Comenzó en los tribunales de San Martín el juicio a Sergio Salgado (41), el ex intendente peronista, que gobernó a Santa Rosa durante casi diez años y que está acusado por delitos en perjuicio de la administración pública del municipio.
En la primera jornada, Salgado se sentó en el banquillo de los acusados junto a cuatro de los que fueron parte de gabinete y con quienes es juzgado en una megacausa con distintas aristas: administración infiel, por la emisión de cheques en la compra trucha de combustible; malversación de caudales públicos en un proyecto para construir una planta de destete; una causa por desobediencia a Fiscalía de Estado y finalmente, el delito de concusión en el manejo que la comuna hizo de los fondos que generó la playa de estacionamiento de La Salada.
Entre la media docena de testigos estuvo la intendente de Santa Rosa, Norma Trigo, quien con sus declaraciones al tribunal, complicó la situación de Salgado, al asegurar que mientras ella fue concejal, "nunca pudimos tener acceso al expediente de La Salada, ni controlar cómo fue que se administraban los fondos de la playa".
Cabe recordar que tras ser inaugurada, en setiembre de 2013, la comuna se hizo cargo de la playa de estacionamiento de La Salada, en un convenio que Salgado acordó con Jorge Castillo, el dueño de la feria, con la idea de cubrir así las tasas que la feria no tributaba, por no estar comprendida en la ordenanza tributaria.
Salgado siempre ha dicho que la playa fue administrada por distintas entidades, desde clubes a escuelas o agrupaciones gauchas y que el municipio solo daba los turnos, pero lo cierto es que no hay registro de cuánto dinero ingresó ni la manera en que fue repartido.
Fernando Solorsa, es abogado de Castillo y participó de las conversaciones que dieron forma al acuerdo con la comuna; ante el tribunal dijo que "la playa era manejada exclusivamente por el municipio y que La Salada no tenía allí ninguna injerencia", y ante una pregunta, estimó que la playa podría haber generado "unos $50.000 diarios".
La playa estuvo en manos de la comuna desde setiembre de 2013 hasta marzo de 2016, cuando la relación entre Salgado y Castillo explotó: Salgado denunció entonces que La Salada debía dos millones en tasas y la feria contestó que en ese tiempo, la playa le había redituado al municipio, unos $10 millones.
Pese a que Salgado insiste en que la playa era administrada por las entidades beneficiadas, Trigo declaró que fue siendo concejal y quien le cobró el estacionamiento fue Flavio Araya (39), uno de los ex funcionarios acusados: "Mientras fui concejal, dimos con uno de los beneficiarios de la playa, un club que recaudó el estacionamiento de un sábado, pero a quien recién le dieron el dinero el lunes; nos dijo que lo que habían recibido fue mucho menos de lo recaudado".
Los otros acusados junto a Salgado y Araya son el actual concejal Marcial Ibarra (45), el ex titular de Hacienda, Franco Ojeda (39) y la ex secretaria de Salgado, Gisela Ruggeri (38).
El tribunal, presidido por Armando Martínez está integrado además por Viviana Morici y Zaida Landini.
El resto de las imputaciones
Los imputados optaron por no declarar frente al tribunal, aunque Sergio Salgado ofreció testimoniar en algunas causas.
En el expediente que se investiga la emisión de cheques por la compra trucha de combustible, que tiene imputado también a Franco Ojeda, Salgado quiso despegarse y aseguró que fue él quién hizo la denuncia; dijo que nunca hubo un expediente al respecto, que de la comuna podían salir cheques sin su firma e incluso, que solía dejarle al tesorero cheques firmados en blanco cuando se ausentaba.
También declaró en la causa por la planta de destete que no se construyó y para la cual, recibió 1,5 millón de pesos del Iscamen. Salgado asegura que esa obra la hizo y que en su lugar construyó una fábrica de alimento para ganado.
El fiscal Santiago Garay comentó que “le dieron dinero para una obra que nunca hizo y quiere justificar ese faltante con un arreglo que tuvo con la Coprosamen...”.
