La causa Tupac Amaru, en la que se investigan actos de corrupción en la construcción de viviendas sociales, ha recobrado impulso por parte de la fiscal a cargo Gabriela Chaves. La magistrada adelantó que insistirá en la prisión preventiva de Nélida Rojas, líder de la agrupación social; Ramón Martínez, su esposo; y sus hijos, sobre quienes pesa la acusación de asociación ilícita. Además, ayer comenzó un relevamiento de todas las casas construidas por esta agrupación, para determinar cuánto se invirtió y si hubo irregularidades.
La prisión preventiva de Rojas y su familia provocó varios conflictos judiciales, por lo que ahora los acusados aguardan en libertad hasta que se vuelva a fallar sobre el tema. En su momento, todos quedaron presos pero tras una apelación del abogado de la familia, Alfredo Guevara, la Octava Cámara del Crimen determinó su libertad mientras sigue el proceso, criticando la investigación de Chaves.
No obstante, la Fiscalía apeló a la Corte y la sala II, conformada por José Valerio, Julio Gómez -votó en disidencia- y Pedro Llorente, anuló la disposición de la Cámara, al entender que los jueces Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas se habían excedido en los límites de su competencia al resolver cuestiones "que no debían ser discutidas en la etapa procesal".
En diálogo con Los Andes, la fiscal señaló que volverá a pedir la "prisión preventiva" cuando se resuelvan las nuevas fechas procesales tras el fin de la feria judicial.
Relevamiento de casas
En paralelo a la supuesta asociación ilícita, Chaves investiga la defraudación al Estado en la construcción de las viviendas, causa que, luego de un conflicto de competencia (si es federal o provincial), la Corte Nacional determinó que debe estar a cargo de la justicia local ya que están comprometidos fondos provinciales.
El relevamiento será llevado a cabo por siete ingenieros y arquitectos del ministerio de Infraestructura, teniendo en cuenta que los fondos afectados provenían de la Nación pero fueron administrados por el IPV y los municipios en las 20 cooperativas que trabajaban con la Tupac.
En Villa Tulumaya, Lavalle, la fiscal manifestó que la organización construyó, entre 2006 y 2015, poco más de 1.000 viviendas, de las cuales estima se terminaron sólamente la mitad.
En tanto, sostuvo que la organización recibió unos $ 80 millones a lo largo de esos años pero aclaró que es lo que al momento hay relevado y que "todo se sabrá cuando se realice la comparación con los expedientes administrativos que reflejan los avances de las obras". Además, dijo que hay que tener en cuenta la inflación de todos estos años.
“Queremos establecer el estado en que quedaron las obras para compararlos con los expedientes administrativos, y que podrían explicar el fraude”, detalló.
En primer lugar, esta inspección se realizará en las aproximadamente 600 casas construidas -algunas no terminadas- en Lavalle, y luego en las otras 400 en Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Tunuyán, Tupungato y Luján.
Los profesionales a cargo pondrán el foco en "determinar cuál fue el avance financiero de las obras y lo que realmente se realizó", detalló Daniel Chicahuala, subsecretario de Infraestructura.
Además, dejó en claro que en el relevamiento se analizará la calidad de la construcción y los materiales que se utilizaron. Y detalló que esperan tener en 4 meses los resultados de la inspección.
“Es política electoral”
Mientras tanto, la defensa de Rojas planteará la nulidad de lo realizado por Chaves porque denuncia que no los notificaron sobre este trabajo, para que ellos pudieran enviar un perito de parte.
El abogado de la familia Rojas, Alfredo Guevara, aseguró a Los Andes que el caso Tupac Amaru es una "fake news" (noticia falsa) al señalar que "hace 2 años que investigan, pero no hay todavía juicio porque no han encontrado nada, sólo hacen prensa con eso".
Además, sostuvo que la mayoría de las viviendas estaban en la última fase de construcción cuando se detuvieron los desembolsos.
Según pudo averiguar este medio, a ese barrio llegaron $ 28 millones de los 112 millones que se destinarían en un primer momento, "ya que allí explotó el caso con las denuncias", indicaron de la Fiscalía.
Guevara aseguró que el Gobierno aspira a un "linchamiento mediático" y que "asocian a la Tupac con corrupción pero no hay ninguna sola imputación por fondos públicos. Se dedican a pedir encarcelamiento sin juicio previo porque todo es político, hablan de la utilización de afiliados de la Tupac para militancia política, nada más".
Finalmente, sostuvo que todo es "política electoral, es un aporte más de Cornejo a la lobotomía cuyana, no resiste el menor análisis".
