Los funcionarios del actual gobierno justicialista ya aportaron algunos de los datos solicitados por los negociadores de la próxima administración radical. Fue en el marco de los tres encuentros entre los ministros Francisco García Ibáñez y Juan Gantus, por el actual gobierno, y los diputados provincial Martín Kerchner y nacional Enrique Vaquié, por el próximo.
Las cifras aportadas “muestran un descalce (global) de 5.775 millones de pesos lo que equivale a un déficit presupuestario de un 10 por ciento, lo que es al menos seis veces superior al del año pasado”, remarcó Kerchner.
El monto no sólo abarca el desfasaje operativo del segundo semestre -de 3.800 millones de pesos según la proyección mecánica de los números de Hacienda publicada por Los Andes el domingo pasado- sino el global que agrega otros compromisos y direccionamientos de fondos.
egún estas planillas las deudas acumuladas al 30 de junio de este año llegan a 1.535 millones de pesos, de los cuales 770 corresponde a atrasos con los proveedores, 540 millones más a aportes descontados a los empleados pero no enviados a la OSEP, a mutuales y a sindicatos del área estatal; otros 85 millones que se adeudan por subsidios no entregados (a escuelas privadas o al ITU que funciona en la UNCuyo) y entre 113 y 140 millones de envíos demorados a los municipios en concepto de fondo de la soja y planes sociales -fundamentalmente- aunque también por fondos de coparticipación no remitidos.
A ello se suman los 1.100 millones de adelanto en cuenta corriente “que hay que pagar a fin de año” del Banco Nación y 270 millones adicionales por ampliación del monto disponible para la provincia, en esa misma entidad financiera, hasta equiparar lo que deposita en el fondo unificado.
“El descalce operativo del segundo semestre -según estas cifras- asciende a 2.200 millones de pesos a diciembre incluido. Y a todo esto hay que agregarle el pago (antes de fin de año) de las letras emitidas por 270 millones de pesos y también el reintegro a Aysam de los 400 millones de pesos de un préstamo para obra que se desviaron hacia el fondo unificado”, completó Kerchner.
Los números finales de la transición se intentan definir en medio de reuniones que -la semana pasada- incluyeron al tesorero y al contador general de la provincia, Mauro Lucchetti y José Caviggia. Entre mañana y el lunes se espera un nuevo encuentro del que -según ha indicado el radicalismo- serán parte “los directores de administración de los ministerios y de los organismos descentralizados, para tener un consolidado de la situación financiera”.
Trascendió que en los últimos días existieron reuniones de aporte de datos de transición en la OSEP y en el Instituto Provincial de la Vivienda.
Los protagonistas de estas mesas técnicas se esfuerzan por acordar los números del volumen final del descalce global del Estado mendocino.
Se trata de un dato clave ya que sólo a partir de este entendimiento numérico se abren chances para que avancen los acuerdos de transición entre los gobiernos de Pérez y Cornejo.
Es de hacer notar que el radicalismo pone como expresa condición para el avance de cualquier negociación que “se blanqueen los números”, lo que significa -ni más ni menos- poner en la balanza el peso de la herencia que Pérez le dejará a Cornejo. “Podemos llegar a un acuerdo si no intentamos tapar la mugre, mostramos números sinceros y avanzamos en presupuestos honestos”, afirma Kerchner.
“Es necesario que el Gobierno reconozca la situación real y a partir de allí se puedan ver las alternativas de solución y avanzar en proyectos de presupuesto realistas. Desde ya la existencia de este descalce financiero incide en la firma definitiva del convenio con el Banco Nación, con el que habrá que negociar financiaciones a largo plazo que mejoren los créditos que viene otorgando en condiciones similares a las de otra entidad bancaria”, remató.
