La líder de la filial Mendoza de la Túpac Amaru, Nélida Rojas, sigue tras las rejas y aún no tiene fecha la audiencia que su defensa pidió para gestionar una eventual liberación. Además, se conoció la novedad de que la primera denunciante se convirtió en querellante.
La demora en la audiencia de “control jurisdiccional” (herramienta que los defensores suelen utilizar para tramitar la liberación de sus clientes), en parte se debe a que la propia defensa, a cargo de Alfredo Guevara, pidió suspenderla tras denunciar los “malos tratos” a los que presuntamente fueron sometidas la mujer y sus dos hijas al ser trasladadas a la cárcel días atrás.
Pero además, ese acto judicial no tiene aún Juzgado de Garantías donde realizarse. Es que las sospechas de filtración de información, denunciadas por la fiscalía, provocaron que el 6° Juzgado de Garantías, a cargo de David Mangiafico, diera un paso al costado. Es decir que aceptó la recusación que hizo la fiscal de Las Heras-Lavalle, Gabriela Chaves.
Y si bien se esperaba que el Primer Juzgado de Garantías, a cargo de Cristina Pietrasanta, tomara el caso, hasta ayer eso no había sucedido. Dicen en los pasillos judiciales que Pietrasanta no sabe aún si está de turno para tomarlo.
Con esto entonces, todo quedó postergado para la semana que viene.
Cabe recordar que por esta causa están detenidos Rojas, su pareja, Ramón Martínez, sus hijas Carla y Leonela (con arresto domiciliario por ser madres de lactantes) y su hermano Ángel -arrestado el martes pasado-. Todos están imputados por asociación ilícita, coacción y extorsión.
Guevara, que no ha cesado en calificar de “persecución política” las imputaciones y las detenciones de los miembros de la Túpac por su vínculo con el kirchnerismo, sorprendió cuando pidió suspender la declaración de Rojas.
Al hacer ese pedido, el abogado denunció tratos "inhumanos" a los que habrían sido sometidas Rojas y sus hijas. Hasta relacionó el hecho con posibles torturas. "Hay tratados de la ONU que vinculan los malos tratos con torturas", dijo a Los Andes.
Según Guevara, los hechos se produjeron la noche del sábado pasado, cuando trasladaban a las imputadas desde la cárcel de El Borbollón a la de Cacheuta. “Fue un traslado brutal. El chofer manejaba muy rápido y se golpeaban”, dijo.
En el Servicio Penitenciario lo negaron. “Antes de subir al vehículo, las tres fueron revisadas por un médico. Al llegar a Cacheuta no se presentó ninguna novedad”, dijo Eduardo Orellana, titular del servicio. Además, indicó que Rojas “agradeció el buen trato” recibido. “Lo dejó sentado por escrito y lo firmó”, enfatizó .
En los ámbitos de la Justicia se dice que Guevara pidió la suspensión “para ganar tiempo”, ya que los expedientes de la causa “son muy grandes” y pudo no haber alcanzado a estudiarlos en detalle.
Novedades
Chaves ha seguido recibiendo denuncias en contra de la Túpac, las que ya superan el centenar. Al mismo tiempo estudia en detalle la información que obtuvo en la “registración” que hizo en la Municipalidad de Lavalle el martes pasado.
Dicen que la magistrada, además de documentos, se llevó cuatro computadoras, incluyendo la del intendente, Roberto Righi y la del secretario de Gobierno, Gerardo Vaquer.
No trascendió qué datos específicos indaga Chaves. De todos modos Righi se mostró a favor de la investigación. “Estamos abiertos a aportar lo necesario”, dijo el lavallino, también vicepresidente del PJ.
Mientras tanto, la causa tiene nuevos protagonistas. Milena Gómez, quien hizo la primera denuncia en 2015, que terminó en la primera imputación a Rojas, se convirtió en querellante.
Su abogado es el ex senador demócrata y hoy referente del Pro, Carlos Aguinaga. El letrado negó cualquier relación política por enfrentar a una referente K en Mendoza. “Hace 2 años que asesoro a Milena y ella me pidió que fuera su abogado”, destacó.
Como querellante dijo que espera que se prueben las causas de “coacción” y “turbación de posesión”, ya que Gómez denunció que Rojas la sacó de la casa que ella había ocupado, siendo la legítima dueña.
