Hoy se conoció que los legisladores provinciales del FIT, los diputados Lautaro Jimenez y Héctor Fresina, y el senador Víctor Dávila, están señalados por entorpecer la libre circulación en Ciudad. La noticia generó una reacción inmediata por parte del Frente de Izquierda local y generó dudas en el accionar de la Justicia porque los legisladores tienen fueros.
La movilización por la que se los acusa sucedió el pasado 19 de abril en San Martín y Colón, en el centro mendocino.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que no hubo "imputación", sino que se "notificó" a los presuntos implicados en la causa. La medida fue ordenada por la la fiscal Gabriela García Cobos, quien también acusa por violación del artículo 194 del Código Penal a los dirigentes gremiales de ATE Polo Martinez Aguero, Raquel Blas, Jorge Chávez y Jonathan Neira.
Desde el FIT afirmaron que se trata de un hecho concreto de "criminalización de la protesta" y apuntan a una instrumentación por parte del gobernador Alfredo Cornejo.
"Haremos las denuncias correspondientes por la persecución ideológica. En los años que llevamos de democracia no se ha imputado a ningún representante gremial. Fue una movilización pacífica escoltada por la Policía", dijo Jorge Chávez a radio Estudio Cooperativa.
En tanto, queda definir los pasos para poder imputar a un legislador provincial, que cuenta con fueron que lo protegen. Para que la causa avance, en el caso de los diputados, se debería solicitar a la Legislatura el desafuero.