El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, pasó a integrar la lista de funcionarios del Gobierno de Cambiemos denunciados ante la Justicia e investigados por la Oficina Anticorrupción (OA), pero a los que el presidente Mauricio Macri mantiene en sus cargos, tal su decisión en los más de dos años al frente de la Casa Rosada.
"No veo el más mínimo problema. Todo está normal". En esos términos se expresó una fuente cercana al Presidente consultada por este diario el sábado pasado sobre la continuidad de Triaca. A mediados de la semana próxima el ministro regresará de sus vacaciones en su quinta de Chapadmalal para retomar sus tareas en el edificio de la avenida Alem, en el Bajo porteño.
Triaca estuvo en comunicación con el Presidente y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, desde que inició sus vacaciones a mediados de la semana pasada. Un vocero del ministro dijo a este diario que "conversaron sobre los planes en materia laboral", pero terminó por admitir implícitamente que también lo hicieron para unificar el discurso sobre su ratificación en el cargo, tal como lo anunció el viernes el jefe de todos los ministros.
"No es lo correcto", dijo el colaborador de Triaca, sobre la designación de la casera familiar Sandra Heredia al frente de la delegación San Fernando del Somu (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) como parte de la intervención a ese sindicato, apenas asumió Macri. Pero aun así, llegado el caso, Triaca está dispuesto a "dar todas las explicaciones" ante la Justicia. Peña coincidió: ése fue el único "error" del ministro, frente a los otros elementos del caso: el "exabrupto", por el que "pidió disculpas", y el "error" de la contratación en negro como trabajadora doméstica, responsabilidad de su hermano Carlos.
El caso se sumó a los otros 27 que involucran a altos funcionarios con denuncias penales, que abrió la OA. Allí también el Presidente tiene seis casos: las "off shore" en Panamá; presunta violación de la ley de ética pública; firma del memorando con Qatar para el manejo por un fondo extranjero de recursos de la Anses; posible enriquecimiento ilícito; presuntas falsedades en sus Declaraciones Juradas y, el más reciente, la venta de un parque eólico de propiedad familiar. La oficina a cargo de Laura Alonso, sin embargo, no ha avalado ninguno de los casos.
Pero en el plano político, a juzgar por los antecedentes de Macri como jefe de gobierno, antes porteño y hoy nacional, el caso de Triaca no tendrá consecuencias; aun cuando sea el ministro que, a cargo de un proyecto de reforma laboral que incluye el "blanqueo" de trabajadores, tiene "en negro" a una casera familiar (o sabe que su hermano lo tiene); o que la designe junto a muchas otras personas de su confianza en la intervención de un sindicato como demostración primera de "la ética" con que llegó Cambiemos a pelea contra las mafias, en este caso la sindical.
El caso más trascendente fue el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Macri la sostuvo en el cargo contra viento y marea ante los pedidos de renuncia por su responsabilidad política en el comportamiento de las fuerzas de seguridad a su cargo durante los operativos en los que murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y la represión del 13 y 14 de diciembre contra la reforma previsional.
Tampoco tuvieron consecuencia los casos de conflicto de intereses que desde el inicio del Gobierno estuvieron en un primer plano. Como el del ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, que sigue siendo el encargado de la política de combustibles. O el titular de Finanzas, Luis Caputo, responsable de las tomas de deuda después de haber sido, antes que funcionario, administrador de fondos financieros. O el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, ex CEO de Farmacity, denunciado junto a su par Gustavo Lopetegui y al jefe de ambos, Peña, por supuestamente beneficiar a laboratorios farmacéuticos extranjeros. También, Quintana, en la causa por la compra de dólar a futuro.
La lista que tiene la OA sigue con otros casos, si bien no vinculados con conflictos de intereses. El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, es investigado por presuntas irregularidades en una licitación para la compra de autobuses eléctricos y en otra para la adquisición de helicópteros. Mientras que Luis Miguel Etchevehere, recibió un bono por 500 mil pesos de la Sociedad Rural, cuando ya había asumido como ministro de Agroindustria.
Por distintos presuntos delitos o irregularidades en sus funciones, la nómina se extiende a funcionarios que permanecen en sus cargos. Como la vicepresidenta Gabriela Michetti, por dinero no declarado que encontraron en su vivienda; el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex Side), Gustavo Arribas, relacionado con el escándalo de Odebrecht; el senador nacional, antes ministro de Educación, Esteban Bullrich; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; Miguel Braun, secretario de Comercio, familiar del jefe de Gabinete.
