La fiscal Gabriela Chaves, que investiga las denuncias contra la Tupac Amaru en Mendoza, enviará parte de las pruebas que reciba a la Justicia Federal. Será por las posibles estafas que puedan haberse producido en el accionar de esa organización, en la gestión de casas sociales.
Se trata de otra repercusión de los casos denunciados entre el lunes y ayer, por ex integrantes de esa organización que “perdieron el miedo” a contar lo vivido para aspirar a una vivienda.
Muchas de las acusaciones hechas en la Fiscalía n° 7 (Las Heras-Lavalle), están caratuladas como “averiguación de estafa”, aunque otras plantean la “coacción” de los referentes locales de la Tupac Amaru, que en el país lidera Milagro Sala, hoy detenida.
Entre las posibles estafas están las de haber permitido que personas de otros departamentos se inscribieran en las cooperativas para aspirar a una casa en Lavalle. También hay casos de ventas -sin papeles- de casas a personas que no eran las destinatarias de las viviendas. De hecho, hay gente que aduce que les pidieron “entre $ 30 mil y $ 40 mil” para lograr la vivienda, pero que “nunca la entregaron”.
“Pondré a disposición de la Justicia Federal las pruebas que se reúnan”, confirmó Chaves sobre este punto.
La magistrada reconoció que la mayoría de las denuncias se basan en hechos de presunta “coacción”, de parte de la líder local de la Tupac, Nélida Rojas, y de sus colaboradores.
Esas acciones coercitivas permitían “seleccionar” a quien podía acceder a una casa. Aparecen así hechos como la obligatoriedad de ir a actos militantes K y asambleas; los malos tratos, las amenazas de “perder la casa” si no cumplían con las consignas.
Otra denuncia apunta a “todo lo que había que pagar” para cumplir con el rol militante, desde viajes hasta pecheras.
También se supo que algunas cooperativas denunciaron las malas condiciones habitacionales de las viviendas construidas, y mala calidad de los materiales. Sobre esto, el Municipio de Lavalle, encargado de las inspecciones para certificar los avances de obra, informó que cumplió con las revisiones. “Se ha cumplido con las certificaciones como indica el convenio”, dijo José Blanco, director de Vivienda.
A todas esas denuncias hay que agregar las de Liliana y Dora Fernández y Raquel Anzoátegui, quienes aparecieron el domingo en el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata (Canal 13), que desató el vendaval denunciante.
Si bien ellas no fueron a la Fiscalía, la Justicia tomó “de oficio” el tema.
Cabe recordar también que la referente de la Tupac en Mendoza, Nélida Rojas y dos hijos suyos, ya fueron imputados en abril del año pasado por “coacción”. Hay que tener en cuenta que Chaves ya recibió otra acusación contra Rojas, en agosto último.
El IPV sigue
“Mientras la Justicia no lo frene, seguimos”, dijo el titular del IPV, Damián Salamone.
El funcionario dejó así en claro que el programa “de integración socio-comunitaria”, que tiene a la Tupac Amaru como principal beneficiario, seguirá, más allá de la decisión del Gobierno nacional, de no darle continuidad en el futuro.
Son 738 casas que gestiona esa agrupación, de un total de 1.231. “Hay que terminar con cada obra que se inició”, resaltó Salamone, aunque está claro que eso dependerá de los certificados de avance, para que el IPV tramite los fondos nacionales.
Por otro lado, Salamone recibió a algunos de los denunciantes, muchos de los cuales ahora perdieron su chance de acceder a una casa propia. “Los recibimos y nos comprometimos a asesorarlos para que empiecen de nuevo el camino”, destacó el titular del IPV.
Ese asesoramiento ya empezó. “A los que son de otros departamentos les dijimos que vuelvan a cambiar su domicilio y que vayan a la Dirección de Vivienda municipal”, indicó, lamentando lo que parece inevitable, que todo lo que pusieron hasta ahora para tener casa, pueden perderlo.
