El estado de emergencia entró en vigor ayer en Turquía y el gobierno, que continúa la purga de opositores tras el golpe de Estado fallido del 15 de julio, anunció la suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El estado de emergencia, que no había sido decretado desde hacía 15 años, fue aprobado con 346 votos a favor y 115 en contra por el Parlamento turco. Estará en vigor durante tres meses y supondrá, principalmente, restricciones en la libertad de manifestación y de circulación.
El viceprimer ministro Numan Kurtulmus aclaró a la prensa turca que pese a ello, el gobierno espera poder desactivarlo “en mes o mes y medio”, si “las condiciones vuelven a la normalidad”.
Kurtulmus anunció asimismo que Turquía va a derogar la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), alegando que Francia hizo lo propio tras los atentados de París de noviembre de 2015.
El artículo 15 de esta Convención reconoce a los gobiernos “en circunstancias excepcionales” la facultad de derogar “de forma temporal, limitada y controlada” ciertos derechos y libertades garantizados en la misma.
Este movimiento protege a Ankara contra eventuales condenas en un momento de purga masiva en el ejército, la justicia, la magistratura, los medios de comunicación y el mundo educativo, donde miles de personas han sido detenidas, despedidas o suspendidas de sus cargos.
Por otro lado, el gobierno turco rebajó considerablemente el balance de víctimas durante la noche del golpe fallido, reduciendo la cifra de muertos en el bando rebelde de 104 a 24. En total habrían muerto 265 personas, según Kurtulmus.
En la noche de ayer, miles de personas se concentraron en el puente del Bósforo que une ambas orillas de Estambul para manifestarse a favor de Erdogan, en un lugar que fue cerrado por los sublevados durante la intentona golpista el viernes pasado.
A pesar de las restricciones al derecho de manifestación previstas por el estado de emergencia, numerosos turcos recibieron un mensaje de texto firmado “RTErdogan” en el que se instaba a sus simpatizantes a seguir saliendo a las calles para continuar movilizados contra los “traidores terroristas”.
Así se refería a los seguidores de un predicador exiliado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, acusado de haberse infiltrado en las instituciones del Estado y de haber fomentado el golpe.
Ankara solicita a la justicia estadounidense que extradite al septuagenario, afirmando que transmitió pruebas de su implicación, aunque éstas no se han hecho públicas por el momento.