El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) llegó a manos del gobernador Alfredo Cornejo el jueves pasado y ayer por la mañana fue remitido a Fiscalía de Estado para que analice qué hacer con los resultados del análisis de las cuentas públicas que dejó el anterior gobernador Francisco Pérez (PJ). “Con este informe tiene sobrados argumentos y antecedentes para ir a la Justicia si lo cree conveniente, o elaborar sumarios administrativos. Quien tenga que pagar consecuencias, que lo haga”, dijo Cornejo.
Más allá de los números rojos de los que largamente se ha hablado, en el informe del organismo de control nacional (cuyo accionar depende del Congreso de la Nación), se destacan diferencias entre lo retenido por el aporte patronal de las comunas a la OSEP, jubilación y Caja de Seguro Mutual por $80 millones. Es decir que la Provincia hizo las retenciones, pero no depositó el dinero en los organismos beneficiarios de la retención (Anses, OSEP y Caja de Seguro Mutual) lo que constituye el delito de retención indebida.
Entre otros puntos salientes se indica que hay una diferencia de coparticipación a municipios. Según la AGN, $5.123 millones eran coparticipables a las comunas de Mendoza, pero sólo fueron distribuidos $5.014; es decir que hay una diferencia de $109 millones, de los cuales hay $56 millones de los que no apareció documentación que justifique su destino.
Además, hay un capítulo particular respecto de la deuda no documentada, conocida como “pinche”, que también podría constituir un delito dado que la registración de las compras del Estado está prescripta en la Ley de Administración Financiera. En este ítem, la AGN indica que las facturas acumuladas en el “pinche” (sin expediente, ni imputación preventiva) llegan a $1.134 millones.
El informe de la AGN es lapidario. Es tan así que Cornejo dijo que se quedó “corto” con las estimaciones que hizo durante la campaña y con lo que acordó con el ex gobernador Pérez de endeudamiento en la ley de la transición, los famosos 5.800 millones de endeudamiento.
Sin embargo, Cornejo ayer dio señales para terminar con el revisionismo financiero: “Con este informe y más lo que debe hacer el Tribunal de Cuentas, queremos cerrar este capítulo y ahora queremos que los organismos con competencia constitucional actúen en consecuencia” dijo el Mandatario, que en pocas palabras significa que espera resultados en los estrados judiciales.
La voz cantante de la presentación la tuvo la vicegobernadora Laura Montero, la responsable del desembarco de la AGN en Mendoza. Allí estaban también el presidente provisional del Senado Juan Carlos Jaliff y los intendentes Marcelino Iglesias (Guaymallén), Daniel Orozco (Las Heras) y Jorge Vergara Martínez (Malargüe).
Es que la AGN dice que al 10 de diciembre pasado, el déficit presupuestario llega a 3.363 millones, la deuda no registrada de $1.134 millones ya mencionada, la deuda con municipios que llegaba a los $481 millones y una deuda que araña los $16.500 millones.
A eso había que sumarle (o restarle) que al 10 de diciembre en las cuentas bancarias de la Administración pública habían $2.606 millones negativos, es decir, hacía falta ese monto para quedar en 0.
El capítulo de la deuda apenas tiene unos pocos datos nuevos, circunscriptos sólo a los montos, pero no a la existencia. Para llegar al total hay que sumar la deuda llamada transitoria de $3.700 millones, conformada por los adelantos de coparticipación y los créditos de cortísimo plazo del Banco Nación para que Pérez pudiera pagar sueldos; la deuda flotante de $5.075 millones que es lo que se le debe a los proveedores en concepto de compras registradas en el sistema contable y que pasaron al ejercicio siguiente.
A esto también hay que sumarle la deuda consolidada de $6.560 millones que es la acreencia que tienen bancos y particulares por créditos o emisiones de bonos; y la deuda no registrada de la que ya se habló y que llega a los $1.134 millones. En total, la Provincia debe casi $16.500 millones.
Volviendo a la deuda no registrada, de los $1.134 millones (siempre según la AGN), $425 millones corresponden al IPV, $380 millones al Instituto Provincial de Juegos y Casinos, al ex Ministerio de Transporte $125 millones (la mayor parte de esa deuda se contrajo con las empresas de colectivos), la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) tenía al 10 de diciembre pasado $76 millones, la Dirección Provincial de Vialidad $63 millones, el Ministerio de Salud $33 millones (la mayor parte contraída por los hospitales de toda la provincia, que compraron sin contar con partidas presupuestaria); Penitenciaría contrajo $21 millones por raciones alimentarias (comida de los presos) y Seguridad $11 millones.
Ingresos inexplicables en distintas reparticiones
El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) se metió en uno de los debates interminables de la transición que fueron los ingresos a planta de personal del Estado de funcionarios y militantes. Ayer la información fue escueta, apenas se repasaron faltantes de documentación, fojas de expedientes no numeradas, ni rubricadas y susceptibles de ser movidas.
La falta de datos parece a propósito y tal vez tenga que ver con la inminente la publicación de un primer decreto dilucidando el destino de una primera tanta de nombrados durante los últimos meses.
Sin embargo, en los pocos datos que fueron suministrados por Montero ayer dan una pista acerca de ese decreto que mantiene en ascuas a muchos empleados estatales. Apenas una muestra acerca del personal de la OSEP, de Iscamen, de Instituto Provincial de Juegos y Casinos y Dirección Provincial de Vialidad.
Empleados contabilizados en cada una de esas reparticiones al 30 de junio pasado (tanto de planta permanente como temporaria), la misma cuenta al 10 de diciembre y las diferencias. Las fechas no son caprichosas, son las de la prohibición prescripta por la Ley de Responsabilidad Fiscal de incrementar personal en los últimos seis meses de gestión.
Así es que OSEP pasó de 2.671 empleados permanentes en junio a 3.103 en diciembre, es decir 432 más. Pero también se achicó la planta de los temporarios que pasó de 805 a 457, es decir 348 menos; podría inferirse que buena parte se trata de gente que ya estaba trabajando en OSEP y su ingreso a planta estaría justificado en paritarias. Pero hay 84 empleados que no tendrían justificación para ingresar en planta permanente.
En Iscamen la foto es diferente: de junio a diciembre los permanentes fueron apenas 3 mas (pasó de 731 a 734) pero creció la planta de transitorios de 166 a 196, es decir 29 más. Puede inferirse que no hubo ingresos por paritarias y que si hubo 32 ingresos que podrían ser observados por violar la ley de Responsabilidad Fiscal.
En Juegos y Casinos, la situación parece similar a OSEP: Creció la cantidad de empleados permanentes en 51 agentes (de 603 a 654), pero bajó la de temporarios en 13 (de 101 a 88). Es decir el crecimiento de la planta permanente no podría deberse a ingresos por paritarias. Habría 38 ingresos inexplicables y tal vez podrían ser observados.
En DPV la situación es mejor: creció la planta permanente en 83 agentes (de 1.028 a 1.111) y la de transitorios bajó en 91 (de 104 a 13); es decir hubo 8 transitorios que habrían renunciado a Vialidad.
