Con una ajustada diferencia de menos del 3%, los turcos decidieron ayer darle más poder a su presidente, Recep Tayyip Erdogan, en un referéndum impulsado por él mismo que dividió las aguas del país, en una jornada histórica en la que la oposición denunció "manipulación electoral" y pidió el recuento del 37% de los votos.
Con un 99% de los votos escrutado, un 51.34% de los ciudadanos turcos apoyó al "Sí" a un sistema presidencialista, mientras que un 48,66% optó por el "No" y apostó-sin éxito- a una democracia parlamentaria.
Como necesitaba el oficialismo, la participación fue muy alta. Según cifras oficiales, más de 48 millones de turcos emitieron su voto, lo que representa alrededor del 87% del padrón nacional. Con el nuevo sistema, Erdogan podrá permanecer dos ciclos electorales más, lo que significa que si gana en 2019 y 2024, se quedará en el poder hasta 2029.
También podría volver a la dirección de su partido, el AKP ya que la nueva constitución no obliga que el presidente sea una figura neutral, por encima de los partidos.
Desde su residencia oficial en Estambul, Erdogan dijo que el referéndum había cerrado la puerta a la larga historia de intervenciones militares en el gobierno. "Turquía por primera vez en su historia ha decidido con la voluntad del parlamento y de su pueblo sobre un cambio tan importante", indicó. "Hoy Turquía ha tomado una decisión histórica en un debate que dura 200 años y que es un cambio muy serio en nuestro sistema administrativo", agregó.
Mientras en las calles de Estambul muchos partidarios del Sí salieron a festejar, el principal partido de la oposición denunció que la decisión de la Corte Suprema Electoral de contabilizar los votos que no posean el sello oficial, algo que no tiene precedentes en el país, tiñe con "un serio problema de legitimidad" el escrutinio.
Además, el Partido Popular Republicano adelantó que pedirá una revisión del 37% de los votos emitidos a nivel nacional ya que dudan de su legitimidad.
Con esa ajustada diferencia, desde el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la segunda fuerza opositora más importantes del país y una inédita coalición de partidos de izquierda y pro kurdos, se sumó a las denuncias por irregularidades y anunció que hasta que la Justicia Electoral no aclare cuántas boletas electorales sin el sello oficial fueron contabilizadas ellos no reconocerán al resultado oficial como definitivo.
Los victoriosos, sin embargo, no se hicieron eco de estas denuncias y comenzaron sus celebraciones. Un exultante Erdogan llamó al primer ministro, Binali Yildirim, para felicitarlo por “el triunfo”, según fuentes de Presidencia, citadas por la agencia oficial de noticias turca, y poco después el propio premier habló frente a una multitud de simpatizantes en Ankara y celebró que el “Sí ganó en el referéndum”.
Con este resultado a favor del “Sí” se instaurará un sistema político que le da todo el Poder Ejecutivo al presidente y, si tiene éxito, podría suponer el mayor cambio en la historia reciente de Turquía, al modificar las bases de la República laica fundada en 1923 por Mustafa Kemal Atatürk.
Las enmiendas le darán al presidente el poder de nombrar ministros y funcionarios gubernamentales, nombrar a la mitad de los miembros del máximo órgano judicial del país, dictar decretos y declarar estados de emergencia.
También influirá en las tensas relaciones de Turquía con la Unión Europea (UE).
El estado miembro de la OTAN frenó el flujo de inmigrantes - principalmente refugiados de Siria e Irak - en el bloque, pero Erdogan dijo que, tras la votación y su resultado a favor, puede revisar el acuerdo de deportaciones.
Las críticas al proceso electoral habían comenzado incluso antes de abrirse las urnas. La oposición y la misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) habían cuestionado que el referéndum se celebrara bajo el estado de emergencia decretado por Erdogan tras el fallido golpe de julio pasado, que limitó varios derechos fundamentales y acompañó una purga que envió a 47.000 personas a prisión y dejó a más de 134.000 empleados públicos sin trabajo.
