En medio de un clima agitado, la Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto de Ley de Movilidad, que regula el servicio de taxis, remises y transportes y que permitiría el ingreso en Mendoza a las llamadas "plataformas electrónicas", como las aplicaciones de transporte de pasajeros Uber y Cabify.
Si bien en un principio la sesión fue demorada por una protesta de propietarios de taxis, quienes pretendían que no se tratara el proyecto, horas después hubo acuerdo legislativo y con apoyo de la mayoría de los opositores se aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo. De esta manera, la discusión pasó ahora al Senado.
La jornada arrancó temprano en la Casa de las Leyes, con una manifestación de decenas de dueños de taxis, que cortaron casi en su totalidad la calle Patricias Mendocinas.
Tras algunos momentos de tensión en el cual quienes protestaban ingresaron a la Legislatura pese a la resistencia policial, los principales dirigentes de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam) tuvieron una reunión con el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, y la vicegobernadora, Laura Montero; y luego se retiraron con la promesa de ser recibidos en las comisiones del Senado.
Sin embargo, hubo casi total apoyo de los diputados de los bloques afines y opositores al proyecto. Todo el peronismo (ortodoxo y kirchneristas), el Partido Intransigente (PI), el Pro y el PD acompañaron el proyecto de la UCR en general, mientras que algunos legisladores votaron en contra algunos artículos. El Frente de Izquierda, por su parte, lo rechazó completamente.
Mema, tras la aprobación, se mostró contento, destacó las propuestas que realizó la oposición y sostuvo que la ley está pensada para que rija “por los próximos 20 años”, en caso de que el Senado le dé apoyo.
“Es un proyecto que mutó mucho desde su redacción, por lo que agradecemos todos los aportes de la mayoría de los bloques legislativos. Tenemos una oportunidad de tener una ley de fondo que generará una política de Estado surgida desde el consenso”, agregó.
Las modificaciones
El acompañamiento casi masivo de los diputados al proyecto, que pretende reemplazar a la ley 6.082 de Transporte, fue producto de varios cambios que se realizaron al texto original, con aportes de los bloques de la oposición.
En primer lugar, el oficialismo aceptó el pedido de Podemos (kirchnerismo) para que se les cobren más impuestos a las plataformas electrónicas extranjeras, como el caso de la norteamericana Uber o la española Cabify.
De esta manera, si hay acuerdo en la Cámara alta, estas aplicaciones podrán funcionar, pero además de la regulación que prevén las leyes nacionales, deberán aportar una alícuota de Ingresos Brutos del 1% de la ganancia por viaje, que estará destinada a un fondo de modernización para comprar nuevos taxis, remises y transportes escolares.
El diputado Lucas Ilardo (Podemos) sostuvo que "es importante que el Estado marque las reglas y condiciones a las plataformas extranjeras", y consideró que el dinero recaudado instará a mejorar el servicio de taxis.
En tanto, Mema acotó que de esta manera "los requisitos serán más excesivos que los que tienen los taxistas" y puso en relieve también la finalidad que tendrán dichos recursos.
Otra novedad en el texto votado en Diputados es que los choferes de taxis podrán también inscribirse en Uber y utilizar el servicio en el propio vehículo.
Sobre esto se manifestó el legislador del PI Mario Vadillo, para quien "no se trata de ninguna dicotomía, porque el peón de taxi que alquila el coche podrá optimizar su trabajo cuando no encuentre recorridos o no los llamen desde la radio del taxi. Creemos que va a dejar de precarizar el trabajo y dará al usuario un mayor y mejor servicio".
También se recibió la inquietud de los dueños de transportes (escolares y servicio contratado), en referencia a la antigüedad máxima que podrán tener los vehículos para prestar el servicio. Si bien actualmente es de 20 años, el proyecto lo bajaba a 10, tal como establece la ley de Transporte a nivel nacional.
No obstante, se modificó dicho artículo (el 87) y se concedieron 5 años de dilatación progresiva de este límite de 10 años. De esta manera, hasta fines de 2019 se podrán renovar las licencias de los transportes con 20 años de antigüedad; entre fines de 2019 y fines de 2021, con 15 años de antigüedad; y a comienzos de 2022 se renovará la licencia con un límite de antigüedad de 10 años.
Con relación a la conformación de mandatarias en la administración de taxis, se bajaron también los límites, tras un pedido del PD. El proyecto original contemplaba la habilitación de la mandataria desde 10 vehículos hasta 200. No obstante, ahora será a partir de 4 autos y hasta 150.
Por último, también se agregó al proyecto la generación de un libro de actas digital para que los usuarios puedan realizar reclamos contra las plataformas electrónicas; y también que se dé prioridad a los actuales choferes y personas con discapacidad para el otorgamiento de nuevas licencias de taxis.
“Seguimos de cerca el debate”
Desde Uber se mostraron satisfechos con la media sanción al proyecto. "Seguimos de cerca el debate que se dio en la Legislatura el día de hoy (por ayer). Tomamos nota de los distintos puntos que hicieron todos los sectores, atentos al compromiso para que nuestra operación tenga beneficios en materia de movilidad, oportunidades económicas, mayor apertura al turismo, seguridad y confiabilidad. Estamos convencidos (de) que podemos colaborar con el desarrollo de Mendoza”, destacaron en un comunicado.
Incidentes en la protesta de taxistas
La sesión de la Cámara de Diputados tuvo ayer por la mañana una ruidosa manifestación de taxistas con la intención de que no se votara el proyecto.
La protesta fue contenida por la Policía de la Legislatura, pero podría haber ocasionado problemas mayores.
Con el objetivo de ser recibidos por las autoridades del lugar, al menos 50 propietarios de taxis ingresaron por la fuerza al edificio de Patricias Mendocinas y Peatonal, ya que desde la Cámara de Diputados no habían permitido la entrada de los manifestantes.
Sin embargo, la resistencia de los efectivos en la puerta del salón de los Pasos Perdidos generó tensión en el ambiente.
La situación fue calmada por la vicegobernadora, Laura Montero, y el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, quienes recibieron al titular de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam), Fernando Sáez.
Tanto Montero como Mema explicaron los alcances de la Ley de Movilidad a los dirigentes de Aprotam y quedaron en volver a escuchar sus inquietudes en las comisiones del Senado, cuando se analice la media sanción.
"Creo que se fueron muy tranquilos luego de que pudimos ir analizando punto por punto. Habían muchas cosas que se habían malentendido", expresó Montero a Los Andes.
En tanto, el secretario de Servicios Públicos expresó que durante el tratamiento de este proyecto se tuvieron en cuenta algunos puntos que ellos cuestionaron, y otros no “porque hay que legislar por los intereses de todos los mendocinos y no de una parte”.
“Aclaramos todas las dudas con la Vicegobernadora, pero ellos venían a pedir que no se vote la ley, lo que nos pareció muy extremo. Este es un proyecto que fue consensuado”, cerró el funcionario.
