Más allá del resultado final, que se conocerá una vez que finalice el recuento de votos por parte de la Junta Electoral, no quedan dudas de que las elecciones provinciales realizadas en Tucumán, provocaron una seria lesión a la credibilidad del sistema democrático en la Argentina. Porque fueron tantas y tan evidentes las irregularidades que se cometieron que, por más que el recuento voto por voto o la verificación de los telegramas electorales determinen que el triunfo del oficialismo es real, la duda quedará sobre la legitimidad del mismo.
Debemos partir de una base, que es el hecho de que las provincias del norte cuentan con prácticas de clientelismo y de imposiciones caudillescas tan evidentes que dejan la duda instalada en cada una de sus acciones. Porque también se han dado casos inaceptables en Formosa, donde hay denuncias que indican que votan miles de paraguayos que cruzan el río, emiten el sufragio y se vuelven con una pensión por invalidez. O lo ocurrido en La Rioja donde, se asegura, se otorgaban no sólo bolsones de comida sino también droga para asegurarse el voto hacia determinado candidato oficialista. Lo grave de estos casos es que nadie actúa y los principales involucrados optan por no responder y dejar que el tiempo que pasa "borre" definitivamente las denuncias.
Pero el evento de Tucumán es más que notable porque se trata de la provincia que, por su economía, su población y su trayectoria histórica, tiene una influencia fundamental sobre las provincias vecinas. Fue la cuna de la Independencia y sus dirigentes deberían, por lo menos, actuar con honestidad para rendir homenaje a aquellos hombres que nos dieron el sentir de Patria.
Las denuncias por irregularidades de la oposición son numerosas, entre las que se pueden mencionar la conformación de autoridades de mesa con presidentes que militan en el Frente para la Victoria; robo de boletas y planillas de escrutinio falsificadas; incendio y destrucción de 42 urnas; mesas anuladas porque no había coincidencias entre el número de votos y los sobres que contenían las urnas; entrega de bolsas de comida, chapas, colchones y dinero para captar adhesiones; integración irregular de la Junta Electoral Provincial con sólo dos miembros, cuando deberían existir tres para que uno defina en caso de empate; errores en la carga del escrutinio provisional por parte del Correo Argentino; tiroteos en las cercanías de las escuelas donde se votaba y urnas que llegaron abiertas o deterioradas al lugar del escrutinio definitivo. Frente a ese cúmulo de denuncias, el gobernador José Alperovich negó que el oficialismo haya incurrido en prácticas irregulares, asegurando que "no hicimos trampa porque jamás actué así en mi vida. La gente se expresó a través de la urnas", dijo, para terminar asegurando que "poco a poco, el pueblo tucumano se irá dando cuenta de la verdad".
Las denuncias son tan consistentes y la defensa tan débil que por más que el escrutinio definitivo otorgue el triunfo al oficialismo, la duda en la ciudadanía quedará instalada, con un daño tremendo al sistema democrático. Porque si esas dudas, como pareciera estar ocurriendo, se trasladan hacia otras zonas del país -Mendoza evidentemente es la excepción- y muy especialmente a la provincia de Buenos Aires, el próximo gobierno que asuma, sea quien fuere el que triunfe en las elecciones, llegará a la Presidencia con su poder debilitado.
De allí que resultaría oportuno que la Justicia actúe con todo el rigor de la ley ante las denuncias presentadas y determine o no culpabilidades a los efectos de que el último tramo de la campaña se transite en un plano de discusión de ideas y de plataformas electorales y no de denuncias cruzadas, como está ocurriendo ahora y que nada bien le hacen a la ciudadanía y al sistema.
