Niños separados de sus padres, refugiados rechazados, cambios constantes en las políticas inmigratorias.
Para los partidarios de Donald Trump que creen que la lucha contra la inmigración ilegal mejorará las vidas de los estadounidenses, el 2018 fue un año en el que el presidente trató de cumplir sus promesas sobre el tema. Muchos otros, sin embargo, piensan que el país vive uno de los peores momentos de su historia, en el que traiciona sus valores.
"Este es un momento existencial para nuestra generación", opinó Frank Sharry, director de America's Voice, una agrupación que defiende los derechos de los inmigrantes.
“¿Vamos a seguir siendo una nación que le abre los brazos a la gente de todo el mundo para forjar un país mejor o vamos a cerrar la puerta?”, se preguntó.
A lo largo del 2018, se cerraron muchas puertas.
Si bien el blanco principal fueron los inmigrantes que viven en el país sin permiso, el gobierno trató de redefinir el concepto de inmigración legal, reduciendo o suspendiendo el ingreso de personas que vienen por razones laborales, familiares o en busca de refugio o asilo.
"Desde la rama ejecutiva han tratado por todos los medios de restringir la inmigración legal", manifestó Doug Rand, quien trabajó con el gobierno de Barack Obama para luego fundar Boundless Immigration, que ayuda a la gente a lidiar con el sistema inmigratorio.
Dificultades
Las restricciones a la inmigración que impuso Trump en su primera semana en la Casa Blanca fueron avaladas por la Corte Suprema, suspendiendo la entrega de la mayoría de visas a ciudadanos de Libia, Irán, Somalía, Yemen, Corea del Norte y Venezuela.
Esas restricciones tuvieron consecuencias graves para gente como Soolmaz Dadgari, una iraní que vino a Estados Unidos para que su hija de cuatro años, Arina, pudiese participar en un estudio experimental para tratar un trastorno genético. El esposo de Dadgari no había podido sacar visa para unírseles y ahora le cuesta enviar dinero como consecuencia de las sanciones. Ella cuida sola a una niña que no puede caminar ni hablar y que requiere asistencia las 24 horas del día, además de otra hija de 11 años. "No tengo esperanzas", dijo Dadgari.
A pesar de las guerras, persecuciones y hambrunas que plagan el mundo, Estados Unidos decidió admitir solo 45.000 refugiados en el año fiscal que terminó el 30 de setiembre, la cantidad más baja desde que el Departamento de Estado lleva esa cuenta, empezando a partir de 1980. De hecho, muchas menos personas fueron admitidas en ese período –unos 21.000 refugiados– y es previsible que esa cifra siga bajando, ya que el tope de este año fiscal es 30.000.
Mientras tanto, decenas de miles de centroamericanos que le escapan a la violencia de sus países han pedido asilo en 2018. El gobierno de Trump respondió aumentando los requisitos y declarando que las personas que le escapan a la violencia de las pandillas o la violencia doméstica ni las que crucen la frontera ilegalmente serán tenidas en cuenta.
Esos cambios no entraron en vigor todavía ya que han sido bloqueados por los tribunales.
"No sé qué hacer", expresó Ivis Muñoz, campesino hondureño de Altima, de 26 años, quien se sumó a una caravana que se dirigía a Estados Unidos en octubre, después de que un pandillero le disparase y amenazase con matarlo. Se proponía pedir asilo, pero se enteró en el camino que difícilmente se lo aprueben. Por ahora permanece en México. "Quiero ir a Estados Unidos, pero tengo miedo de que me manden de vuelta", indicó.
“Me asusta volver a Honduras, pero aquí tampoco me siento a salvo”.
Más que ningún otro cambio de política, la decisión del gobierno de Trump de separar padres e hijos que cruzaron la frontera ilegalmente causó conmoción en todo el mundo. Si bien Trump dejó sin efecto esa práctica, hay muchas heridas abiertas.
Niños separados
Evelini Roxana Meyer y su familia tenían problemas económicos en La Unión, Honduras, por lo que su marido decidió buscar trabajo en Estados Unidos y se llevó a su hijo.
Fueron detenidos por la Patrulla de Fronteras y separados. El padre fue deportado y el hijo pasó cuatro meses detenido. Cumplió 12 años solo, en un centro de detención de Texas. Quien fuera un muchacho cariñoso regresó a su casa irritable en septiembre.
Rara vez sale y se pasa la mayor parte del tiempo en su habitación, viendo televisión. Se niega a ir a la escuela y tendrá que repetir el sexto grado. Le responde a sus padres y le pega a su hermanita. "Fue el peor año de todos", dijo Meyer, de 38 años.
Muchos partidarios de Trump, sin embargo, creen que las medidas del presidente van a dar buenos resultados.
Neil Gouveia, quien llegó desde Guyana cuando tenía siete años, se consideraba un "neoyorquino liberal" hasta el 2016, en que le pareció que Trump ofrecía buenas ideas para preservar la seguridad nacional. Cree que las medidas sobre la inmigración generarán un diálogo más amplio y mejores políticas, y está convencido de que Estados Unidos sigue siendo un ejemplo para el mundo.
"La gente puede decir lo que quiera sobre Estados Unidos, pero a todo el mundo le gustaría venir aquí", expresó Gouveia, de 39 años y quien recauda dinero para universidades. "Sigo pensando que es como sacarse la lotería", añadió.
Daniel Stein, director de la Federación para una Reforma Inmigratoria, que apoya medidas restrictivas hacia la inmigración, considera que lo sucedido este año hizo que mucha gente se pase a su bando. No lo convencen quienes sostienen que se están traicionando los valores del país.
"Tienen una gran imaginación", afirmó. "Tenemos uno de los programas inmigratorios más generosos del mundo".
Un revés en la Corte Suprema
Ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un revés a la política migratoria del presidente Donald Trump al negarse a permitir que su gobierno niegue automáticamente el asilo a peticionarios que hayan cruzado ilegalmente la frontera.
Los jueces rechazaron por un voto (5 contra 4) la solicitud de la administración de poner en suspenso la orden previa de un juez federal con sede en California de bloquear, al menos temporalmente, la medida del Ejecutivo que pretendía prohibir la obtención del asilo a quienes hubieran entrado.
El nuevo juez Brett Kavanaugh y otros tres jueces conservadores se pusieron del lado de la administración. El presidente del tribunal, el conservador John Roberts, se unió a los cuatro liberales de la corte para negar la solicitud de la administración.
