La causa que investiga la Justicia sobre el posible accionar corrupto de la organización social Tupac Amaru ha vuelto a tomar impulso en estos días. Un fallo de la Corte anuló lo que era una durísima resolución de la Octava Cámara del Crimen, que no sólo liberó a la líder Nélida Rojas y su familia, sino que criticó la investigación que lleva adelante la fiscal de Instrucción, Gabriela Chaves. Sin embargo, radicales de Lavalle insisten en que también se investigue si hubo participación del intendente de Lavalle, Roberto Righi.
Si bien la magistrada tiene como hipótesis que Rojas, parte de su familia y algunas personas más integraban una asociación ilícita en la cual se estafaba a los miembros de la organización a través de las construcción de viviendas sociales, desde el radicalismo insisten en que se investigue el posible uso político de la Tupac con fines electorales, no solo a nivel nacional con el kirchnerismo, sino también municipal, sobre todo en Lavalle, con el justicialismo.
Según ex miembros de la organización social, que han sido víctimas –tal como denunciaron a la Justicia– de estafas y coacciones, en varias oportunidades recibieron órdenes de los delegados para trabajar en la campaña del Partido Justicialista en las elecciones de 2015, a través de la entrega de boletas en la plaza de Lavalle, como fiscales de mesa o trasladando gente a votar.
Jorge López, diputado provincial de la UCR, oriundo de Lavalle, adelantó a Los Andes que están trabajando junto a los concejales radicales en un pedido de informes a Righi, para que dé información al respecto de estas acusaciones.
"Queremos que digan cómo la organización fue utilizada con fines políticos. Nosotros hemos visto la complicidad entre la Tupac Amaru y el Partido Justicialista", declaró el legislador.
Además agregó que esas son las "viejas prácticas de la política" que se deben desterrar, y apuntó directamente contra el intendente de Lavalle. "Righi se quiere despegar, pero lo ha utilizado. Queremos ir a fondo, no se puede someter a la gente a ese tipo de manejo y de clientelismo político que ha marcado a Lavalle en las últimas tres décadas de gobierno", asestó López.
En tanto, el presidente de la UCR, Rodolfo Suárez, fue escueto y sostuvo que "todas las investigaciones judiciales son bienvenidas", pero pidió que se espere al trabajo de los magistrados. "Cuando interviene la Justicia hay que esperar que se expida, pero nadie tiene que estar excluido en este país de investigación alguna, si queremos ser serios", dijo.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, indicó que "la 'pelota' la tiene la Justicia" y que son los mendocinos los que tienen que tener respuestas, en referencia a que Righi también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por la fiscal Chaves.
"Desde el Gobierno, todo lo que sea esclarecer lo que ocurrió con este tema de la Tupac y las viviendas nos parece oportuno, sobre todo con esas casas, que debían ser destinadas a mendocinos", declaró D'Agostino.
Los Andes se comunicó con el intendente Roberto Righi, quien negó las acusaciones e indicó que no tenía intenciones de opinar sobre el tema. "Si se hicieron (esas cosas) o no, no tenemos nada que ver", sostuvo, y aclaró que la organización "tenía base en 12 departamentos, no sólo en Lavalle".
Los testimonios de las víctimas
Las denuncias, a las que accedió Los Andes, se realizaron la mayoría a mediados del 2017. Entre las principales acusaciones, aparece que las autoridades de la Tupac Amaru reclutaban a gente para que accedieran a una vivienda propia. Pero habría en principio condicionamientos, no sólo con el pago de una cuota social o con su fuerza de trabajo para levantar las casas sino también con participaciones activas en la campaña electoral del Frente para la Victoria de 2015, tanto nacional como provincial y municipal.
Las víctimas aportaron cuadernos en los cuales cada uno de los miembros de la Tupac llevaba rendiciones de cuentas sobre las acciones que realizaba para la organización, como horas de trabajo, números de rifa vendidos, participación en marchas y otras actividades.
Por ejemplo, una de las víctimas afirmó en su denuncia, tomada por la fiscal Chaves, que uno de los delegados le dijo que debía ser fiscal del Frente para la Victoria (FpV) en las Primarias provinciales del 19 de abril del 2015.
"Javier (N. de la R.: un miembro de la agrupación) me llamó por teléfono y me dijo que tenía que hacer horas de fiscal de mesa en 3 de Mayo por el Frente para la Victoria el 19 de abril de 2015. Javier me dijo que era obligatorio ir (...). No me dijo qué pasaba si no iba pero yo lo tomé como que tenía que ir o me quedaba fuera de la agrupación", se lee en una de las declaraciones de una de las víctimas.
Otra denunciante manifestó que una de las delegadas de la Tupac “nos empezó a pedir más cosas de las que veníamos haciendo: que repartiéramos boletas y que teníamos que ser fiscales de mesa”.
“Si no ganaba Cristina no nos daban la casa”
También sostuvo, como aparece en los cuadernos, que asistió a "pegatinas" el 2 de agosto del 2015, en plena campaña electoral. Cuando la fiscal le consultó cuál era la actividad, la denunciante explicó que "la orden del delegado, que recibía a su vez la orden de Nelly Rojas, era que teníamos que pegar afiches del PJ porque si no te dejaban afuera y vos con eso cumplían horas de voluntario".
En otra de las denuncias afirman que "la delegada 'C.M.' nos dijo en una reunión que era obligatorio ir a repartir boletas, porque si no ganaba Cristina (Fernández de Kirchner) no nos iban a dar la casa. Yo fui a la plaza departamental de Lavalle, había que cumplir horario y caminar recorriendo cuadras y repartir boletas. Yo no pertenecía a ese partido político y tuve que hacerlo obligada. También repartí boletas en el barrio Amiso (Villa Tulumaya) para la fecha del 22 de octubre".
