La nueva tragedia ferroviaria ocurrida en Castelar no hace más que ratificar las denuncias sobre las condiciones de carencia absoluta de seguridad en que se desenvuelve el sistema en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.
También de la ineptitud que alcanza a los funcionarios nacionales para hacer frente al gravísimo problema que sigue costando vidas sin que surja algún tipo de autocrítica de parte de quienes tienen a su cargo la responsabilidad del servicio.
Fueron y son miles de millones de pesos los que se destinan para la renovación o mantenimiento de las unidades pero los hechos son determinantes en lo que a falencias se refiere, en medio de una política de discutibles e inmensos subsidios cuyo destino final, en cuanto a la inversión para actualizar los trenes, es algo de lo que se sabe poco y nada.
En medio de la tragedia, la Presidenta de la Nación destina un pequeño párrafo al hecho, el ministro del Interior insiste en atribuirlo a fallas humanas, mientras desde los ámbitos ultra-kirchneristas -llámese Luis D'Elía- se salen a proferir insólitas denuncias conspirativas de actos provocados para desprestigiar al Poder Ejecutivo.
Cuando el Gobierno decidió intervenir el sistema ferroviario, adujo que adoptaba esa actitud porque las empresas concesionarias no habían actualizado los servicios a pesar de los subsidios recibidos. Parte de razón tenía porque el Estado -es decir, todos los argentinos- entregó a los empresarios privados más de 25 mil millones de dólares en los últimos 8 años. Lo que no dijo el Ejecutivo es que en 7 de esos 8 años la administración del transporte estuvo a cargo de Ricardo Jaime, sobre quien han recaído decenas de causas por corrupción.
De ser una persona común, sin ingresos importantes, pasó a ser propietario de empresas y mansiones tanto en la Argentina como en el extranjero. Más aún, la Justicia comprobó además que siendo funcionario había recibido favores de parte de los empresarios que debía controlar.
Por esto suena como muy lógico admitir que tales dineros para mejorar la infraestructura ferroviaria tuvieron otros destinos muy distintos a aquellos para los que fueron otorgados.
La tragedia de Once generó un cambio y la propia Presidenta delegó la responsabilidad del control en su ministro del Interior y ahora también de Transporte, Florencio Randazzo, un hombre que medía bien en las encuestas y que se había convertido en una muy buena imagen para encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Pero lo sucedido en Castelar derrumbó esas intenciones políticas como un castillo de naipes.
La Presidenta intentó minimizar la situación -a pesar de indicar que se sentía angustiada y dolida- mientras Randazzo buscaba por todos los medios atribuir la culpabilidad a una falla humana. Por su parte, la dirigencia gremial de los ferroviarios aseguraba que los que no funcionaron fueron los frenos del convoy.
Las declaraciones no lograron opacar tampoco las serias falencias que se mantienen en el sistema, como por ejemplo la implementación de sistemas de seguridad en las señales que frenen automáticamente el tren en casos de distracción del maquinista, aun a pesar de que la situación había sido contemplada en un llamado a licitación de diciembre de 2006 y que se cayó por diferencias con la empresa en cuanto a actualización de mayores costos. Sólo una de las tantas falencias que aún siguen subsistiendo en el sistema en general.
Será la Justicia la que determine en definitiva las culpabilidades y en el interín, de acuerdo con lo que dicen los hechos, el Gobierno busca evitar la discusión para opacar los costos políticos en un año electoral.
Mientras tanto, la gente sigue viajando hacinada, con servicios inadecuados y con una total falta de seguridad que llevan a convertir al servicio ferroviario en una verdadera tragedia, más allá de las lamentables vidas humanas que han costado en los últimos tiempos.
