Aunque en julio de 2014 había trascendido la negociación por la venta de un 60% de las acciones, la falta de acuerdo en torno a la cotización de Distribuidora de Gas Cuyana (Ecogas) hizo que el traspaso y la aprobación final recién empiece a cerrarse ahora. Si bien hubo avances, la oferta inicial de $ 2,10 por acción no convenció a parte de los socios minoritarios, entre los cuales está la Anses, lo que llevó al consorcio inversor a mejorarla a $ 4,99, finalmente aceptada.
Central Puerto, con el 50%, controla el grupo también integrado por el fondo Magna Inversiones y el empresario Federico Tomasevich, al mando de Ecogas, antes en manos de la firma alemana EON y la italiana ENI (Ente Nazionali Idrocarburi). La aprobación final de la transacción depende ahora de la Comisión Nacional de Valores, el órgano que monitorea a las empresas cotizantes del mercado bursátil.
La operación de compra del 60% del paquete de Ecogas debía completarse con una Oferta Pública de Adquisición por el 30% de las acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, una porción en la que participa la Anses. El restante 10% del capital pertenece al Programa de Propiedad Participada (empleados) de la compañía cuyo valor de mercado a 2014 fue de U$S 52 millones.
Todo se definió al cabo de una reunión de directorio realizada en Buenos Aires el lunes 21. En los hechos, el consorcio ya empezó a hacerse cargo del management de Cuyana y del Centro (Córdoba, Catamarca y La Rioja), pero necesita el visto bueno final de la CNV, más allá de la decisión de los accionistas respecto de la venta.
El directorio consideró "razonable el nuevo precio ofertado" y, por lo tanto, recomendó aceptarlo. Sin embargo, la decisión no llegó por consenso sino después de un debate entre los accionistas, y ahora debe formalizarse como Oferta Pública de Adquisición (OPA).
"Con la OPA, que debería darse muy próximamente, y algunos trámites administrativos ante la CNV, estaría todo dado para cerrar el proceso de aprobación", reconocieron en el seno del consorcio adquirente, amparándose en una estricta confidencialidad para no dar más detalles.
En julio de 2014, la valuadora Fénix Partners había fijado un rango de cotización para las acciones de Cuyana de entre $ 1,90 y $ 2,53. Pero la propuesta inicial de $ 2,10 por parte del grupo oferente no satisfizo a la sociedad, al considerarla “no razonable por ser inferior al valor patrimonial de las acciones” de $ 2,40.
Así, el 15 de setiembre pasado el consorcio redobló la apuesta. Y con un nuevo precio unitario de $ 4,9973 logró convencer a los accionistas disconformes.
Según Enrique Flaiban, director ejecutivo de Cuyana, “era la condición necesaria para cerrar la operación a partir del precio determinado por la CNV. Ahora el controlante tiene que asumir el diferencial si los accionistas que cotizan en bolsa deciden venderle en base a la oferta pública”.
Como en otras empresas, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) asegura la participación estatal en Ecogas con un 25%. Otro 4% corresponde a personas físicas.
Ajuste tarifario, el estímulo
El control de Ecogas le garantiza a los nuevos dueños manejar una cartera de más de 521.600 clientes en la zona Cuyo, con el grueso en Mendoza, y una facturación de más de U$S 110 millones si se cuenta a del Centro.
Pero hay otros incentivos para el futuro. En off the record, los socios reconocen estar a la expectativa de un nuevo marco tarifario, y, sobre todo, de definiciones respecto a la política que adoptará el próximo Gobierno en materia de servicios públicos. Esto incluye el destino de los subsidios que actualmente sostienen al sistema.
Uno de los planteos es el cambio de paradigma. Los empresarios adhieren a terminar con la figura de una tarifa social. Y a un nuevo modelo de financiamiento del servicio. “En el mundo ya no se ajusta con la tarifa sino a través del consumo. Se necesita un consumo responsable para que cada cual pague por lo que demanda. Además, los concesionarios cobran por el servicio que prestan y el Estado se encarga de las obras”, analizan.
En 2014, cuando se avanzaba con la compra de acciones, los socios oferentes ya anticipaban que una de las motivaciones era la recomposición tarifaria, una medida que sigue pendiente.
