El caso de la Tupac Amaru en Mendoza puede tener un fuerte viraje si la fiscal que lo investiga, Gabriela Chaves, logra que el delito de “fraude contra la administración pública” pase a la esfera local en lugar de la Justicia Federal.
De hecho, a principios de agosto, la magistrada pidió al juez federal Marcelo Garnica que declinara su intervención en esa causa, que ella misma le había remitido en diciembre del año pasado.
Según Chaves, si hay fraude, es “contra el Estado provincial y no el nacional”. Así lo manifestó en la audiencia pública de apelaciones que se realiza en la 8va Cámara en estos días y que mañana puede tener definiciones (ver aparte).
En esa audiencia, Alfredo Guevara, defensor de Nélida Rojas (líder de la Tupac local) y 27 imputados más, busca que los jueces declaren “nulo” el proceso investigativo.
El abogado cuestionó varios de los delitos investigados por Chaves pero, sobre todo, marcó la “incompetencia” de la fiscal para investigar la asociación ilícita, principal imputación que recae sobre Rojas y el resto.
A su entender, esa acusación debería investigarla la Justicia Federal, por ligarse al manejo de fondos nacionales que la Tupac recibía para la construcción de viviendas.
En realidad, al iniciar la investigación, que adquirió fuerza en noviembre de 2016, Chaves vio un posible fraude mediante la figura de asociación ilícita que imputó.
Por eso le envió a Garnica -de turno en ese momento-, la compulsa por la presunta “defraudación a la administración pública” nacional.
Pero está claro que la evolución de la investigación hizo que Chaves cambiara aquella visión inicial. Para ella, tal como dijo en la audiencia, la administración perjudicada es la provincial. Ésa es la razón por la que ahora pidió a Garnica que se inhiba y deje la investigación a la Justicia local.
Fuentes de la Justicia Federal confirmaron que el 10 de agosto llegó la solicitud de Chaves. “La fiscal entiende que es competente” para investigar el posible fraude, dijeron.
Sus argumentos son claros. Para empezar, los fondos que la Nación envió con el Programa Federal de Integración Socio Comunitaria son “no retornables”, por lo tanto le quedan a Mendoza.
Eso implica que se incorporaron al Presupuesto provincial. Así se ha reflejado en las distintas leyes presupuestarias, que asignaron esos montos a las arcas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), principal ente administrador del dinero para viviendas y de las diferentes operatorias.
Ese fundamento se consolida cuando se ve que los fondos “se mezclaron” con otros que el IPV recibe de la Provincia.
Además, como esa plata no tiene que devolverse, cuando los adjudicatarios empiecen a pagar las cuotas de sus casas, será la Provincia la que recibirá los pagos y los podrá usar en nuevas operatorias, tal como lo resolvió el propio IPV.
Otro punto a favor de la localía de la investigación es que organismos mendocinos como el IPV o los municipios, fiscalizan las operatorias.
A eso se suma que los presuntos delitos se cometieron en la provincia. Hasta ahora, es la Justicia local la que ha investigado los que postulan mayor pena, como la asociación ilícita (ligada al posible fraude), que prevé prisión “de 5 a 10 años”. O la extorsión y la coacción agravada, con similar cantidad de años de cárcel.
Finalmente, Chaves, que incorporó antecedentes de jurisprudencia a sus argumentos, planteó también que si la Justicia provincial investiga el presunto fraude, habrá mayor celeridad en los resultados.
Es que su fiscalía ya ha avanzado no sólo en el secuestro de documentación de las 20 cooperativas investigadas, sino también de los municipios que participaron eventualmente en las operatorias.
Una consecuencia de ello, si queda a su cargo la investigación por fraude, es que podrá apuntar también a los funcionarios que intervinieron en el circuito del dinero Nación-IPV-municipios-Tupac y a la supuesta falta de controles en el pago de obras que no se terminaron.
Se supo que Garnica se basará en informes de la fiscalía federal y del Ministerio del Interior (para conocer el circuito de los subsidios) antes de dar una respuesta. Aunque las fuentes estimaron que, de ser posible, el juez tratará de responder “esta semana”.
Detalles
Denuncias. Hasta el momento la Fiscalía de Chaves ha recibido 160 denuncias.
Delitos. Se acusa a Nélida Rojas y a Ramón Martínez de liderar una asociación ilícita. Otras imputaciones son estafa, extorsión y coacción.
Imputados y detenidos. En más de 30 causas hay 26 imputados. Rojas, Ramón Martínez, Carla y Leonela Martínez y Fanny Villegas tienen prisión preventiva domiciliaria. El 22 de agosto pasado se detuvo, además, a Federico Torrengo (hijo de Rojas), Gabriela Medina y Lourdes Oviedo (mano derecha de Rojas en la Tupac).
Mañana deben definir los camaristas
Desde el 22 de agosto, la 8° Cámara del Crimen, con los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel, escucha las apelaciones de la defensa de la Tupac y de la Fiscalía.
El equipo de defensores de Nélida Rojas, liderado por Alfredo Guevara, busca que a ella y a todos los detenidos se les levante la prisión preventiva y más: pide directamente la nulidad del proceso, al que tilda de“persecución política” contra la organización kirchnerista.
Guevara planteó la “atipicidad” de varias de las imputaciones hechas por la fiscal Chaves y marcó su “incompetencia” por la condición federal de delitos que niega.
Chaves, en tanto, llegó a esta audiencia pidiendo que se quite a Rojas, a su marido Ramón Martínez, a sus hijas Carla y Leonela y a su nuera Fanny Villegas, el beneficio de prisión domiciliaria.
Según la magistrada, Rojas hizo una asamblea de la Tupac en su domicilio y pidió el pago de cuotas sociales, uno de los rasgos que le llevaron a plantear la extorsión, entre otros delitos.
Además, la fiscal respondió los planteos de “atipicidad” en su imputación de extorsión. Por un lado buscó mostrar lo irregular que es que se cobre por integrar la Tupac, que no es una cooperativa de vivienda sino una organización política. También cuestionó la obligatoriedad de tener que participar en política para acceder a una vivienda.
Los jueces, al ser una causa “compleja”, se tomaron tres días hábiles para resolver y mañana se cumple ese plazo. Si fallan a favor del pedido de nulidad de Guevara, Chaves se queda sin caso.
