un default sería contraproducente para las posibilidades de despegue del país cuando termine la cuarentena. "Argentina no puede moverse hacia adelante sin una reestructuración de su deuda", admitió. Y remarcó que tampoco se puede mejorar sustancialmente la oferta porque la pobreza está creciendo en el país, donde ya más de la mitad de los niños tienen necesidades básicas insatisfechas.
Alberto y la fuga
Minutos antes de la teleconferencia, Fernández dijo que el objetivo es "evitar el default". Pero aclaró que no lo asusta la situación que está atravesando su Gobierno, porque él ya lo vivió cuando fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y la Argentina reestructuró deuda en 2005.
"Estamos tratando de cerrar un acuerdo con los acreedores y están los que presionan con el dólar y los que sacan solicitadas pidiendo por favor que no caigas en default y aceptes lo que dicen los bonistas por más que lo que te piden sea en desmedro de la gente", dijo.
En radio Con Vos, indicó que lo mismo "pasó en la época de (Roberto) Lavagna", en 2005. "Yo ya lo viví, es como un gran déjà vu. Hay sectores de la Argentina que trabajan para los acreedores por convicción ideológica o por intereses económicos", disparó.
Fernández aseguró que no quiere hablar de la herencia recibida, pero hizo hincapié en que durante el gobierno de Mauricio Macri "el sistema estaba preparado para hacer un enorme negociado para llevarse dólares a diestra y siniestra descapitalizando el país".
"Eso ocurrió en la Argentina. Y fue absolutamente tolerado por parte del gobierno de turno. Eso es un tema que el Banco Central está estudiando y que llegado el momento verá que tiene que hacer", dijo sobre la investigación de la relación entre la deuda externa y la fuga de divisas.
Fernández rechaza el impuesto a los ricos que impulsa Máximo
El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que una de las cuestiones en las que se deberá embarcar la Argentina cuando termine la pandemia es una reforma tributaria profunda para que el sistema impositivo sea más progresivo.
Fernández dijo que en este momento, él no se inclina por un impuesto a las grandes fortunas. Sino que optaría por "un aporte excepcional" para financiar parte del gasto que demanda la pandemia. Pero aclaró en declaraciones radiales que esto es tarea el Congreso y no del Poder Ejecutivo.
La iniciativa que impulsan en la Cámara Diputados los legisladores Máximo Kirchner y Carlos Heller afectaría a 11.000 contribuyentes con un patrimonio global de 1.300 millones de dólares declarados. Al ser consultado sobre si esto avanzará o no, Fernández esquivó dar una respuesta.
La iniciativa, que establece gravar por única vez con un 2 por ciento los patrimonios de 100 millones de pesos o más, no reúne un consenso amplio y, por ende, no recibiría la cantidad de votos suficiente para obtener la media sanción.
Además, como el proyecto no solamente no tiene dictamen sino que ni siquiera fue presentado, en el recinto debería reunir los dos tercios de los votos. El Frente de Todos no los podría conseguir sin el apoyo de Juntos por el Cambio, que tiene el 45 por ciento de las bancas.
El Presidente dijo que "no se puede negar" que "el sistema impositivo argentino es profundamente injusto". "Cuando vos ves que el mayor aporte de Ganancias lo hacen los que viven de un sueldo te das cuenta lo injusto del sistema. Esto se debe modificar, es muy injusto lo que está pasando", dijo.
