Luego de tres años de idas y vueltas, la causa Tupac Amaru en Mendoza parece empezar a moverse nuevamente aunque esta vez en favor de los imputados, la líder de la organización social Nélida Rojas y su familia. Hace pocos días el juez Marcos Pereira rechazó al Gobierno provincial como querellante en la investigación por posibles irregularidades en la construcción de viviendas sociales con fondos del Estado. Esto envalentona al abogado de Rojas, Alfredo Guevara, para que se caiga la causa aduciendo que "no hay delitos", a tono con lo que puede ocurrir en Jujuy si finalmente avanza la ofensiva de un sector del kirchnerismo gobernante en la Nación para intervenir la justicia de esa provincia y lograr la liberación de Milagro Sala, la líder de la Tupac en el país.
Es que tras una primera etapa donde la causa en Mendoza avanzó a tono con el fin del anterior gobierno K, su regreso ahora -con Alberto Fernández- parece cambiar también los vientos en la justicia local.
Recordemos que en 2017 la fiscal Gabriela Chaves (hoy de licencia), detuvo e imputó a Nélida Rojas por presuntamente liderar una asociación ilícita de la cual forma parte su familia, con la que se habrían realizado estafas, coacciones agravadas y extorsiones a los miembros de la organización social. De esa causa devino otra, en 2018, por fraude a la administración pública en el que que quedaron involucrados ex funcionarios peronistas (como el intendente lavallino Roberto Righi y el ex titular del IPV Omar Parisi), teniendo en cuenta que se manejaban fondos estatales.
Lo cierto es que el Gobierno provincial sufrió un revés ahora, al ser rechazado como querellante en esta última causa por parte de Pereira, juez del Juzgado Penal Colegiado 1.
El magistrado fundamentó su rechazo "desde el punto de vista formal, porque no había un relato suscinto de los hechos". No obstante, según pudo saber Los Andes, rápidamente el Ejecutivo -por medio de la Asesoría de Gobierno- volvió a presentarse como querellante, reformulando los supuestos errores que marcó el juez Pereira.
Según comentó Guevara a Los Andes, "no se determinó claramente cuál es el perjuicio que habría percibido la administración pública". El abogado de Rojas aprovechó además para expresar que se trata de una "derrota" del ex gobernador Alfredo Cornejo. Para el letrado, tanto Cornejo como el ex presidente Macri y el ex ministro de Justicia Germán Garavano "han sido grandes instigadores en esta causa". Incluso asegura que esta causa es un caso de "lawfare", el mismo argumento que usa el actual gobierno nacional para desestimar las causas por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios suyos. Y también algnos la aplican en la investigación contra Milagro Sala en Jujuy.
"Sin Macri, Garavano y sin esta presión de Cornejo, ya esta causa pierde el condimento que tenía de lawfare. Ahora pasa a ser una causa más, sin viabilidad desde el punto de vista jurídico", completó Guevara.
Asimismo, el abogado sostuvo que "no hay delito porque las casas están", y que la plata que recibió la organización está en las obras. "Se trató del gran fraude a la opinión pública, se puso en vilo algo que nunca existió", lanzó.
Investigación
La causa Tupac Amaru en realidad no es una sino más de un centenar, que se pueden dividir en dos grandes investigaciones. Por un lado, las supuestas coacciones agravadas, estafas y extorsiones - bajo la figura de asociación ilícita- hacia hacia ex miembros de la organización a quienes Rojas y su familia, según la fiscal Chaves, amenazaron con no entregarles viviendas si no participaban de las acciones políticas de la Tupac.
En tanto, la otra investigación salió a la luz en abril del año pasado (dos días antes de las elecciones departamentales desdobladas), cuando la fiscal imputó a Righi y a Parisi por fraude a la administración pública, teniendo en cuenta que no habrían controlado los supuestos perjuicios al Estado que hubo en la utilización de los fondos para la construcción de viviendas.
La estrategia del Ministerio Público Fiscal, bajo la figura del procurador Alejandro Gullé, fue, luego del trabajo realizado por Chaves (hoy de licencia médica), sumar fiscales a la causa en diciembre pasado. Así, actualmente también trabajan en la investigación la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi; el fiscal en jefe de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi; y el fiscal adjunto en lo penal, Gonzalo Nazar.
CRONOLOGIA
Fines de 2016: lluvia de denuncias de ex miembros de la Tupac Amaru
Abril de 2017: imputación y detención de Rojas y parte de su familia
Marzo de 2018: un fallo de la Octava Cámara libera a todos los imputados
Agosto de 2018: el Gobierno provincial se constituye como querellante.
Diciembre de 2018: la Suprema Corte anuló la resolución de la Octava Cámara
Abril de 2019: imputación a Roberto Righi y Omar Parisi.
Noviembre de 2019: el procurador suma tres fiscales a la causa
Marzo de 2020: el juez Pereira rechaza al Gobierno como querellante.
