Ayer se cumplió un año de la resonante detención de la líder de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, de su marido, Ramón Martínez, y dos de sus hijas, por presunta asociación ilícita, entre otras causas.
En este tiempo, el proceso casi no ha avanzado, los involucrados recuperaron la libertad de forma polémica y lo que ha prevalecido han sido las peleas intra judiciales.
En la Justicia provincial, si bien la investigación nunca cesó y se han acumulado unas 50 causas, con más de 40 imputados tras 189 denuncias, los vaivenes han sido incesantes.
Por su lado, la Justicia Federal no escapa a los obstáculos. Allí hay una causa abierta por “malversación de fondos”, que hasta ahora ni siquiera tiene “avoque”. El proceso está en el expediente 40051/16, alojado en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Marcelo Garnica.
El motivo de esta demora es un "conflicto de competencia". Mientras la fiscal local Gabriela Chaves pide que todos los delitos se investiguen en Mendoza, Garnica entiende que la competencia es federal.
Por eso, desde el pasado 7 de diciembre el expediente está en la Corte de la Nación, que todavía no da una respuesta.
Cabe destacar que el propio defensor de Rojas, Alfredo Guevara, basó sus fundamentos en contra de la asociación ilícita en que "si hubiera delito, sería federal". Incluso ha dicho que si en ese ámbito se planteara la malversación de fondos o lavado de dinero, "todo cambiaría" en su tarea de defender a Rojas y compañía. Pero nada de eso ha sucedido todavía.
Conflicto con historia
Para entender el conflicto hay que recordar algunos hitos. El 20 de noviembre de 2016, el programa “Periodismo Para Todos”, de Jorge Lanata, informó el accionar -para muchos extorsivo- de la Tupac en Mendoza. Allí varias víctimas denunciaron extorsión y coacción sobre quienes aspiraban a una vivienda propia. La obligación de militar por el kirchnerismo para sumar puntos y así acceder a la casa, fue lo más relevante.
Al día siguiente medio centenar de personas llegó a la Unidad Fiscal de Las Heras-Lavalle para sumar denuncias.
También hubo repercusión nacional. La entonces diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) denunció ante el juez Daniel Rafecas que la Tupac recibió del Estado nacional, y malversó, sumas millonarias.
“El Ministerio de Planificación (entonces a cargo de Julio De Vido) alimentó a la Tupac con millones de pesos con el fin aparente de proyectos habitacionales. Era una pantalla para inyectar fondos a una organización que hacía piquetes como medio de extorsión y amenazas”, acusó Stolbizer.
Rafecas derivó el caso a Mendoza y el expediente recaló en el despacho de Garnica.
Paralelamente Chaves había imputado a miembros de la Tupac por estafas, extorsión y coacción. Y encontró elementos que podían encajar en la “asociación ilícita”, sobre todo al advertir gran cantidad de bienes (vehículos de alta gama e inmuebles) a nombre de familiares de Rojas.
Por eso también planteó la posibilidad del fraude al Estado y hasta enriquecimiento ilícito. Aunque a esa altura, sin tanta información, veía la acción fraudulenta contra el Estado nacional, no el provincial. Por eso decidió enviar a Garnica la investigación.
Luego, “con más datos”, entendió que los fondos “se provincializaron”. E incluso “pasaron al presupuesto mendocino”, ya que se incluían en el IPV, ente que en tiempos kirchneristas recibía los fondos nacionales para enviarlos a los municipios y, de ahí, a la Tupac, que los administraba por medio de unas 20 cooperativas. Por eso Chaves planteó el “conflicto de competencia” que aún no se resuelve.
En los tribunales federales dicen que Chaves “demoró cuatro meses” en enviar el expediente a Garnica. Así justifican parte de la demora que le achacan al juez, a quien algunos catalogan de “garantista”.
De hecho, en la Justicia mendocina no faltan las quejas porque los investigadores federales “ni siquiera se han avocado” al presunto fraude. En sus oficinas se defienden diciendo que “no se puede imputar sin investigar antes”.
Otro punto de discordia es el motivo por el que Garnica decidió la competencia federal. Se basó en el testimonio de un funcionario nacional macrista, el director de legales de la subsecretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Ariel Solar Grillo, que explicó la modalidad de las denuncias en otras provincias, como Río Negro. Según ese funcionario, si bien los delitos (similares a los de Mendoza) se produjeron en la provincia, las denuncias se hicieron en la Justicia Federal (de Buenos Aires), razón por la cual, lógicamente, la investigación es federal.
Hay investigadores de la Fiscalía de Chaves que aseguran que el propio Solar Grillo habla en sentido contrario.
Lo cierto es que Garnica aún espera un informe más detallado, y también demorado, de Solar Grillo (contactado infructuosamente por Los Andes).
