En diciembre de 2015 comenzó una nueva etapa en la política de seguridad. La nueva gestión la reinterpretó como un proceso de cambio estructural, orientado a la incorporación de nuevos instrumentos y nuevas concepciones, que dejaron atrás el tradicional abordaje cuantitativo, dando paso a una transformación cualitativa sin precedentes.
Es decir, antes, la política de seguridad pública tenía más que ver con cuántos móviles, chalecos y armas iban a ser licitados y comprados, y cuánto personal policial se iba a incorporar en el año. Hoy, por la decidida iniciativa del Ejecutivo y el marco legal brindado por el Legislativo al presupuesto regular de la fuerza policial se le sumó una sólida inversión en tecnología de vanguardia, en capacitación del personal, y en obras e infraestructura.
En la transformación actual convergieron una multiplicidad de factores que han resultado en una política de seguridad pública más coordinada e integrada con todos los poderes e instituciones. La iniciativa se ha orientado, claramente, a una baja en los niveles de impunidad mediante el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad y Justicia.
El marco normativo sancionado, constituye la base de toda la transformación en política de seguridad y penitenciaria y en la administración de justicia. Se sancionaron leyes tendientes a profesionalizar al personal policial, estableciendo nuevos requisitos para el ingreso y ascenso y se modificó el régimen disciplinario. Se creó la figura del Defensor del Policía dándole un patrocinio letrado al personal que en el ejercicio legítimo de sus funciones sea objeto de un proceso penal, siempre que actúe adoptando en todo momento los principios básicos del accionar policial. Se modificó la composición del directorio de la Inspección General de Seguridad tendiente a acelerar el trámite de las causas.
Estas nuevas medidas hicieron necesaria una movilización de recursos, orientando el gasto público de manera inteligente a la prevención del delito. Mediante la Ley de Emergencia en Seguridad se contribuyó a agilizar la adquisición de bienes, la incorporación de tecnología de avanzada, como vehículos inteligentes (en la foto), controles biométricos, sistemas de reconocimiento facial, lectores de patentes y un nuevo sistema informático policial.
La creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, y la incorporación del software CoDIS (Sistema de Indexación de ADN Combinado) creado por el FBI, dio paso a una nueva era en la persecución del delito, permitiendo la individualización de personas responsables de un crimen, poniendo a Mendoza en una posición de liderazgo en cuanto al esclarecimiento de hechos delictivos. En el mismo sentido, el recientemente creado Registro Provincial de Identificación Balística, permitirá construir una base de datos de huellas que facilitará la individualización de armas utilizadas en hechos delictivos.
La modificación de la Ley de Régimen de ejecución de la Pena, conocida como "Trabajo en cárceles", ha cambiado la naturaleza de la política de reinserción social, ya que no se limita al establecimiento de labores para las personas privadas de la libertad, sino que incorpora como ejes fundamentales el trabajo, la capacitación y la educación. Esto ya está dando resultados, como lo expresó el Gobernador en su discurso del 1 de mayo de 2018: "Del total de las personas privadas de la libertad, el 42% se encuentra trabajando, mientras que el 47%, estudia".
En cuanto a las reformas judiciales, con la modificación del Código Procesal Penal y la incorporación de la oralidad para todos los trámites generales del proceso penal, este gobierno produjo transformaciones estructurales con una clara visión de lograr una justicia más rápida, que llegue a tiempo y con herramientas procedimentales modernas.
Hace unos días, el gobernador manifestó en el 20° aniversario del IUSP que: "cuando llegamos al Gobierno, había 3700 personas privadas de la libertad. El 66% estaba procesada pero no tenía condena. Esperaban un promedio de 5 años para recibirla.
Actualmente, más del 60% de la población carcelaria ya recibió su condena. Es un cambio sustantivo de cómo se deben llevar las causas".
Estas y otras leyes demuestran un cambio sustancial en la administración del Estado y de la Justicia. La propuesta de ampliación de la Corte fue, lamentablemente, una medida interpretada de manera limitada y amañada por sus detractores, pero que encajaba de manera muy precisa en la estrategia general de reforma de la administración de justicia.
Quienes obstaculizaron la medida cometieron un error, subestimando la capacidad política de sus impulsores y privaron a Mendoza de una transformación necesaria. La ampliación de la Corte sigue siendo una medida estratégica e ineludible, por la saturación existente en el Poder Judicial y la necesidad de implementar nuevas normas.
Quien sea el que asuma la gobernación de la provincia en 2019 deberá impulsar nuevamente la medida.
Sin embargo, existen otros desafíos que deberán ser atendidos en el nuevo período, dándole continuidad a las transformaciones que se iniciaron en 2015, garantizando los recursos, llevando a cabo las propuestas que quedaron pendientes, y adecuando la respuesta de la gestión pública a la nueva realidad de Mendoza.
