La deuda aún en default, el robo de Cristóbal López al fisco y la “recuperada” YPF eran todas bombas destinadas a estallar.
La aprobación o rechazo del Congreso al plan oficial de derogar las leyes “cerrojo” y “de pago soberano” y así concretar el acuerdo alcanzado con fondos buitre y “holdouts”, por el equipo de Alfonso Prat Gay y con el visto bueno del juez neoyorquino Thomas Griesa, es el intento de desactivar la primera bomba, con resultados inciertos.
De concretarse, el acuerdo significará el reconocimiento y pago de deudas por 11.684 millones de dólares, con una quita del 38% respecto de los casi 19.000 millones a que había llegado, por acumulación de intereses y punitorios, una deuda inicial de 6.100 millones. Así de costosa fue la “patriada” K.
No es, vale insistir, “deuda nueva”. El último informe de deuda pública del Ministerio de Economía, de setiembre de 2015, precisaba la deuda en default en U$S 11.500 millones, sin contar intereses ni punitorios. El ministro era entonces Axel Kicillof quien ahora, como diputado, es el principal crítico de la propuesta de solución a una deuda que reconocía expresamente en sus planillas ministeriales y que fue incapaz de resolver. Peor aún, el ex presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, reconoció en Diputados que fue Kicillof quien a mediados de 2014 frustró un acuerdo que estaba casi cocinado.
El gobierno de Macri presenta el acuerdo como la puerta de acceso al crédito internacional a tasas más bajas, que permitiría así financiar inversiones y salir de un estancamiento que viene desde mediados de 2012 y en los últimos meses se volvió abierta recesión.
En verdad, el acuerdo no garantiza nada aunque sí ofrece la posibilidad de suavizar el ajuste macroeconómico a que obligan algunas constataciones: déficit fiscal de 7% del PBI (financiado con emisión y asalto a las reservas del BCRA y fondos de la Anses), balanza comercial deficitaria y deuda pública cercana a los 280.000 millones de dólares.
Macri lo planteó brutalmente: es acuerdo o (hiperajuste para evitar la) hiperinflación. El teatro de la política tiende a la exageración, pero la disyuntiva es, básicamente, cierta.
Mientras cebaba esa bomba, el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández apretaba a la ciudadanía con una presión fiscal apabullante y consentía que un empresario “del palo”, Cristóbal López, armara otra, comprando empresas (petroleras, medios) con dinero del Estado, hasta acumular una deuda fiscal de 8.000 millones de pesos, financiada con generosos planes de pago, destinados a licuar ese pasivo.
Tal la historia revelada, el domingo pasado, por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, que generó como primera reacción oficial una demanda de la AFIP contra empresas de López y su socio, Fabián De Sousa quienes, enterados de la investigación, se apuraron a anunciar un “divorcio” para rehuir el pago al fisco.
La complicidad K es evidente. En setiembre de 2013, hace 30 meses, Alconada ya había revelado que López compró partes de Petrobras con U$S1.200 millones del fisco. El aviso era público. no de “evasión” sino de robo liso y llano. López se quedaba con dinero del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), retenido en nombre de la AFIP.
Increíblemente, el entonces titular del organismo, Ricardo Echegaray, a quien el periodista Matías Longoni le descubrió también maniobras de enriquecimiento personal, es ahora el “Auditor General de la Nación”.
La tercera bomba que la gestión Macri debe desactivar es YPF, cuya mayoría estatal el kirchnerismo “recuperó” en abril de 2012 y por la que pagó 5.000 millones de dólares en “compensaciones” a Repsol.
Parte del problema es la revelación pública, tal como ordenó la Corte Suprema de Justicia, del acuerdo secreto que la YPF Nac&Pop firmó con Chevron. La saga ya originó el papelón de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien renegó como funcionaria de previos pedidos de publicación del contrato que había hecho como diputada.
En 2014 los periodistas José Stella (lamentablemente fallecido en febrero pasado) e Ignacio Montes de Oca, adelantaron en el sitio Eliminando Variables algunos aspectos de ese acuerdo, como la conformación de cuatro (en total serían seis) sociedades offshore en el Estado norteamericano de Delaware, suerte de “paraíso fiscal”, todas inscriptas por los mismos abogados que manejan los registros de Chevron.
Además, YPF registró compañías en el mercado local, a nombre de algunos directivos, como Germán Laría, a la vez director de YPF y “Planning Manager” de Chevron, y Juan Garoby, gerente de Recursos No Convencionales de YPF y ex ejecutivo de Schlumberger, donde también trabajó Galuccio, presidente y CEO de la YPF “recuperada”.
Aún antes de esas opacidades, el hecho es que pese a las promesas K, YPF no logró revertir la caída en la producción total de gas y petróleo del país y hoy vale 57% menos que hace cuatro años.
Es cierto, el precio del petróleo cayó para todas las petroleras del mundo, pero no tanto para YPF, que lo vende localmente a más del doble del precio internacional. Así y todo, su valor cayó mucho más que el de otras petroleras "integradas", como Exxon y la propia Chevron.
Todo ello ocurrió mientras la empresa era presidida y gerenciada por Galuccio y en su directorio se sentaba Axel Kicillof.
El ex ministro y hoy diputado lo hacía ad-honorem (faltaba que pagáramos por tales servicios). Galuccio, en cambio, cobraba U$S 4,5 millones anuales y exige, para su salida, que se cumpla la cláusula de indemnización de U$S 5,5 millones. Y sí, por algo le decían “Mago”.
