Carrió criticó y se pospuso el debate de la ley de reforma del Ministerio Público

La ley para recortarle el poder a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, finalmente no se tratará mañana en sesión, luego de que la diputada Elisa Carrió planteara su rechazo al proyecto acordado por Cambiemos y el massismo, por considerar algunos aspectos inconstitucionales.

Así lo confirmaron a Los Andes voceros del interbloque Cambiemos, que agrupa a los diputados macristas, radicales y de la Coalición Cívica-ARI, que lidera Carrió.

La diputada oficialista rechaza que el mandato del procurador general de la Nación (que dejará de ser vitalicio) sea de 5 años y, en cambio, propone que sea de entre 8 y 10 años. Pero en particular, cuestiona que en el proyecto se les hayan dado amplias facultades a la comisión bicameral de control al Ministerio Público Fiscal (MPF), que conduce la massista Graciela Camaño.

Carrió considera que la vía para echar del cargo a Gils Carbó, contra quien tiene presentada una denuncia en la Justicia, es el juicio político en el Congreso.

En el massismo entienden que "no están los números" para destituir a Gils Carbó, que asumió en 2012 en reemplazo de Esteban Righi, a propuesta de la presidenta Cristina Kirchner, y a quien se cuestiona por considerarla militante del kirchnerismo y por haber desviado una investigación sobre lavado de dinero en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Gils Carbó podría ser destituida por el Congreso o eventualmente ser separada del cargo por la Justicia, si avanzan las causas que están en su contra.

El Gobierno quiere la ley porque el 29 de agosto del año que viene se cumplen los cinco años de mandato y los funcionarios entienden que la norma debería aplicarse de manera retroactiva. Esto fue cuestionado anticipadamente por el vocero de Gils Carbó, quien dijo que la aplicación del vencimiento del mandato con retroactividad es ilegal y tiene “antecedentes, como el de Carlos Fayt”, quien logró continuar como juez de la Corte hasta los 97 años, porque había asumido antes de la reforma de 1994, cuando se dispuso la obligación de jubilarse a los 75 años.

“Estamos seguros de que van a perder. Si no es en la Corte de la Nación, será en la Corte Interamericana”, dijo el portavoz de Gils Carbó en relación con la posible judicialización de la ley, si el Congreso la llegara a aprobar. Resaltó, al respecto, que el artículo 120 de la Constitución establece que “el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía y autarquía financiera”.

Contra el peronismo

Según sus voceros, Carrió está “harta” de los acuerdos que suscriben sus compañeros de bancada con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, para sacar leyes. Los negociadores, dicen en el entorno de la diputada oficialista, tienen nombre y apellido: van desde el presidente de la Cámara, el macrista de extracción peronista Emilio Monzó -de muy buen diálogo con el excandidato presidencial de UNA-, hasta los radicales liderados por Mario Negri.

Ayer, tras enterarse de la postura de Carrió, fijada dos días antes de la sesión y una semana después de que se firmara el dictamen de mayoría sobre la reforma del MPF, Camaño expresó el malestar del massismo por las discordancias en el interbloque Cambiemos.

“Trabajamos sobre la base de que ellos tiene consenso. Si no lo tienen, es problema de ellos”, dijo ayer a periodistas acreditados la diputada Camaño, visiblemente molesta por la postura de Carrió, expresada dos días antes de la sesión y una semana después de que se firmara el dictamen, que también fue rubricado por Fernando Sánchez. “En este nivel de confusión es muy difícil trabajar”, se quejó la jefa del bloque Unidos por una Nueva Argentina.