Llevan unos 9 años alimentando la ilusión de la casa propia y a causa de esta espera, muchos dejaron pasar otras alternativas de conseguirla. Son cerca de 700 familias que tienen su fe puesta en el megaproyecto de urbanización de Tisa, en Tupungato. Antes que la comuna cambie de color político en diciembre, los beneficiarios piden al municipio que les transfiera sus lotes, pues llevan años invirtiendo en su urbanización.
Algunos -los menos- ya están viviendo en el lugar o tienen sus casas a medio construir, pues fueron adjudicatarios del IPV. Pero 11 de las 18 uniones vecinales que están en la zona no cuentan más que con la promesa del terreno, que ellos mismos ya urbanizaron.
En todos los casos, la urgencia de su reclamo se basa en el temor a que no se respeten los valores inicialmente acordados para la transacción y, algo que ha crecido en los últimos días, los rumores de gente que tiene intenciones de usurpar estos lotes.
Por eso, los cerca de 680 vecinos se mantienen en estado de alerta hasta el próximo martes, cuando los concejales han prometido ratificar en sesión la tarifa acordada, mientras el Ejecutivo sigue esperando que Catastro apruebe la nomenclatura de los planos para efectivizar la transferencia.
“Luchamos por lo que es nuestro, no pedimos que nos regalen nada. Cumplimos con nuestra parte, que era la urbanización. Algunas asociaciones, como la nuestra, llevan invertido hasta $ 16 mil en este concepto y sin actualizar los costos. Si la casa no salió, una lástima. Pero, al menos, que nos den el terreno y coordinamos con alguna constructora por nuestra parte”, explicó Sebastián Damiani, de la unión vecinal Virgen del Valle.
Este ambicioso proyecto habitacional nació en 2008 con la compra de los terrenos en la zona conocida como Tisa, al sur de la villa cabecera tupungatina. En realidad, algunas uniones vecinales vienen desde antes, cuando el municipio iba a encarar el loteo en Los Cerrillos.
El nuevo panorama de transición política puso un límite la paciencia que los vecinos vienen cultivando por años. Sucede que en diciembre termina la gestión de 12 años del justicialista Joaquín Rodríguez y asume el actual concejal radical Gustavo Soto. “Las uniones vecinales no respondemos a ninguna ideología política, sólo creemos que el tema debe estar resuelto antes del cambio”, apuntó Damiani.
Esto es lo que han prometido los funcionarios de Vivienda del municipio. Gabriela Carletti, titular del área, había adelantado que iba a transferir los lotes a cada familia -en caso de que no haya entrado a ningún plan de vivienda nacional o provincial- y traspasar al IPV los terrenos que ya tienen adjudicatarios.
El tema es que el municipio necesita de dos ordenanzas para llevar esto a cabo. En primera instancia, el CD debe ratificar la tarifa ($ 2.500 por lotes de 250 a 270 m2 a pagar al contado o en 10 cuotas) como precio de compra. “Ahora cuestionan lo bajo del costo, pero fue la comuna la que dejó establecido que la cifra no se actualizaría, al igual que el crédito que tomó para comprar los terrenos”, apuntó uno de los vecinos.
En cuanto a la transferencia, la ordenanza demorará un poco más pues no se puede realizar sin que Catastro apruebe primero los planos enviados por la comuna. El cuestionamiento de los vecinos es por qué todas estas gestiones no se llevaron a cabo antes, si ellos terminaron la urbanización en 2011.
Ante esto, Carletti dijo que no se podía pasar la documentación a Catastro provincial hasta no tener el cierre de la obra de urbanización, que incluye la construcción de la perforación y cisterna para la red madre de agua potable. “La factibilidad de estos trabajos, también abonados por los vecinos, se terminaron hace poco”, dijo la funcionaria.
En total, son 18 uniones vecinales las que proyectan sus viviendas en la zona. Todas las familias debieron gestionar y financiar obras de luminarias, cuneta, cordón, banquinas y agua potable.
“La gente no tiene por qué tener miedo, el precio se va a respetar. Sólo que nos tocará hacernos cargo de una problemática que veníamos denunciando y sobre la cual no se hicieron los trámites a tiempo. Hay muchas adecuaciones que la Municipalidad debería haber hecho con tiempo para cuando llegara el momento de la transferencia”, apuntó Gustavo Soto, intendente electo.
El actual concejal también destacó las muchas casas que “ya se pagaron al 100% y están hechas en un 60%. Y encima con serios problemas de construcción”.
