Parece que Héctor Rosendo Chaves Chaves, padre de la fiscal Gabriela Chaves, tiene dudas de haberse involucrado en la resonante causa de la Tupac Amaru de Mendoza. Y si bien aceptó ser co-defensor de Federico Torrengo, uno de los hijos de la principal imputada en la causa de "asociación ilícita" (entre otras), Nélida Rojas, no sería extraño que en las próxima horas renuncie.
Él no lo confirmó pero reconoció “la conflictividad interna” que le generó haber tomado la decisión participar en defensa de Torrengo, más allá de que con su hija hace más de dos décadas que no se habla.
El hombre trascendió luego de que el lunes pasado, el defensor de Rojas, Alfredo Guevara, pidiera la recusación de la fiscal precisamente porque su padre se incorporó al equipo de la defensa.
Lo hizo en atención a que el Código Procesal Penal indica que si un fiscal posee un lazo de consanguinidad “hasta de cuarto grado” con algún involucrado en el proceso, el representante del Estado debe apartarse (arts. 90 y 72).
Todos concuerdan en que la maniobra, a todas luces ideada por Guevara para apartar a la magistrada, es legal. Aunque en los pasillos del Poder Judicial no son pocas las quejas de la “falta de ética” del abogado.
Héctor Chaves aceptó la co-defensa de Torrengo “por un compromiso” con Guevara, a quien conoce de niño. El veterano abogado, hoy de 82 años, fue abogado de militantes perseguidos en los ‘70, junto a Alfredo Guevara padre. Lo hizo en honor a esa relación, y a su participación “en defensa de los más humildes y de los pobres”.
La relación con el hijo de su amigo es tal que incluso aceptó la participación sin haber leído la causa, pero coincidiendo con él en que “hay una persecución política” contra la agrupación kirchnerista.
De todos modos, al ser entrevistado por una radio, advirtió que si hay algo ilegal, estaba dispuesto a renunciar. En diálogo con Los Andes, lo confirmó. "Si hay robo, que no cuenten conmigo", dijo.
Tras recordar que en los juicios de lesa humanidad ha participado como querellante “gratis y hasta poniendo plata”, resaltó: “Tengo simpatía por la gente humilde y no me chupo el dedo. Sé que los pobres tienen vicios de ricos, sólo que no los pueden concretar”.
En consecuencia, se mostró dubitativo y por estas horas analiza cómo sigue -si sigue- su participación en la causa.
Mientras tanto, Gabriela Chaves también analiza la recusación que le hicieron.
Está claro que al ser legal la maniobra de Guevara, es casi inevitable que ella se aparte. Pero puede tomarse su tiempo.
En su entorno se lamentan por esa posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que “lleva dos años” investigando. Tildan de “desagradable” la actitud de Guevara y hasta le critican cierto “comportamiento persecutorio” al abogado -que denuncia “persecución política” contra Rojas y la Túpac-.
Pero sobre la causa en sí, lo que más lamentan es que “habrá postergaciones”. Lo dicen porque Chaves estaba preparando “la prisión preventiva” contra Rojas, su marido Ramón Martínez, su hermano Ángel y sus hijas Carla y Leonela. “Un nuevo fiscal tendrá que estudiar la causa y eso demorará más todo”, dicen.
A eso le suman que sigue sin resolverse la falta de juzgado de Garantías para pedir la prisión preventiva, lo que juega “a favor de la defensa”.
Abogado de militantes y preso político en los '70
Héctor Rosendo Chaves Chaves es abogado desde hace unos 60 años y sigue litigando. De hecho, en estos días participa en un juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael, una de las razones que esgrime para admitir que no conoce “del todo” la causa de la Túpac en Mendoza.
En los años 70, defendía a militantes de agrupaciones políticas, tarea que compartía con otros letrados como Ángel Bustelo, Haydeé Fernández o Alfredo Guevara (p).
Fue detenido el 15 de marzo de 1976, es decir, 9 días antes del golpe militar de ese año. Era el apoderado del Partido Auténtico -de extracción peronista de izquierda-. Estuvo preso durante seis años (y 10 meses con arresto domiciliario). Un decreto del último presidente de facto, Reynaldo Bignone, ordenó su liberación en diciembre de 1982.
En 2011, Chaves Chaves fue testigo en los juicios orales contra una docena de ex militares, policías y funcionarios judiciales procesados por delitos de lesa humanidad.
Allí, el abogado recordó que el terrorismo de Estado le destruyó el vínculo con su familia. En esa aseveración reposa la explicación que él tiene de por qué no ha tenido relación con sus hijos -entre ellos Gabriela, la fiscal- durante tanto tiempo.
