La Corte Suprema de la Nación habilitó a la Justicia mendocina a investigar el posible fraude al Estado provincial a cargo de la organización Tupac Amaru. Lo hizo al fallar de modo unánime a favor de Mendoza en un conflicto de competencia que se había planteado con la Justicia Federal.
De ese modo, los investigadores locales, encabezados por la fiscal Gabriela Chaves, podrán avanzar en los presuntos delitos cometidos por miembros de esa organización liderada por Nélida Rojas (la "Milagro Sala" mendocina) y su marido, Ramón Martínez.
Pero además el fallo podría destrabar otras investigaciones de Chaves, como las de la presunta asociación ilícita, causa que llevó a la fiscal a imputar y detener a Rojas, Martínez y a otros familiares, pero que le valió la amonestación de la 8va Cámara del Crimen, por entender que ella hacía mal su trabajo.
Mendoza “perjudicada”
El fallo de la Corte es del pasado jueves 2. Destaca que en la causa local de la Tupac, "deberá entender el Primer Juzgado de Garantías de la Primera Circunscripción de Mendoza". Y remite los fundamentos al dictamen que emitió en mayo el procurador general (i) de la Nación, Eduardo Casal.
El procurador resolvió el "conflicto positivo de competencia" que en octubre de 2017 planteó la jueza Cristina Pietrasanta, del Primer Juzgado de Garantías, al Tercer Juzgado Federal de Mendoza, conducido por Marcelo Garnica.
Lo que hizo Pietrasanta en realidad fue convalidar un pedido anterior de Chaves, de investigar el posible fraude en torno a su propia investigación por asociación ilícita.
El argumento de Chaves era que el desmanejo de fondos de la Tupac, con montos del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria, “perjudicó a las arcas mendocinas y no a las nacionales”.
Se basaba en eso porque “los fondos para construir las viviendas llegaban de la Nación pero pasaban a la Provincia -por el IPV- y a los municipios”.
Precisamente eso escribió Casal: "Los fondos transferidos paulatinamente por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación habrían ingresado a las arcas de la Provincia para luego distribuirse a los municipios y cooperativas de trabajo, a través del IPV".
Y su conclusión fue: “Una vez recibidos e incorporados al patrimonio local, su presunta afectación o uso indebido solo causaría un perjuicio a sus rentas y no al Estado nacional”.
Con esto, Garnica deberá entregar a Pietrasanta (y a Chaves) el expediente por defraudación.
Por la asociación ilícita
Si bien hay otras causas que involucran a los miembros de la Tupac (coacción, estafa, extorsión), la de asociación ilícita ha sido la más fuerte y controvertida.
Chaves siempre sostuvo que los integrantes de la familia Rojas-Martínez se habían asociado para delinquir. Sin embargo la defensa, a cargo de Alfredo Guevara, ha sabido rebatir esa acusación. Sobre todo luego de que la 8va Cámara del Crimen fallara (en setiembre del año pasado) en contra de la teoría de Chaves, al considerar que no cabía la figura de asociación ilícita.
Guevara ha hecho su planteo con base en que no había imputación por fraude. Eso efectivamente era así, si bien había una denuncia. La que hizo Margarita Stolbizer en 2016 en la Justicia Federal. Pero la investigación, que recayó en el Juzgado de Garnica, no provocó imputaciones.
Aquel fallo de la 8va Cámara fue apelado por Chaves con un recurso de Casación ante la Corte provincial. El tribunal no ha definido aún postura, pero se dice que esperaba la resolución de la Corte nacional sobre el conflicto de competencia entre ambas justicias.
Si este fallo rebate el de la 8va Cámara, Chaves y su equipo podrán "cerrar el círculo" de su investigación. Y tal vez hasta involucrar a funcionarios de esa época. Es que los investigadores infieren que si los miembros de la Tupac delinquieron, "alguien del Estado debió ayudarles".
También el lavado de dinero
En marzo de este año, y ante el pedido de la defensa de la Tupac Amaru de que se le restituyeran bienes embargados en el marco de la investigación por asociación ilícita, la fiscal Chaves dejó planteada la necesidad de indagar también el supuesto lavado de activos. Con esta decisión de la Corte nacional se habilita esa posibilidad.
La duda de Chaves es cómo los miembros de la Tupac compraron “con ingresos nulos o mínimos” una veintena de vehículos e inmuebles.
Un informe de la AFIP que se conoció meses atrás (Los Andes, 19 de mayo) da cuenta de una evasión impositiva por $ 29 millones de una cuenta a nombre de Ramón Martínez. Era parte del dinero recibido por la Tupac proveniente del Programa Federal de Viviendas.
Las causas
Asociación ilícita
Es la que primero planteó Chaves y que generó la detención de Rojas y su familia. La 8va Cámara del Crimen la rechazó. Debe definir la Corte local.
Defraudación al Estado
Es la que esperaba avances en la Justicia Federal tras la denuncia de Margarita Stolbizer. Ahora podrá ser investigada en Mendoza.
Estafa, extorsión, coacción
Son las que Chaves les imputa a los miembros de la Tupac en su trato con los beneficiarios de las casas que ellos administraban.
Lavado de dinero
Es el que Chaves pidió investigar en torno a la compra de bienes de la Tupac.
Cronología
Abril 2017
Quedan detenidos Nélida Rojas, Ramón Martínez y dos hijas.
Setiembre 2017
Fallo de la 8va Cámara del Crimen permite liberar a Rojas y a sus familiares.
Octubre 2017
La jueza Pietrasanta, a instancias de la fiscal Chaves, plantea “conflicto de competencia” al juez federal Garnica. Sin resolución, va a la Corte nacional.
Agosto 2018
La Corte de la Nación falla a favor de Pietrasanta y la Justicia de Mendoza.
