Aunque son cinco los detenidos en la causa de la Tupac Amaru, sólo Nélida Rojas -líder de la organización- está ahora en un penal. Los otros cuatro restantes lograron el beneficio de la prisión domiciliaria, lo que parece ser la nueva vuelta en la estrategia de la defensa.
Según dio a entender ayer el abogado de los imputados, Alfredo Guevara, volverán a insistir con el mismo beneficio para Rojas, en una audiencia pública que todavía no tiene fecha pero será pronto. Anteriormente, lo habían solicitado cuando la referente quedó detenida.
“Vamos a pedir que se fije en forma urgente la audiencia de control jurisdiccional de Nélida Rojas. Hemos presentado en la mañana (de ayer) un hábeas corpus por el agravamiento de sus condiciones de detención y su estado de salud, dadas las condiciones del lugar en el que se encuentra detenida”, confirmó el abogado.
La nueva estrategia responde, en parte, a lo que pasó hasta ahora. Ayer terminó la semana judicial para la familia, con el dictado de prisión preventiva a Ramón Martínez, pareja de Rojas, señalado como "jefe" de la asociación ilícita.
Si bien el desenlace era el esperado, la novedad fue que la jueza de Garantías, Cristina Pietrasanta, le otorgó la posibilidad de que espere la instancia del juicio en su casa -en Lavalle- porque tiene diabetes y otras complicaciones de salud.
“No tuvimos el mismo criterio, yo pedí que no le dieran la modalidad domiciliaria”, se diferenció la fiscal Chaves y explicó: “El imputado había manifestado ser diabético de segundo grado, por lo que pedimos un informe médico al Cuerpo Médico Forense y nos dijo que es una patología que se trata fácilmente y que eso lo podía hacer en el penal”.
No obstante, la jueza tomó su decisión porque vio a Martínez en un estado de debilidad durante las audiencias.
El mismo beneficio de la prisión domiciliaria ya lo tenía Fanny Villegas, nuera de la pareja, quien está detenida en su casa por ser la cuidadora de su madre, que está enferma. Además de este beneficio, la mujer cuenta con la posibilidad de salir de su domicilio a dar clases, ya que es profesora. El miércoles, Pietrasanta ratificó la detención de la mujer, que está imputada en cuatro causas.
Esta primera opinión fue clave para considerar lo que podría pasar en las audiencias siguientes. De allí que la defensa cambió su estrategia en el caso de Martínez y pidió de manera anticipada el beneficio de la domiciliaria, en el caso de la prisión preventiva.
La misma estrategia parece que se va a repetir en el caso de Rojas, quien hoy cumple 57 días detenidas en la unidad penal Agua de las Avispas y es la que está más comprometida: tiene 30 causas en su contra.
Por otro lado, Carla y Leonela Martínez, hijas de la pareja, también están detenidas en sus casas a la espera de sus audiencias públicas, que iban a ser esta semana pero se postergaron. Las dos mujeres tiene hijos muy pequeños, por lo que cuentan con ese beneficio.
La investigación
Los cinco miembros de la familia y más de 30 personas están imputados en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. La causa se encuentra en la etapa de investigación, instancia que puede extenderse durante 18 meses y luego elevarse o no a juicio. Para esto, la fiscal Chaves está en la etapa de"producción de pruebas": de 130 causas, lleva procesadas recién 30.
Y en este camino judicial, tanto esta semana como la próxima se realizan las audiencias públicas de control jurisdiccional, en la que se decide si los detenidos recuperan o no su libertad, hasta tanto termine la investigación.
En este sentido, el miércoles Pietrasanta dio su primer veredicto “probable” (no definitivo), que fue clave para lo que sigue. La magistrada consideró que hay elementos -pruebas- que se encuadran en los delitos por los que se acusa a los detenidos. El principal es la asociación ilícita, que cruza a todos los miembros de la familia y a algunos allegados, apuntados como “testaferros”.
En esta consideración, el principal móvil fue el enriquecimiento ilícito, justificado en un incremento patrimonial que no encuentra explicación y sobre el que la defensa, hasta ahora, optó por no dar respuestas.
Según contó Chaves en las audiencias públicas, el núcleo familiar llegó a tener 39 vehículos "de alta gama" e inmuebles, de los cuales ahora tendrían 20 en su poder.
Dentro de la “estructura delictiva”, cada miembro de la familia habría tenido un rol, y Rojas y Martínez habrían sido los jefes. Pero también surgen otros participantes, desconocidos hasta ahora.
Las otras causas que comprometen a los detenidos y al resto de los imputados surgen de las numerosas denuncias que se precipitaron a partir de noviembre.
“Hay expedientes por estafas, despojos por usurpación, fraude a la administración pública, que investiga la justicia federal, instigación a cometer delitos, cuando se los obligaba a cortar rutas y calles, extorsión y falsificación de medios privados (firmas)”, enumeró Chaves.
El oscuro manejo de los fondos
La última definición judicial fue entorno a Martínez, imputado en su rol del “jefe de asociación ilícita”, quien habría manejado “la caja grande” de los fondos nacionales que llegaron para la construcción de viviendas sociales.
Según dio a conocer la fiscal Chaves, Martínez manejó desde su cuenta personal la plata que llegó a las cooperativas. El camino que siguió el dinero fue de la Nación al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que certificaba los avances de obras y depositaba luego los recursos al municipio. Este último lo transfería a las cuentas de las 21 cooperativas inscriptas en la Tupac.
Hasta allí el camino es conocido. El tema es que a las cooperativas se sumó un eslabón más: de allí, el dinero fue a la cuenta personal que tenía Martínez en el Banco Nación, por la que pasaron desde 2008 a 2016 $ 102 millones. Según contó Chaves, los empleados del banco apuntaron a Martínez como el encargado de realizar las cuantiosas extracciones, que en algún momento activaron las alarmas sobre un posible lavado de dinero.
A su vez, Chaves sostuvo que los movimientos en las cuentas coinciden con la compra de los vehículos. “En el caso de Martínez, él no pone ningún vehículo a su nombre, sino que los pone a nombre de sus hijos y él tiene permisos para manejarlos”, señaló la fiscal en la audiencia que duró siete horas.
Otra de las sospechas está dada por el manejo y destino de los cheques. En los allanamientos realizados, la fiscalía encontró cheques en blanco, a disposición de Martínez.
