Unas 30 familias del barrio Tosi, de Godoy Cruz, tomaron un terreno en las cercanías de sus domicilios y exigen una respuesta habitacional a la Municipalidad ya que fueron intimados a retirarse del lugar.
Al cierre de esta edición, la Infantería de la policía se encontraba custodiando el lugar que permanecía ocupado, pero las partes llegaron a un principio de acuerdo de abandonar la toma.
El municipio intervino y prometió atender hoy a los ocupantes en la oficina de Vivienda, a las 9, ubicada en el predio del Hipermercado Libertad. Lentamente, las personas comenzaron a abandonar el predio en cuestión.
La toma se produjo ayer por la mañana. Según contaron los ocupantes, para algunos sus casas ya no están en condiciones de seguir siendo habitadas por problemas edilicios, para otros pagar un alquiler ya no es una de las opciones porque su salario no les alcanza. En tanto, hay familias que viven en viviendas prestadas y no pueden continuar haciéndolo.
"Somos 30 familias, todos conocidos y de los alrededores, que decidimos hacer algo para cambiar la forma en la que estamos viviendo. No podemos seguir pagando un alquiler, todo está carísimo y acá nadie cobra más de diez mil pesos. Ese dinero para una familia no es nada", dijeron reunidas en grupo las mujeres que llevan adelante la toma del terreno.
El terreno está ubicado en la intersección de las calles Groussac y Salvador Civit, a unas dos cuadras de un gran hipermercado de la zona y del Corredor del Oeste. Según testimonios, el espacio ha estado desocupado más de 50 años y es de libre tránsito ya que no tiene cierre perimetral.
Lorena Llull, representantes del grupo, contó que antes de que las familias se desplazaran hacia este terreno averiguaron en Catastro a quién pertenecía. Allí les dijeron que las tierras eran fiscales.
"Por eso decidimos tomarlos. Porque no son de nadie y están desocupados. Pero después aparecieron supuestos dueños que dicen que el terreno les pertenece y luego vino un fiscal que pretendió que nos fuéramos", contó Lorena.
El lugar es un gran descampado que se ha visto modificado por la presencia de palos, nylons, cubiertas y el ir y venir de las personas que fueron allí con sus hijos recién iniciado el día de ayer, por lo que tuvieron que soportar temperaturas muy bajas a la intemperie. "Nos vamos a quedar acá hasta que nos den una solución.
La Municipalidad nos ha dicho que no nos van a responder hasta que nos vayamos, pero nosotros queremos una respuesta concreta, porque si nos vamos después no nos van a escuchar más", comentaron. Quienes llevan adelante el reclamo dijeron que en alguna oportunidad el terreno perteneció a una empresa que iba a hacer monoblocks para 93 familias, pero que luego la obra se cayó.
“Acá no se trata de que nos regalen nada, queremos pagar por un lugar dónde vivir. Tampoco queremos que nos manden a cualquier lado", explicó Llull y agregó que la intención de todos no es convertir el lugar en una villa sino mejorar las condiciones de vida de todos.
Otra de las mujeres, llamada Viviana Cuarolo que se sumó a los reclamos dijo que en la gestión de César Biffi como intendente comunal se le prometió una vivienda pero nada ocurrió. "Estamos acá tirados con tierra y sol, esperando que nos solucionen el problema que tenemos", dijo la mujer.
La comuna ofrece asesorarlos
Florencia Santoni, directora de Vivienda del municipio, confirmó a Los Andes que el terreno usurpado por las familias es privado y que les acercaron a los acampantes una copia de la escritura que certifica esta última versión.
Sucede que los vecinos tienen la información de que las tierras son fiscales y que por eso podrían edificar allí sus viviendas. Además, la funcionaria del gobierno de Tadeo García Zalazar, aseguró que no pueden hacer nada más y que “solo actuamos de intermediarios”.
“Les ofrecimos asesoramiento para que constituyan una cooperativa y así solicitar financiamiento al Instituto Provincial de la Vivienda. Pero ellos quieren sólo ese terreno y autoconstruir sus viviendas”, resaltó la funcionaria.
Por otra parte, agregó que la intención de la comuna es que la situación de las 30 familias se resuelva en el corto plazo sin tener que tomar medidas extremas. “Están cometiendo un delito. La idea es llegar a una solución sin llegar a una instancia de la Justicia”, finalizó Florencia Santoni.
