Tras los problemas con el agua, llegan los reclamos de indemnización

La ONG Protectora

(Asociación de Defensa del Consumidor) salió una vez más a denunciar los

problemas que existen con el suministro de agua

en la provincia. Ahora presentó ante el Ente Provincial de Agua y de Saneamiento (EPAS) una solicitud para que intervenga de manera urgente para

establecer el servicio normal de agua potable

, se disponga la

indemnización por los daños causados

y

se sancione a los operadores

. A esa agrupación

se sumó la Unión Cívica Radical con el mismo reclamo

.

“Ante los graves perjuicios ocasionados por la mala calidad del agua potable y los cortes del suministro en el Gran Mendoza, el radicalismo pide que haya un resarcimiento económico en la próxima boleta a los miles de usuarios afectados y sanciones a las empresas prestadoras (Aysam y las municipalidades de Luján y Maipú)”, reza un comunicado difundido por el partido radical.

Además, la UCR solicitó al gobernador Francisco Pérez “que determine las responsabilidades políticas que le cabe a cada funcionario que debió intervenir en forma correcta para la aplicación de un protocolo que evitara esta situación”.

Por su parte, Protecora reclamó que se controle y garanticen los servicios de agua potable en la provincia “en lo que hace a la operación de los mismos ante la falta de previsión, inversiones y eficiencia de los Operadores que provoca graves deficiencias en el servicio, tanto en la calidad, como en su correcta provisión, provocando un daño a la salud individual de los mismos, a su patrimonio y por sobre todo a la salud pública”.

En su denuncia, la ONG ordenó que se disponga “la debida atención y procesamiento a todos los reclamos por daños a la salud y a la propiedad de los usuarios generados por los cortes y deficiente prestación del servicio agua”.

“Las empresas prestadoras deben disponer de un registro de reclamos donde queden asentadas las presentaciones de los usuarios, debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios. Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios (art. 27 Ley 24.240)”, agregó un comunicado de la Asociación de Defensa del Consumidor.

Y pidió una indemnización tarifaria a los usuarios, “que no debería ser inferior a los $100, dado el perjuicio en la salud, en los artefactos sanitarios, cañerías, compra de agua potable en bidones, entre otros; y que su monto mayor dependerá de la cantidad de tiempo que fuere perjudicado, para resarcir a todos los usuarios damnificados como consecuencia de la acción u omisión culpable del Operador del servicio, y que debería hacerse efectiva mediante un crédito en la próxima factura que se emita. (art. 40 Bis Ley 24.240)”.

Para el resarcimiento económico, el radicalismo solicitará que se envíe por escrito a la Legislatura el mapa de afectaciones del servicio, con los daños ocasionados y la cantidad de horas que ha afectado a los mendocinos. Calculan que estas dos variables serán determinantes para que se realice un descuento en la próxima boleta del agua.