El proceso de sustitución de la Empresa Provincial de Transportes de Mendoza por la Sociedad de de Transportes Mendoza dispuesto por ley recibió ayer cuestionamientos de distinto tipo ante los Poderes Legislativo y Judicial.
Mientras desde el Ejecutivo y la bancada oficialista se ratificó que ningún empleado cobrará menos que antes, tal como lo estableció la ley. Además se adelantó que los traslados y asignación de tareas se terminarán de ordenar durante febrero.
Una treintena de empleados de la antigua empresa de trolebuses denunció en la Legislatura "bajas de categoría y reducción de ingresos"y "falta de tareas específicas asignadas" en los nuevos destinos. Mientras en la Suprema Corte ingresó un recurso de inconstitucionalidad y una acción de amparo presentada por la CTA Autónoma contra la ley 8944 que dispuso la transformación del sector.
Trabajadores de la EPTM se reunieron con los diputados Lautaro Jiménez, Cecilia Soria, Héctor Fresina y Macarena Escudero del FIT y Jorge Tanus, Sonia Carmona y Omar Parisi del FpV. Al encuentro se sumaron los diputados Jorge Sosa, Gabriel Miró y Jorge Albarracín de la UCR.
“Existe preocupación porque no han llegado los legajos del personal a los nuevos lugares de destino, como en el caso de Salud. Hay mucha desorientación en general. Los empleados destinados a Vialidad suelen pasar horas en un patio sin hacer tarea alguna. Los que llegaron a Cultura fueron anotados en un legajo provisorio. Y no se ha conformado la comisión de seguimiento prevista en la ley”, resumió inquietudes Carmona (FpV).
“El conflicto aparece con la migración de las clases de letras (como era en EPTM) a números (como es en la Administración Central)”, explicó Escudero (FIT).
“Las categorías C, D de chofer, E y sucesivas no han sido pasadas a sus equivalentes 7, 8 y 9. Y se las ubicó como 4, 5, 6, lo que provocó una baja de entre 3 y 4 escalafones a los más de 200 trabajadores de la EPTM que quedaron en el Estado. Y esto ha redundado en descuentos en sus liquidaciones de entre 2 mil y 3 mil pesos”, remarcó.
Todo indica que en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, desde el peronismo y la izquierda se propiciará un pedido de informes al Ejecutivo. Ayer, el oficialismo se mostró dispuesto a responder inquietudes.
Sus legisladores se comprometieron a consultar e invitar a funcionarios del Ejecutivo provincial “para que clarifiquen las liquidaciones efectuadas y arbitren las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los artículos de la Ley que establecen el respeto de los salarios y condiciones de trabajo de los empleados de la ex EPTM que continúan en el Estado”, tal como se confirmó desde el FIT.
“Se está resolviendo el traslado de los legajos a cada área y esperamos tenerlo listo en febrero”, dijo anoche a Los Andes el radical Miró.
Por la tarde tomó contacto con Erica Rojas (segunda de Ulpiano Suárez en la Subsecretaría de Gestión Pública) y encargada del tema.
Miró ratificó que “no habrá bajas de ingresos”, en el personal trasladado.
En tanto desde la nueva empresa, Leopoldo Cairone confirmó que “existe un ítem especial (Ley 8944) previsto para compensar cualquier situación a la baja que pudiera aparecer durante el traslado de personal a sus nuevos destinos”.
Con respecto al personal que quedó cumpliendo funciones en la nueva empresa, Cairone recordó que se deberá discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo. Y que STM dispone de 180 días de plazo para redactar su borrador.
Éste se discutirá con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato único que nuclea al personal de la nueva empresa.
Piden anular la ley de la EPTM
La CTA Autónoma presentó ayer ante la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad y un amparo contra la disolución de la Empresa Provincial de Transporte.
Con el patrocinio del constitucionalista Carlos Lombardi, el titular de la central obrera, Guillermo Martínez Agüero, pidió que se declare la inaplicabilidad de la Ley 8.944 que dispone la creación de la “Sociedad de Transporte de Mendoza (S.T.M.) y la “disolución, liquidación, supresión y extinción de la EPTM”.
Se argumenta que “conculca derechos amparados por la Constitución nacional, tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional y la Constitución provincial afectando derechos adquiridos y consagrados como el de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, control en la producción y colaboración en la dirección”.
