La anunciada subasta de tierras del Ejército Argentino, en definitiva, del Estado Nacional, en Campo los Andes (Tunuyán), sigue causando polémica y divisiones.
Se trata de 7.216 hectáreas (casi la mitad con derecho de riego), ubicadas en una posición privilegiada del Valle de Uco, que ha puesto en venta la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Es un territorio muy importante por su posición en zona de frontera y porque además se corresponde con el acuífero más grande que alimenta el río Tunuyán. También contiene un importante número de colonos, que en calidad de arrendatarios viven y cultivan en el lugar desde hace muchos años.
En estos días el Gobernador se ocupó del tema públicamente por primera vez y se quejó amargamente de que “la politiquería” ha empañado el tema y confió en que esta iniciativa “genere riqueza” y que se distribuya en la comunidad”.
La discusión sigue abierta y el clima se mantiene tenso.
En principio, estamos de acuerdo en que el Estado nacional se desprenda de estos activos, pero en un marco de transparencia y el respeto a los regantes ya existentes.
Se necesita una información oficial fehaciente y detallada del inmueble a subastar, sus límites, mejoras existentes, concesiones y permisos de agua de que disponga, y las vertientes u otros cursos hídricos que posea el área.
Asimismo queda considerar la situación de los arrendatarios, familias que no pueden quedar desamparadas de buenas a primeras, lo mismo que los pobladores, que nacieron allí y que vienen de varias generaciones. Los gobiernos nacional y provincial deben decir qué se proponen hacer y cómo serán los procedimientos a implementar para que los interesados o involucrados estén en igualdad ante la ley, sin favoritismos ni acomodos en la venta, adjudicación o alquiler de los terrenos.
Nos parece asimismo propicio que dada la magnitud del espacio a subastarse, debería ejecutarse previamente, aunque con celeridad, una adecuada planificación del uso de la tierra y del agua. A propósito de este último habría que ver cómo se inserta la planificación de esta parte del departamento, en el marco de los lineamientos de la ley provincial 8051, de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Todo en relación a los centros poblados vecinos y a nuevos núcleos de población, como centros de servicios rurales y el trazado de rutas. Porque -y en esto seguramente coincidan las partes- debe preservarse a rajatabla la legislación protectora del agua y del suelo. Lo que se requiere son inversiones reales de capital, que constituyan nuevas fuentes de trabajo, y aportes productivos a la economía de Mendoza. Se requiere gente con capital, no capitalistas inescrupulosos que quieran especular con los terrenos. Por eso deben preverse cláusulas especiales en los contratos de venta que impidan las especulaciones mercantiles, y que realmente promuevan la radicación de gente y fuentes de trabajo.
Inclusive se podrán habilitar hectáreas para producir uva y frutas, y pensar que el turismo, con una urbanización adecuada, puede ser una posibilidad rentable.
El tema del agua es aparte. Hay que tomar nota de los registros y el catastro del Departamento General de Irrigación (DGI). No hay aguas privadas, todas son públicas y constituyen un factor primordial de crecimiento.
Aquí definitivamente no podrá ocurrir lo que lamentablemente se produjo a mediados de 1940, cuando estalló un escandaloso negociado cometido en perjuicio del Estado, a raíz de la venta malhabida de terrenos lindantes al Colegio Militar de la Nación, en El Palomar, Buenos Aires. El Gobernador lo garantiza al decir que “si el proyecto tiene algún perjuicio, seré el primero en frenarlo”.
