Entre los tironeos de la interna peronista e intentos de cooptar algún que otro legislador tránsfuga, el crisnerismo cuenta por estos días los votos necesarios para lograr, el próximo 25 de setiembre en la Cámara de Diputados, el avance de su proyecto de presupuesto 2014, las prórrogas de la emergencia económica y del impuesto al cheque y un impuesto adicional sobre el tabaco, el capital de las cooperativas y otros tributos.
El año próximo, según los números que presentó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, la recaudación total del Estado, contando lo que rastrillen la AFIP y la Aduana y los ingresos de la Anses, la administradora del sistema jubilatorio, superará el billón de pesos.
Más de un millón de millones de pesos. Para eso, los contribuyentes deberán tributar unos 2.800 millones de pesos por día, o poco más de 4.100 millones si solo se cuentan las jornadas laborables.
Esos niveles de exacción, que el kirchnerismo ha aumentado año a año y que, aun así, no alcanzan a financiar el gasto total "consolidado", ayudan a explicar varias cosas.
Por ejemplo, por qué un billete de cien pesos dura cada vez menos en el bolsillo.
O por qué el gobierno quiere volver a prorrogar el impuesto al Cheque, un tributo creado por Domingo Cavallo cuando intentaba evitar el naufragio de la convertibilidad, o por qué quiere aumentar la imposición sobre los cigarrillos y raspar la olla de las cooperativas con un tributo sobre su capital.
Más revelador aún es que, en el mismo paquete, el gobierno busca prorrogar la ley de "emergencia económica" hasta el 31 de diciembre de 2015.
La ley 25.561, que puso punto final a la convertibilidad uno-a-uno entre el peso y el dólar y declaró "la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria", fue sancionada el 6 de enero de 2002.
La entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner (igual que otro senador nacional por Santa Cruz que respondía al entonces gobernador Néstor Kirchner) votó en contra porque, dijo, "yo no estoy acá para representar a quien ocupa la Casa Rosada, sino a todos los argentinos".
Luego, durante la presidencia de Kirchner, Cristina se ausentó en todas las sesiones donde se prorrogó la emergencia. Y desde que es presidenta dispuso invariablemente su prórroga, algunas veces (como ésta, en que se propone llevarla hasta 2015) por períodos de dos años.
¿Cómo es que a principios de 2002, con la economía en caída libre, la sociedad al borde del estallido y el sistema político en terapia intensiva, la "emergencia" no se justificaba, pero sí es necesaria al cabo de la "década ganada"?
Amén del cinismo, la respuesta está en la confesión de la Presidenta de que quiere llegar "tranquila" al 2015.
Para ello, claro, ha decidido transmitir una gran cuota de intranquilidad a los gobernadores. Es sencillo de ver: las provincias sufragarán el grueso de la decisión de subir el umbral a partir del cual asalariados y monotributistas pagan impuesto a las Ganancias, pero recibirán una parte ínfima de las disposiciones del paquete en discusión en el Congreso.
Por caso, de los nada menos de 70.000 millones de pesos que el impuesto al Cheque recaudaría en 2014, menos de 15 por ciento será para las provincias.
También el Banco Central empezó a pagar la tranquilidad de la Presidenta: a fin de agosto, transfirió a la cuenta corriente del gobierno nacional nada menos que 9.700 millones de dólares, cifra muy superior a la que surge del programa de cancelación de deudas.
Mientras no se hagan los pagos, la entidad presidida por Mercedes Marcó del Pont seguirá contando las "reservas", aunque lo que ahora tiene en su haber es una "letra intransferible" del Tesoro.
Esa "letra intransferible", como otras que se fueron acumulando, por decenas de miles de millones de dólares, es una de las tantas deudas que el crisnerismo legará a sus sucesores, principal víctima propiciatoria de la búsqueda de calma presidencial.
Al respecto, el consultor Federico Muñoz calculó recientemente que las "reservas netas", descontados los depósitos en dólares de particulares en el sistema bancario (que el Banco Central insiste en contar como suyos) y los pagadiós oficiales, son ya de 18.500 millones de dólares.
Es difícil predecir cómo y cuándo hará eclosión semejante acumulación de presiones fiscales y monetarias, pero sí es seguro afirmar que el desenlace no será nada bueno. La apuesta oficial es, simplemente, que no ocurra antes de 2015. Algo así como "después de mí, el Diluvio".
Pero mientras tanto habrá que pasar esas molestas elecciones de octubre, lidiar con la inflación, la inseguridad, que ahora el oficialismo (al menos, el bonaerense) promete combatir a balazo limpio, los problemas de competitividad (en el ranking mundial de competitividad global del "World Economic Forum" la Argentina cayó del puesto 94 en 2012 al 104 en 2013, sobre 148 países), pagar la cuenta de importaciones energéticas, gestionar el desquiciado sistema ferroviario (que tras casi diez años de una multimillonaria y corrupta jarana de subsidios está volviendo a manos del Estado).
Todo en el marco de una economía de bajo crecimiento (aunque el presupuesto mienta un 5,5% para este año y un 6,2% para 2014) y tensiones de salario y empleo. Así, aunque a cuenta de su tranquilidad la Presidenta le pase colosales facturas a los contribuyentes, a los gobernadores y a quienes le sucedan, en el mejor de los casos la esperan dos años moviditos.
