Por Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar
“Soy el gobernador que más hizo por los derechos humanos", afirmó Francisco Pérez en una de sus tantas declaraciones. La simplificación que ha hecho el kirchnerismo y sus funcionarios nacionales y provinciales sobre las palabras "derechos humanos" es grave.
El mes pasado ocurrió algo importante en lo que respecta al acceso a la información pública. Como informó Los Andes, Fiscalía de Estado obligó al Ministerio de Agroindustria a brindar información a este medio sobre el porcentaje de población mendocina con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Más allá de que desde la cartera que conduce Marcelo Costa indicaron que la información pedida no existe, hemos dado a conocer que el dato apareció publicado en otros medios. Costa dice que el último número es de 2012, cuando llegaban al 8,6%.
Los Andes pidió el porcentaje 2013 y 2014 y, con demora y luego de algunos insultos a Fiscalía, Agroindustria indicó que el dato no estaba. Pero repetimos una vez más: en octubre de 2014 la entonces titular de la DEIE, María Inés Crisafulli, repartición que elabora esa información, dijo que "actualmente las NBI llegan al 10%".
Insistimos también que más allá del dato, lo importante es el dictamen de Fiscalía de Estado. Cualquier ciudadano podrá utilizar esa herramienta para que el Estado le brinde información.
Costa dijo que en 15 días, que ya se cumplieron, iban a estar los datos de pobreza de nuestra provincia. El viernes, desde la DEIE indicaron que no tenían los datos debido a que los están cargando, entre otros motivos técnicos atendibles, y que estarán a mediados de noviembre. Es decir, cuando Costa dijo 15 días en realidad eran 2 meses, si es que aparecen los datos.
Lo positivo es que desde la DEIE hicieron lo que tenían que hacer, explicar lo que pasa. Que entiendan que no nos han hecho ningún favor. Han cumplido con su obligación de funcionarios públicos.
Hemos explicado también que Mendoza no tiene Ley de Acceso a la Información Pública, pero los legisladores no se ponen colorados y cajonean distintos proyectos desde 1984, año en que el entonces legislador Fernando Armagnague presentó el primero. Más de 30 años intentando que salga la ley de acceso a la información han pasado y tampoco se están preocupando otros sectores e instituciones relacionados con el tema.
Sus referentes están cometiendo un papelón tan grande como el de los legisladores. Hay un proyecto que tiene media sanción de diputados, pero la comisión de Reforma del Estado, del Senado, que preside Gustavo Cairo (PRO), le introducirá cambios y volverá a diputados a dormir el sueño de los justos. En el Senado, el proyecto de diputados, está desde 2009, es decir 6 años demorado por los legisladores de los principales partidos mendocinos.
¿Por qué no sale la ley? Porque "están mejorándola con cambios" como dicen los legisladores (entre 9 y 30 años les está llevando la mejora) o buscan evitar la transparencia de cualquier acto de gobierno. ¿No quieren que la ciudadanía pueda saber cómo gestionan y a quién benefician con sus decisiones?
El dictamen emitido por Fiscalía de Estado dice claramente que el derecho a la información "trasciende su objeto propio, en función de que la posibilidad de acceder efectiva y eficientemente a la información pública facilita además el ejercicio de otros derechos individuales, políticos y sociales, permite el control ciudadano del poder a través de la prensa, favorece el vínculo entre ciudadanos y gobierno y fortalece la confianza en el manejo de la cosa pública".
Nada de esto quieren que pase y, obviamente, como bien dice el dictamen, se agiganta la desconfianza de la sociedad si "algo se está escondiendo". Nunca entendieron que es mejor abrir las puertas y mostrar la realidad. Taparla o negarla genera situaciones que terminan explotando de la peor manera, como todo lo que se oculta. Situaciones parecidas se dan en organismos como Anses, AFIP y otros.
Volvemos a las palabras de Pérez. Quizás no la leyó o no llegó al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones (Pérez debería tener claro esto antes de hablar por radio), el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
Tenemos entonces un montón de funcionarios, legisladores y candidatos charlataneando sobre los derechos humanos y a la hora de cumplir con algunos de los artículos que se fijan en la Declaración Universal y en la Constitución Nacional, no lo hacen. Otra arista de la ficción a la que intentan someternos. "El gobernador que más hizo por los derechos humanos", sólo se limitó a gestos simbólicos y digitados desde la Nación.
Seguimos sin saber los datos de pobreza en Mendoza, en Argentina. Desde la Iglesia Católica hasta institutos privados de investigación, afirman que en el segundo mandato de Cristina Fernández dejó de disminuir. Otra bandera que se les cayó, al igual que el incremento de la brecha entre ricos y pobres en Mendoza en los últimos 3 años. Aparece así la Mendoza real, ésa que está lejos del Espíritu Grande.
