La fiscal del caso Tupac Amaru, Gabriela Chaves, pidió que la Justicia de Garantías revoque el beneficio de la prisión domiciliaria a la líder de esa organización, Nélida Rojas.
La solicitud de la magistrada fue presentada ante el primer Juzgado de Garantías, a cargo de Cristina Pietrasanta. Y se basa en nuevas pruebas que demuestran que la líder mendocina de esa organización kirchnerista realizó una asamblea en su propia casa.
Según los investigadores, en esa reunión la mujer volvió a incurrir en las acciones que la llevaron a ser imputada como “jefa de una asociación ilícita”, entre otras acusaciones.
Trascendió que en la asamblea -que contó con numerosa concurrencia- Rojas pidió el pago de las cuotas sociales a los miembros de la organización. El dinero habría sido solicitado para “afrontar los gastos de la agrupación”.
Además, se supo que la mujer, que está con prisión preventiva y en un proceso investigativo que sigue sumando causas y denuncias, dio un discurso con el fin “de mantenerse en el liderazgo” de la Tupac local.
Es cierto que en la reunión estaba el abogado defensor de Rojas y su familia, Alfredo Guevara, además del ex camarista Horacio Báez, que ha oficiado como garante de la dirigente en el proceso.
Pero en la Fiscalía de Chaves entienden que esa presencia, que “pretendió darle formalidad”, no morigera el hecho de que la realización de la asamblea y lo que se dijo allí entorpece el proceso, además de constituir “riesgo procesal”, motivo que justifica entonces el pedido de quitarle el beneficio domiciliario.
Rojas quedó con prisión preventiva el pasado 24 de junio. En esa misma condición está su pareja, Ramón Martínez, además de sus hijas Leonela y Carla Martínez, y su nuera Fanny Villegas.
Si bien las jóvenes ya gozaban de prisión domiciliaria, Pietrasanta se la otorgó a Rojas “por razones de salud”, luego de estar más de dos meses en el penal de Agua de las Avispas.
Sin embargo Chaves apeló esa condición por considerar que en el penal se puede atender el problema de columna que padece Rojas.
Además siempre consideró que afuera existía el "riesgo procesal" que aduce ahora al pedir que se le revoque el beneficio.
