Hoy comienzan las audiencias en las que las que la titular del Juzgado de Garantías n°1, Cristina Pietrasanta, deberá decidir si los referentes de la Tupac Amaru, imputados en diversos hechos, siguen presos o no.
Pero los involucrados -entre los que se destacan, la titular de esa organización en Mendoza, Nélida Rojas y parte su familia- afrontarán esta instancia con novedades.
Es que en la Fiscalía que investiga el caso dicen tener pruebas más que suficientes para considerar que existe una asociación ilícita en la conducción de la Tupac. Que Rojas y su marido, Ramón Martínez, son "los jefes" de esa asociación, identificando al resto de sus familiares y allegados, como "miembros" de ese grupo delictivo.
E incluso, que el número de involucrados sería mayor a los 38 imputados actuales, lo que puede generar nuevas imputaciones en los próximos días.
Los investigadores de la Fiscalía Las Heras-Lavalle aseguran haber clarificado la estructura de esa asociación ilícita; el rol que cumplía cada involucrado; y la finalidad que buscaban: el enriquecimiento personal.
Razón por la cual, la fiscal Gabriela Chaves llega a estas audiencias con cambios en el “avoque” (el motivo por el cual tomó el caso), incorporando nuevas pruebas que su equipo considera “contundentes”.
En las audiencias que hoy comienzan, el defensor, Alfredo Guevara, pedirá que los imputados recuperen la libertad. Chaves en tanto, intentará que se le aplique la prisión preventiva a los hasta ahora cinco detenidos: Rojas, Martínez, dos hijas de ambos, Carla y Leonela (ambas con arresto domiciliario) y la tesorera de la Tupac, Fanny Villegas.
Precisamente Villegas (esposa de un hijo de Rojas, Federico Torrengo) iniciará hoy la serie, que seguirá el próximo jueves con Martínez. No hay fecha aún para la audiencia de “Nelly” y sus hijas.
Ayer, la fiscal ocupó buena parte de la jornada notificando a los detenidos de los cambios del avoque y de la ampliación de las pruebas.
Según datos que Los Andes pudo recabar, el cúmulo de pruebas ha permitido clarificar la hipótesis de la asociación ilícita que en un principio justificó la detención de Rojas y sus familiares. Y ahora completa los elementos para concluir que efectivamente hay una asociación armada para cometer delito, y que el fin que sus integrantes persiguen es "enriquecerse".
Las pruebas se lograron luego de cruzar datos de informes que la investigación obtuvo en algunos municipios (principalmente Lavalle) y en los bancos con los que operaban los referentes de la Tupac, el Nación y el Credicoop.
Entre las pruebas, aparecen operaciones como el cobro de cheques, que si bien tenían destino de las cooperativas de vivienda, se usaban para comprar bienes personales. En un caso (Tierra del Este) las operaciones superan el $ 1,5 millón. Cabe recordar que en la Tupac hay 21 cooperativas.
Otras pruebas se basan en el cobro de las cuotas de ingreso y mensuales a las personas que buscaban una vivienda, y que según los funcionarios judiciales, enriquecían los bolsillos de los titulares de esas cooperativas, en todos los casos, familiares directos o indirectos, o allegados de Rojas y Martínez.
Para la parte acusadora, “ninguna cooperativa existía” como tal, dado que la gente que pertenecía a ellas, no tenía idea de los manejos que realizaban sus titulares. Considera entonces que se usaban como “medio necesario” para enriquecer a sus referentes.
Desde su visión entonces, esa búsqueda los llevó a cometer otros delitos, que también conforman las imputaciones, como estafa, coacción, amenazas, despojos, extorsiones y fraude a la administración pública.
A 53 días de las primeras detenciones
Rojas, Ramón, Carla y Leonela Martínez, fueron detenidos el 7 de abril, e imputados en 24 causas. Con ellos, se imputó también a otros 38 miembros de la Tupac.
En estos 53 días, hubo otras detenciones. Ángel Rojas (hermano de Nelly), por coacción, (luego quedó libre, pero sigue imputado). Y Fanny Villegas, el pasado 4 de mayo.
Rojas se presentó espontáneamente la tarde que quedó presa y el hecho generó la sospecha de que “se filtró información”, lo que llevó a la fiscal Chaves a recusar al Juzgado de Garantías 6, a cargo de David Mangiaficco.
Tras varias idas y vueltas, la Corte decidió -hace 10 días- darle la competencia del caso al Juzgado de Garantías n°1. Por eso recién hoy comienzan las audiencias para resolver si hay prisión preventiva o no.
