La investigación en torno a la Tupac Amaru continúa con las audiencias públicas para determinar si los cinco detenidos esperarán la posible instancia de un juicio en prisión preventiva o en libertad.
Ayer fue el turno de Ramón Martínez, pareja de Nélida Rojas, quien está señalado como jefe de una asociación ilícita.
Hoy a las 10, la jueza de Garantías, Cristina Pietrasanta, decidirá cuál es la situación del imputado. Primero tendrá que decir si hace lugar o no a un pedido de nulidad de la defensa.
Pero en el caso de que la respuesta sea negativa y la magistrada decida la prisión preventiva, tal como lo hizo con Fanny Villegas, nuera de Rojas, se planteó una segunda petición: que se otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, justificada en la diabetes que padece el acusado.
Sobre esto se expedirá hoy Pietrasanta, dando lugar a su segundo "fallo provisorio" (no es una condena) dentro del proceso de investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Chaves. La representante del Ministerio Público trabaja sobre la hipótesis de que las cooperativas que integraban la Tupac tenían como finalidad acceder a fondos del Estado nacional para el enriquecimiento ilícito de sus integrantes.
De allí que la investigación apunte a la asociación ilícita, en la que se enmarcarían otros delitos, como el fraude a la administración pública, las estafas y extorsiones.
Esta es una de las causas que pesa sobre Martínez, quien es apuntado como el que administrador de los fondos nacionales desde su cuenta bancaria personal.
La segunda denuncia es por coacción y estafa, a raíz de una denuncia que hizo Emilce Martínez Lamas, una mujer que tomó de hecho una casa que le había prometido Rojas y por la que trabajó dentro de la organización durante tres años. Según relató, ante la novedad de que su vivienda había sido entregada a otra familia, ella fue y se instaló con sus hijos, lo que motivó que el imputado y otros miembros de la organización la desalojaran.
Por su parte, la defensa pidió ayer la nulidad de la acusación e insistió en que la investigación por el fraude a la administración pública es de competencia federal.
“Se ha construido una imputación ficticia basada en una falacia. Si no hay fraude a la administración pública no hay entonces asociación ilícita, y sobre esta base, es nulo”, argumentó el abogado defensor, Alfredo Guevara.
