El planteo había sido elevado a la Suprema Corte de Justicia provincial a principios de diciembre, tras conocerse el decreto que autorizaba un incremento del 50% en el boleto de transporte urbano y también del valor por kilómetro recorrido que la Provincia abona a las empresas prestadoras. Finalmente ayer, el máximo tribunal le dijo que no a la medida cautelar solicitada por una ONG para suspender la suba y declarar nula la audiencia pública que se había convocado en su momento.
Protectora, la parte actuante, se basó, entre otros argumentos, en la falta de estudios técnicos de rigor para analizar los costos reales de los concesionarios del servicio, que justificaran debidamente la decisión de llevar el pasaje de $ 4 a $ 6. Por su parte, la Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado coincidieron en que el pedido no era conducente, porque la audiencia no habilitaba la decisión finalmente adoptada por el Poder Ejecutivo y tampoco estaba probada afectación a los usuarios.
Estos fueron los argumentos que finalmente primaron en la consideración de los ministros de la Sala 1 de la Corte (Civil), que integran Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Jorge Nanclares. De allí salió el dictamen en rechazo a la medida de no innovar solicitada por Protectora.
“Primero pedimos al Gobierno la nulidad de la audiencia, que se convocó entre gallos y medianoche. Y ante la falta de una respuesta favorable se procedió a la medida precautoria ante la Corte. Ahora la vía disponible es insistir en la reglamentación de un Ente Regulador del transporte, que necesariamente debe intervenir en la discusión de cualquier ajuste de tarifas y también el control del servicio”, señaló José Luis Ramón, apoderado de Protectora.
Los fundamentos del dictamen se conocerán en el transcurso del día de hoy. Pero significa un portazo en la cara de la acción procesal administrativa iniciada contra el Gobierno provincial, en buena proporción basada en que la gestión Pérez había actuado bajo presión, por amenazas reiteradas de quita de frecuencias nocturnas, que comenzaron en agosto como parte del tire y afloje por la millonaria deuda heredada.
“Un ajuste de tarifa del transporte público no se puede hacer sin resolver dos temas: el combustible consumido, que era de 34 litros por kilómetro recorrido y ha llegado, según las empresas, a 42 litros. El restante es el personal: según un estudio de la universidad de 2008 se necesitaban 3 por coche y ahora los concesionarios señalan que es un poco más, pero no se tiene en cuenta que mucho personal está tercerizado”, agregó Ramón.
No es la primera vez que la ONG se “pinta la cara” por el temas de los costos del transporte. De hecho, la demanda resuelta por la Corte ahora es la cuarta consecutiva: dos corrieron la misma suerte y fueron rechazados, en tanto resta conocer el fallo respecto al anterior ajuste del boleto (febrero) que pasó por la 5ta Cámara de Apelaciones.
Qué tuvo en cuenta la Corte
En base a la situación descripta, el Tribunal debía resolver un doble pedido: por una parte, la medida cautelar "con el fin de evitar el daño cierto real y actual que están sufriendo los usuarios del servicio", respecto del aumento del 50%.
Y por otra, la suspensión de los actos administrativos de las Resoluciones 2.115 y 2.116/2.015 del Ministerio de Transporte (audiencia pública) con el objeto de que hasta que no se resuelva las nulidades peticionadas de fondo, no se produzca el ajuste del valor del costo por kilómetro recorrido que cobran las concesionarias del servicio ni el ajuste de las tarifas a los usuarios.
Hasta ahora, el Gobierno les reconoce a las empresas por ese ítem entre $ 15 y 16 pesos. A partir del decreto 2.305 firmado por Pérez antes de irse, trepa a $ 25, y hasta $ 84 para los recorridos más extensos.
La estrategia de la demanda era hacer caer la validez de la audiencia pública para lograr un efecto “dominó”: así el decreto del aumento también perdería legitimidad. A eso sumó el argumento del “silencio administrativo” que le endilgó al Ejecutivo en su momento sobre el tema, y disparó la acción procesal administrativa luego de 9 reclamos ante el poder concedente sin respuesta, que Protectora acredita desde el 18 de diciembre de 2013 y hoy, incluyó cuestionamientos al nuevo llamado a licitación del servicio.
Los Andes intentó obtener la voz de Autam sobre el litigio y la resolución del Tribunal, pero no hubo respuesta. No obstante, queda claro que terminó imponiéndose la postura expuesta por la Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. Según expuso el responsable de Asuntos Judiciales de Fiscalía, Pedro García Espetxe "no hay daño ni perjuicio patrimonial alguno, ya que la realización de la audiencia pública no implica decisión sobre el fondo: la modificación tarifaria, que se materializa mediante otro acto administrativo del Ejecutivo".
Comisión para controlar los contratos
Cuando la implementación del Ente Regulador del Transporte creado por ley hace casi 10 años sigue en suspenso, los diputados justicialistas Lucas Ilardo, Gustavo Majstruc y Jorge Tanús propusieron la creación de la Comisión de Seguimiento de la Contratación del Transporte Público para el control de la ejecución de contratos referidos al transporte público.
Según los autores del proyecto, debería entender en “todo asunto relativo a políticas de gestión, control y subsidios del Transporte Público de Pasajeros, y precio, forma de pago, o cualquier modificación referida a la tarifa del pasaje”. Pero también tendrá ingerencia “respecto al régimen de contratación o licitación, y la planificación de recorridos, aumentos o reducciones de frecuencias, y logística del transporte público de Mendoza”.
En cuanto a la tarifa, “impacta de manera directa en el presupuesto familiar, y por eso la ciudadanía debe involucrarse de manera activa”. Asimismo, vinculan el rol del usuario con “los subsidios con los que el Estado asiste al transporte, que deben ir direccionados al usuario y no así a los empresarios, ya que no es función Estatal el asegurar la rentabilidad de las empresas sobre todo cuando se logra a costa de los salarios de los mendocinos”.
Sin embargo, la iniciativa ya empezó a recoger las primeras observaciones sobre su utilidad, habida cuenta del Ente regulador pendiente. “Crear un Ente que entienda en la temática del transporte es un tema ciudadano, no partidario ni de puja política. En 2005 se resolvió por ley su creación, sólo falta implementarlo. No hace falta crear una Comisión”, consignó Ramón.
