Unos 30 propietarios de remises truchos se instalaron con carpas ayer en los jardines de la municipalidad de Tunuyán, dispuestos a no abandonar el sitio hasta tanto Transporte no baje el nivel de controles en la vía pública. En realidad, ellos buscan un 'impasse' de dos meses en las inspecciones, a fin de poder reunir el dinero necesario para participar en la próxima licitación de autos rurales compartidos que lanzará el Gobierno para la región.
"Estamos viviendo ya una persecución personal por parte de los agentes viales. No queremos ser truchos, pero necesitamos que apacigüen un poco los controles para ponernos a tono para la licitación", expuso Adrián, uno de los hombres que ayer daba pelea al aire gélido de la tarde con un poco de café.
La tensión entre agentes y remiseros irregulares ha llegado a un punto sin retorno en Tunuyán. Tanto que el domingo pasado cinco personas terminaron detenidas, por enfrentarse a golpes con los inspectores del Ministerio de Transporte.
Según relató la Policía, la gresca se originó cuando los agentes detectaron a diez vehículos que trasladaban a personas sin los permisos requeridos. Al solicitar la documentación, algunos se dieron a la fuga y, al ser interceptados, terminaron agrediendo a los uniformados.
"Nos retienen los vehículos. Nos quitan el carnet. Se instalan en los sitios claves para no dejarnos trabajar, como lo es la ruta 92", se quejó Raúl, quien apuntó que en otros departamentos no existe ese nivel de "presión". En total, son unas 35 familias las que están armando sus propuestas para quedarse con uno de los permisos de autos rurales compartidos que el Gobierno licitará dentro de dos meses.
En virtud de esta situación, los conductores pidieron una 'tregua' en los controles viales. Lo hicieron en una reunión que mantuvieron, el miércoles pasado, con autoridades del Ministerio de Transporte en el Concejo Deliberante de Tunuyán. Desde la cartera, debían darle una respuesta ayer y esta fue que las inspecciones en la vía pública continuarán, tal como vienen ocurriendo.
"Es nuestra obligación como ente regulador y de control, pues estamos frente a un servicio irregular", manifestó Laura Mole, directora del área Jurídica y Fiscalización de Transporte. Según la funcionaria, las directivas del ministro son que todo el proceso licitatorio y el tiempo previo se lleve a cabo dentro del marco regulatorio previsto.
Los dueños de remises ilegales también habían elevado otros pedidos respecto del concurso para acceder a autos rurales compartidos. Solicitaban alguna línea de créditos blandos para tener un vehículo en condiciones y que ampliaran la antigüedad permitida en los pliegos licitatorios. La ley 7938 sostiene que el auto no debe ser de un modelo superior a los 15 años y este grupo de tunuyaninos pedía que se aceptaran rodados de hasta 20 años. "Para el transporte escolar, permiten vehículos de esa antigüedad y no a nosotros", se quejaron los conductores.
"Ese es un servicio de contratación privada, como servicio público los autos rurales compartidos tienen que responder a la normativa vigente", expuso Mole y agregó que cualquier cambio en las condiciones exigidas deberá ser propuesto en el ámbito legislativo, pues se trata de una modificación a la ley.