Mientras tanto, el tiempo pasa y la causa no avanza.
Las dificultades de la "asociación ilícita"
Tras la lluvia de denuncias que recibió en noviembre de 2016, la fiscal Chaves estudió en detalle el accionar de la Tupac Amaru y concluyó que había asociación ilícita, razón por la que Rojas y algunos familiares quedaron detenidos.
“Empecé a ver multiplicidad de hechos que se repetían en serie y una organización armada para eso”, dijo la fiscal (Los Andes, 23 de abril de 2017).
“Pedí informes a la AFIP de la familia y de los delegados de las cooperativas, y advertí que había enriquecimiento que no podían justificar”, añadió, tras percibir que la agrupación acompañaba a un sector político con miembros “organizados para cometer múltiples delitos”.
Allí se mezclaban hechos locales y federales. Y al haber una causa federal abierta, el defensor basó su estrategia en cuestionar la imputación de Chaves aduciendo que si había delito, era federal.
Ese fue su fundamento cuando llevó la causa a la 8va Cámara del Crimen. Los jueces Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas le dieron la razón.
Desestimaron la asociación ilícita, le devolvieron la libertad a Rojas y compañía, y criticaron duro a la fiscal. “No se requiere de conocimiento jurídico sino sentido común para advertir que no hay pruebas para sostener la existencia de una asociación con un plan para cometer delitos”, dijeron los camaristas, que luego zafarían de un Jury de enjuiciamiento promovido por las víctimas de la Tupac.
Tras ese polémico fallo, Chaves apeló a la Corte, la que todavía no resuelve, lo que agrega un eslabón a la cadena de demoras de este complicado proceso.
Estafas, coacciones y extorsiones
Los principales cuestionamientos contra la Tupac se basaron en la forma de reclutar militantes K. “Participar en marchas, comprar el chaleco, pagar los viajes para ir a manifestaciones en distintas partes del país” eran requisitos para acceder a la vivienda, según los denunciantes.
Los investigadores consideraron extorsiva la actitud, sobre todo porque el acceso a la casa dependía del criterio de Rojas y su gente.
Si bien hay quien dice que “nadie se sumó engañado” a la Tupac (la propia 8va Cámara del Crimen así lo consideró), hay denunciantes que aseguran que se les mintió.
“Muchos vinimos de otros departamentos a Lavalle porque nos prometieron una casa y después no pudimos acceder”, ejemplificaron algunos damnificados que plantearon “estafa”.
La “coacción” y actitudes “violentas” fueron planteadas varias veces por las víctimas.
Sobre estas causas, que conforman la mayoría del proceso, la defensa basó su planteo de que hay “persecución política”, endilgándosela al gobierno de Alfredo Cornejo.
A investigar el "lavado de dinero"
El pasado 12 de marzo, la jueza de Garantías Cristina Pietrasanta rechazó el pedido de la defensa de la Tupac de que se le devolvieran los bienes embargados el año pasado, cuando crecía la sospecha de enriquecimiento ilegal y asociación ilícita.
En esa audiencia, la fiscal Chaves dio a conocer una compulsa del Ministerio Público que planteaba la necesidad de ampliar la investigación a posible “lavado de activos”.
Esa compulsa se basó en la propia investigación de la fiscal en torno a los bienes (autos y camionetas de alta gama, inmuebles y una cuenta millonaria) que adquirieron 11 integrantes de la Tupac, la mayoría familiares de Nélida Rojas (aunque ella no aparece). Guevara ha dicho que sus defendidos pueden “justificar el origen de esos bienes”.
Bien puede ser un delito federal que se incorporaría a la causa del juez Garnica. Sin embargo no se le envió y Chaves encarará esa nueva investigación.
Los hechos
20 de noviembre de 2016
Destape en lo de Lanata
“Periodismo para Todos” denuncia el accionar de la Tupac mendocina.
21 de noviembre de 2016
Denuncias acá y allá
Unas 50 personas denuncian a la Tupac en Lavalle. En Buenos Aires, Margarita Stolbizer también acusa.
7 de abril de 2017
Nélida Rojas presa
Rojas y familia se presentan a la Justicia y quedan detenidos. Se sospecha una filtración, ya que Chaves planeaba allanamientos.
26 de junio de 2017
A prisión domiciliaria
Por razones de salud, la jueza Pietrasanta le da prisión domiciliaria a Rojas. Días después se conoce que realiza una asamblea de la Tupac en su casa.
5 de setiembre de 2017
Recupera la libertad
La 8va Cámara del Crimen acepta los fundamentos de la defensa y si bien las causas siguen, le otorga la libertad a Nélida Rojas y compañía.
