La fiscal Gabriela Chaves se prepara para la audiencia de prisión preventiva de los imputados en la causa Tupac Amaru en Mendoza.
No tiene fecha aún, pero igualmente avanza, buscando que la líder local de esa agrupación kirchnerista, Nélida Rojas, junto a su pareja, Ramón Martínez, su hermano Ángel, y dos hijas, Leonela y Carla Martínez Rojas, pasen a esa instancia.
Según la fiscal, “ya hay suficientes pruebas reunidas” para pedir la prisión preventiva de quienes están detenidos desde el 7 de abril (Ángel fue detenido tres días después).
Pero esa audiencia no tiene fecha porque aún no hay un Juzgado de Garantías que tome el caso.
Es que tras la recusación que Chaves le hizo al 6° Juzgado de Garantías, a cargo de David Mangiafico, la subrogancia debía pasar al 1°, que comanda Cristina Pietrasanta, que no ha aceptado el caso aún.
La razón de esa negativa -según trascendió- es que ese Juzgado “no estaba de turno cuando se produjo el primer hecho denunciado”. Es decir, en abril de 2015, cuando ocurrió la primera denuncia por la cual, tiempo después, se imputó a Rojas.
Chaves extendió ayer un nuevo reclamo a Pietrasanta por esta instancia, pero la jueza no respondió todavía.
Si ese juzgado se aparta, la causa debería pasar el 2° de Garantías, a cargo de Érica Sánchez, la conjueza que reemplazaba a Mangiafico (durante sus vacaciones) en el 6°, cuando apresaron a Rojas.
El reclamo por la falta de un juez de Garantías es quizás el único punto de encuentro entre la fiscal y el defensor de Rojas, Alfredo Guevara.
El abogado presentó ayer un recurso de hábeas corpus por esta situación, obviamente solicitando la liberación de su defendida. "Lo presentamos en la Cuarta Cámara del Crimen porque estaba de turno", confirmó Guevara, quien no sabe aún qué resultado tuvo el pedido.
Las pruebas
Entre el miércoles de la semana pasada y ayer, Chaves logró incorporar a la causa nuevas pruebas que, desde su punto de vista, “confirman” su hipótesis principal, la de que los integrantes de la Túpac conformaron una “asociación ilícita”.
Según la magistrada, los informes bancarios le permitieron comprobar que hubo épocas en que los imputados "hacían extracciones de hasta $500 mil". Es cierto que esa plata pudo ser usada para pagar sueldos, o materiales de construcción. Pero también, a entender de la fiscal, podrían haber tenido otro destino.
Y como sus sospechas pasan por el “enriquecimiento ilícito”, la fiscal está por estas horas, haciendo “cruces de información” de las fechas de extracción de plata, con las de los certificados de obra que se expidieron oportunamente, en las casas que las cooperativas de la Túpac construían.
Hay que recordar que esos “cruces” se hacen también con el informe que la AFIP le entregó el pasado 16 de marzo.
Las cuentas del Banco Nación también son investigadas, ya que algunas dejaron de existir en 2015. "Hay datos de que los fondos fueron transferidos a otro Banco", trascendió. Sería el Credicoop, presidido por el dirigente kirchnerista Carlos Heller. De hecho, allí estaban los fondos de la Túpac en Jujuy, al mando de Milagro Sala.
Según Chaves, con el informe del Banco Nación, más los documentos secuestrados al hijo de Rojas, Damián Torrengo, el viernes pasado, “ha crecido el relevo de pruebas”.
Por eso se considera en condiciones de avanzar hacia la prisión preventiva. Pero para eso tendrá que esperar a que un Juzgado de Garantías tome el caso.
