El ruidoso desembarco de Uber en Córdoba ha puesto de nuevo en tapete el uso de este tipo de aplicaciones como fuente de trabajo. En Mendoza, la legislación para poder trabajar para la empresa estadounidense estuvo lista antes de su llegada, y eso la hizo un éxito. Sin embargo, a poco más de un año de su puesta en marcha, todavía queda pendiente la discusión más profunda sobre qué tipo de relación laboral implica desempeñarse como chofer en esa compañía.
La discusión no se circunscribe sólo al ámbito nacional, sino en que en otros países varios autores se preguntan sobre este tipo de contrato, qué implica y si la palabra flexibilización o “socio” se ajustan realmente al trabajo que se realiza. A saber: en Mendoza existen unos 2.500 vehículos destinados a brindar servicios de pasajeros. De ellos, unos 700 son vehículos particulares asociados a aplicaciones móviles como Uber y Cabify, las dos empresas que hasta ahora operan en la provincia. A los conductores se les exige licencia profesional, monotributo, seguro contra terceros transportados y pagar impuestos provinciales.
Las plataformas también tributan al fisco, por lo que a estos “socios”, si bien trabajan de forma independiente, el pago del monotributo les permite acceder a una obra social y hacer aportes para una futura jubilación. Pero esto no cubre vacaciones, días por enfermedad, seguro de desempleo o salario mínimo, entre otros puntos.
Entonces, analizando esta nueva forma de trabajo flexible, sigue corriendo la duda sobre si se requiere un análisis nacional que implique legislación de acuerdo a este nuevo paradigma de contrato de trabajo.
En California, Estados Unidos, cuna de la Gig Economy, -entendida como trabajos esporádicos que se obtienen a través de plataformas y apps- se ha promulgado una ley para cambiar la relación laboral entre la compañía y sus conductores. Según se ha explicado a los medios, esta legislación permitirá tener aportes de seguridad social, cobro mínimo de hora, acceso a vacaciones y días por enfermedad. No obstante ello, las compañías han anunciado la puesta en marcha de una campaña para llevar a referendo la iniciativa con el objetivo de “voltear” la ley.
La autora del libro “The Gig Economy...” Diane Mulcahy, en un articulo publicado por Forbes, entiende que esta nueva legislación terminará fracasando, porque para probar la relación laboral, hay puntos que son dificultosos de comprobar. Aun así, vale la pena analizar si los empleos que impone la realidad deben tener una legislación dinámica que proteja a los nuevos trabajadores.
