El caso por el triple crimen de General Rodríguez, que comenzó hace casi siete años, desató la polémica sobre la mafia de los medicamentos y los aportes a la campaña presidencial de 2007 de Cristina Fernández y se reactivó en las últimas horas con las acusaciones que hicieron sobre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, un condenado a prisión perpetua por el “Triple Crimen” de General Rodríguez y el socio de una de las víctimas.
La historia de los esos asesinatos arrancó el 13 de agosto de 2008, cuando los cadáveres de tres jóvenes aparecieron baleados y tirados en un zanjón de la localidad de General Rodríguez, en el oeste de Conurbano.
Se trataba del empresario farmacéutico Sebastián Forza (34), su socio Damián Ferrón (37) y del físico-culturista Leopoldo Bina (35), quienes habían desaparecido el 7 de agosto de ese mismo año cuando se dirigían a una reunión en el hipermercado Wal Mart, de Avellaneda, para hacer negocios de mucho dinero, probablemente con la venta de efedrina.
Según la investigación, tras la reunión a la que habían asistido, Forza, Ferrón y Bina fueron llevados hasta una casa de “la calle Nicolás Videla 631 de la ciudad de Quilmes”, propiedad de uno de los imputados.
Allí, las víctimas fueron torturadas y ejecutadas “cruelmente” y se cree que sus cuerpos fueron congelados hasta que se resolvió abandonar los cadáveres tirándolos en el descampado.
A fines de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mercedes condenó a prisión perpetua a los hermanos Cristian y Martín Lanatta, como autores materiales y a los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios.
Las miradas apuntaban a Martín Lanatta, quien admitió ante la Justicia ser amigo de Alejandro Giancristóforo, supuesta ex mano derecha de Andrés Meiszner, responsable del Registro Nacional de Armas (RENAR) y militante en Quilmes de la agrupación política del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Justamente, Lanatta fue uno de quienes vinculó por televisión a Fernández con la situación que llevó a esas muertes, mientras que el ex policía y farmacéutico, José Luis Salerno, ex socio de Ferrón, apuntó a la autoría “intelectual” del jefe de Gabinete.
Justamente, en la Justicia está acusado como responsable intelectual del crimen el empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, quien se halla prófugo con pedido de extradición en los Estados Unidos y por el que la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa si se aportan datos concretos para poder atraparlo.
De acuerdo a la hipótesis judicial, Pérez Corradi se “vengó” de los tres jóvenes porque querían “puentearlo” en un negocio de efedrina con narcotraficantes mexicanos.
Este caso destapó una serie de especulaciones, ya que Forza había sido uno de los aportantes a la campaña presidencial de Cristina Fernández y que -según dejó ver el juez Norberto Oyarbide- de estar vivo hoy sería uno de los procesados en la causa de la “mafia de los medicamentos”.
Esta última causa está a la espera de ir a juicio oral, con acusados como el ex sindicalista bancario Juan Zanola, entre otros.
