La causa contra la líder de la Tupac Amaru de Mendoza, Nélida Rojas, ha tomado un ritmo vertiginoso. La fiscal Gabriela Chaves se apersonó ayer en la Municipalidad de Lavalle y se llevó documentación vinculada a las operatorias de vivienda en las que intervino la organización filokirchnerista creada por Milagro Sala.
Con esa documentación, se especula, empezará a seguir la ruta del dinero: cuánto cobró y qué hizo con esos fondos la jefa de la agrupación. Hubo un esfuerzo sí en aclarar que la fiscal no allanó las oficinas municipales, aunque tomó expedientes y se los llevó a la Fiscalía Lavalle-Las Heras.
Además, ayer la fiscal logró una pequeña victoria: el Sexto Juzgado de Garantías admitió la recusación que interpuso Chaves, después de desatado el escándalo de la filtración de información. Ahora debería intervenir el Primer Juzgado de Garantías, que conduce María Cristina Pietrasanta.
Antes de eso, Chaves dictaminó que las dos hijas de Rojas detenidas, Carla Antonela y Aída Leonela Martínez, fueran beneficiadas con prisión domiciliaria por ser madres de niños pequeños.
Una mala noticia para Chaves es que Alfredo Guevara, el abogado de la familia Rojas, la denunció penalmente por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y prevaricato. La presentación de Guevara se refiere a la detención del hermano de Nélida Rojas, Ángel Osvaldo Rojas, que sucedió el lunes a la noche.
Además, el letrado presentó un hábeas corpus por considerar que la detención del hermano de la líder la Tupac Amaru constituye una decisión judicial arbitraria.
La jornada fue activa en torno a la causa que ha agitado viejas diferencias en el Poder Judicial. A media mañana de ayer se conoció la situación del hermano de Rojas y la denuncia del abogado Guevara ante la Unidad Fiscal de Capital contra Chaves, así como también el hábeas corpus para lograr la libertad de Ángel Rojas, que ha caído en el Tercer Juzgado de Garantías, que conduce Alejandra Mauricio, la jueza que negó los allanamientos nocturnos que pidió la fiscal el viernes pasado.
El abogado Guevara aseguró que la fiscal Chaves “imputa delitos con el único objetivo de dejar presa a la gente, aunque no haya elementos para poder acusar”; luego explicaba que el detenido del lunes a la noche se desempeñaba como sereno en las obras de la Tupac, que una noche se mete una mujer en una de las casas en construcción y entonces el hermano de Nélida Rojas llamó a la policía.
Desde ese momento existen dos denuncias: una de la mujer por amenazas y otra por usurpación iniciada por la Tupac que, según Guevara, la fiscal Chaves no ha trabajado. “Todo eso lo dejó dormido para poder agarrar un solo expediente y meter preso” a Rojas.
Mientras Guevara tramitaba el hábeas corpus ante la jueza Mauricio, la fiscal Chaves se dirigía a la sede de la Municipalidad de Lavalle a llevar adelante lo que se conoce como “registración”, es decir a pedir información sobre las vivienda que construyó en ese departamento (unas 500) la organización que conduce la detenida Nélida Rojas, por las que administró decenas de millones de pesos.
La registración no llega a la calidad de un allanamiento, puesto que no requiere de la autorización de un juez de garantías; la fiscal puede hacerlo porque se trata de una dependencia pública, puede presentarse y solicitar información.
Fuentes vinculadas a la causa sostienen que la fiscal se trajo documentación desde la Villa Tulumaya, pero nadie confirmó el tenor de la misma.
Antes de partir a Lavalle, la fiscal Chaves dictaminó la prisión preventiva de las hijas de Nélida Rojas, Carla Antonela y Aída Leonela Martínez. Ambas mujeres han sido recientemente madres, por lo que la magistrada entendió que podían ser beneficiadas con el confinamiento en sus propios domicilios.
De esta manera, en los 24 expedientes que lleva adelante la fiscal Chaves han quedado tres detenidos: la líder de la Tupac, su marido Ramón Martínez y su hermano Angel Rojas.
La pequeña victoria de Chaves fue sacar de la causa al Sexto Juzgado de Garantías, el que quedó salpicado con la sospecha de haber filtrado el dato de que se venían 24 allanamientos y la detención Rojas, Martínez y las dos hijas.
Ayer ya no estaba subrogando Erica Sánchez, sino el juez Carlos Parma, quien fue el que admitió la recusación ante la sospecha de que alguien de ese juzgado dio aviso a los investigados.
Correspondería que, a partir de ahora, intervenga el Primer Juzgado de Garantías, a cargo de Pietrasanta. Cabe la posibilidad de que la jueza no admita intervenir en una causa que quema. Entonces podría desatarse un conflicto de competencias que debería dirimir la Suprema Corte.
La comuna de Righi dio explicaciones
A través de un comunicado, la Municipalidad de Lavalle manifestó que “se ha brindado toda la información requerida, colaborando en todos los aspectos desde el inicio de las denuncias”.
En ese comunicado, el intendente Roberto Righi indicó que el dinero de los programas con los que trabajaba la Tupac Amaru llegaba desde el Gobierno nacional al IPV y este organismo "lo giraba a la municipalidad para que luego llegara a las cooperativas con las correspondientes certificaciones técnicas".
