Buenos Aires. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, negó ayer que exista “una caza de brujas” contra los sindicalistas a raíz de las últimas investigaciones judiciales que involucran a varios dirigentes gremiales, y aclaró que el Gobierno “no quiere hacer pagar a justos por pecadores”.
“Pretendemos un vínculo con los gremios con transparencia, franqueza en las negociaciones, sin prácticas mafiosas y extorsionadoras”, afirmó Triaca en declaraciones a FM Milenium y radio Mitre, al fijar la postura del Gobierno frente a las recientes detenciones de los gremialistas Marcelo Balcedo, Omar “Caballo” Suárez y el “Pata”
Medina y la denuncia sobre Hugo y Pablo Moyano por presunto lavado de activos.
En ese sentido, subrayó que “no toda la dirigencia sindical es igual” y que el Gobierno tiene en claro que “la mayoría de los dirigentes cumplen su función gremial dentro del marco de la ley”.
El ministro remarcó: “Hay una mayoría de sindicalistas de diferentes sectores políticos que hacen las cosas con transparencia”.
Sin embargo, advirtió que “este gobierno no va a dar ninguna ventaja a ningún político ni sindicalista” y agregó que el Ejecutivo es “muy respetuoso del marco institucional” en todos los casos.
Además, consultado sobre el mensaje de La Cámpora en defensa de Moyano y otros gremialistas investigados por la Justicia, consideró que “los jóvenes de La Cámpora deberían preguntarse por qué dejaron millones de pobres y de personas sin trabajo”.
En otro tramo de las entrevistas, al ser consultado por las negociaciones paritarias y la aplicación de la cláusula gatillo que permite ajustar según la inflación, el titular de la cartera laboral respondió que “este año es distinto (a 2017)” porque “finalizan las adecuaciones de tarifas”.
Paritarias: 15% de suba
Triaca aseguró que “tiene que haber una negociación paritaria donde los empresarios puedan ofrecer lo que puedan pagar y que los trabajadores puedan demandar lo que necesitan, y eso está en el orden del 15 por ciento”.
Para Triaca, es importante “encontrar como beneficio común que la Argentina logre bajar la inflación” y puntualizó que los ejes para lograrlo son “el cuidado de precios, el reflejo de los costos y la recomposición salarial”.
Sobre la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo que deberá debatir el Congreso, el funcionario nacional consideró que “es una herramienta para resolver la informalidad laboral y apuntalar el desarrollo de la mejor práctica en función de los cambios tecnológicos”. Al respecto, Triaca planteó: “Quiero ver quiénes son los que no están de acuerdo con esto” y agregó que se han logrado “amplios consensos con la CGT” en esos temas.
En cuanto al anteproyecto de la diputada de la UCR, Soledad Carrizo, que propone la limitación de mandatos de los dirigentes sindicales, el ministro de Trabajo se mostró a favor de “todo lo que se haga para asegurar la transparencia, el debate, y (que los dirigentes sindicales) den cuenta de sus actos y les genere más afinidad con sus representados”.
Por último, se refirió a las críticas al Gobierno por parte del líder del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, y las definió como “desafortunadas”. “Coincido con que no todos son iguales, pero hay algunos con actitudes mafiosas y no se puede hacer una defensa corporativa de ellos”, apuntó Triaca.
Apresan en la frontera a gremialista prófugo
Uno de los tres prófugos de la megacausa contra la Uocra de Bahía Blanca por extorsión y lavado de dinero fue detenido ayer cuando intentaba salir del país rumbo a Chile.
Se trata de Sebastián Canal, uno de los laderos de Humberto Monteros -líder del gremio de la construcción de esa ciudad-, a quien la Gendarmería capturó en la frontera en Neuquén.
“Detuvimos a Sebastián Canale, prófugo vinculado a la causa Uocra Bahía Blanca, en el cruce de Pino Hachado”, informó ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter.
El procedimiento, según informó el ministerio de Seguridad en un comunicado, tuvo lugar en las últimas horas en el paso fronterizo Pino Hachado, de Neuquén.
Los oficiales de la Gendarmería, comandados por Gerardo Otero, interceptaron a Canale en la frontera con la República de Chile. La captura se hizo luego de un blindaje que se desplegó en las fronteras terrestres y fluviales del país. Canale, que era segundo vocal titular del gremio, quedó alojado en la comisaría de Zapala, a la espera si se lo traslada a Bahía Blanca.
Tras la caída del sindicalista, quedan dos prófugos en el caso: Guillermo Molina, que fue candidato a concejal kirchnerista, y Roberto Ríos.
