El oficialismo y la oposición intercambiaron sus roles en la Legislatura y, en base a eso, reflotaron determinados debates. El martes, el Senado desempolvó un proyecto radical que durmió durante tres años y diez días, y dio sanción definitiva a la ley que prevé una multa, cercana a los $ 4 mil, a aquellos ministros, directores, secretarios, intendentes y titulares de reparticiones provinciales que no respondan los pedidos de informe que se les hace desde la Casa de las Leyes.
Esto, frente al poco éxito que tiene este tipo de iniciativas. “En promedio, esta gestión (del gobernador Francisco Pérez) respondió entre un 25 y 27 por ciento de los requerimientos que le hemos hecho. En general, el Senado tiene más respuesta que Diputados”, argumentó Lorena Meschini, la diputada radical que en 2012, al inicio de su mandato, redactó el texto que se enmarcó en lo que se denomina “leyes de transparencia” y que el martes fue ley.
Un poco de historia
En su cronología, el 3 de octubre de aquel año, el proyecto ingresó a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, que cuenta con mayoría justicialista, y recién el 28 de agosto de este año, en plena transición entre los gobiernos entrante y saliente, tuvo despacho. El martes, el FpV apuró y logró el tratamiento de la ley, frente a la negativa de la UCR, que pedía modificar el texto argumentando que se debía cambiar la medida que estipula la sanción económica, hecho que obligaba el retorno del proyecto a Diputados. Esto, finalmente, no pasó.
“La discusión de fondo es que ahora ellos van a ser oficialismo, y por eso no quieren una ley que los vaya a controlar. Muchos de ellos serán funcionarios dentro de poco”, interpretó el presidente del bloque del FpV del Senado, Gustavo Arenas, quien el martes mostró sus diferencias con el bloque radical. “La pelea fue por la practicidad de la sanción económica”, dio su versión el radicalismo.
Una ley de transparencia
Con las diferencias planteadas, lo concreto es que a partir de ahora, si se cumple con la ley, los funcionarios no podrán demorar sus contestaciones, situación que es habitual. El pedido de informe es una herramienta que tiene la Legislatura para ejercer uno de sus roles, el de control, pero también para acceder a datos con los cuales elaborar futuros proyectos, además de su tarea de supervisión de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Aunque, es sabido, no suelen tener los efectos deseados y muchas veces llegan incompletos o con respuestas que terminan por evadir lo que se les preguntó. “Nos ha pasado que, a veces, responden cualquier otra cosa”, señaló Meschini, quien hizo su valoración y dijo que “el oficialismo sigue jugando con el oportunismo”.
La nueva disposición retoma las antiguas leyes 1.151 y 5.736, que estipulan que el plazo para responder los pedidos de informe es de 10 días, que pueden ser prorrogables por igual tiempo, dependiendo de la complejidad del tema y que aquellos funcionarios que no accedan a esto, puedan ser traídos “con el uso de la fuerza pública”, situación que permite el artículo 109 de la Constitución provincial.
Esto sigue igual, la novedad es que ahora, en el caso de no ser respondidos, habrá un llamado de atención y, si se repite la conducta, “una multa igual al 25% del sueldo bruto correspondiente a la clase tercera de la Dirección General de Escuelas”, criterio que equivale a $ 4 mil. En los cambios que pretendía el radicalismo, el senador Juan Carlos Jaliff señaló que era conveniente medir la sanción en unidades tributarias, pelea que libró, sin éxito, en la sesión del martes.
Según la autora del proyecto, los encargados de hacer cumplir el pago de la multa serán: Fiscalía de Estado, que será notificada del incumplimiento y podrá, a través de la Contaduría General de la Provincia, debitar la multa del bono de sueldo del funcionario incumplidor. “Si le preguntaran a Cornejo, seguro que va a decir lo mismo. Cuando uno está en la función, una de las obligaciones que tenemos es dar respuesta”, confiaron en la UCR, despegándose de la crítica que hacen desde el FpV y enmarcaron: “Esto tiene relación con las leyes que se han estado trabajando para el acceso a la información pública”.
